“El proceso ha tomado más tiempo de lo esperado (...) ya es hora de terminar. Nos encontramos en la recta final, aunque tampoco podemos negar que estamos ante los temas más complejos y no los vamos a acordar de cualquier manera. No se trata simplemente de llegar a un acuerdo. Se trata de llegar a un buen acuerdo, el mejor acuerdo para los colombianos”. Lo dijo Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc de La Habana (Cuba), en una declaración pública, al cumplirse ayer tres años de conversaciones.
Y aunque De la Calle enumeró en su discurso uno a uno los avances logrados, no sólo en la agenda que se negocia sino también en materia de desescalamiento del conflicto, no reclutamiento de menores, búsqueda de desaparecidos o desminado humanitario, entre otros, sus palabras hablan del momento crucial que atraviesa el proceso, teniendo en cuenta que la discusión en la mesa gira actualmente en torno a la manera como se va a aplicar justicia y las diferencias en lo que tiene que ver con la refrendación de los acuerdos, la posibilidad de un cese bilateral y la fecha del 23 de marzo como límite para la firma definitiva.
Es lo que las mismas Farc, en un comunicado también con motivo del tercer aniversario del proceso de paz, llaman “unilateralismo”. Para la guerrilla, “el empecinamiento intransigente, el egoísmo político excluyente, la ausencia de sentido común, la mezquindad de clase, el incumplimiento de la palabra empeñada por parte del bloque de poder dominante, se siguen atravesando como mulas muertas en la mitad del camino”. Se refieren a los acosos de la Fuerza Pública contra los frentes guerrilleros, a la supuesta ralentización de los diálogos por voluntad gubernamental y a la decisión de tramitar en el Congreso un plebiscito como mecanismo de refrendación.
“Si la paz es asunto de toda la sociedad en su conjunto, no es a partir de un acto legislativo o de un plebiscito no consensuado que se va a alcanzar la refrendación y la implementación de los acuerdos, menos cuando ni siquiera hemos abordado en la mesa el debate de dicha temática”, señaló Iván Márquez, jefe negociador del grupo subversivo, en la lectura del comunicado, para terminar recalcando lo que hasta ahora se ve como uno de sus inamovibles: la realización de una asamblea nacional constituyente para que sea el pueblo “quien otorgue seguridad jurídica al tratado de paz duradero y no ocurra que gobiernos sucesivos se aventuren a borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación”.
Posiciones de lado y lado que, como dice Humberto de la Calle, denotan la complejidad actual de los diálogos. Y a esa postura de las Farc se suma la radical oposición al plebiscito por parte de algunos sectores en el país, como el uribismo y el procurador Alejandro Ordóñez, quienes creen que reducir la consulta a un sí o un no por la paz es una “burla” al país, y bajar el umbral de tal manera que con el 13% de los votos por el sí queden ratificados los acuerdos es una “trampa” a la democracia, “un conejazo a la opinión pública”, según expresó el jefe del Ministerio Público.
Son dos frentes de batalla para el Gobierno, cuyos resultados finales aún son inciertos. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista para la BBC de Londres, reconoció que la pérdida del plebiscito en las urnas significaría “serias dificultades” para su mandato, aunque es algo que no espera: “Estoy totalmente convencido de que la mayoría de los colombianos me va a respaldar, va a respaldar este proceso de paz”.
Respecto a los otros puntos cruciales hoy en discusión —cese bilateral y justicia—, las señales son halagüeñas. Según contó Antonio Lozada, uno de los negociadores de las Farc, se puede decir que lo primero está “acordado ya en un 90%”, por lo que “podría anunciarse pronto”. Y un hecho que refuerza esa afirmación es el reciente anuncio del jefe de Estados de que ya hay un apoyo unánime de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para que ese organismo emita un mandato para monitorear y verificar ese cese bilateral del fuego.
En cuanto a la justicia, es un punto ligado con la fecha fatal para la firma del acuerdo definitivo. Aunque Santos habló del 23 de marzo de 2016, para las Farc son seis meses a partir del cierre definitivo de ese acuerdo de justicia. Eso sí, está claro que definir el modelo de justicia transicional y los términos del cese bilateral definitivo son determinantes y requieren la toma de decisiones políticas de gran envergadura.
Y para De la Calle, la mayor responsabilidad recae en la guerrilla: “Esperamos que las Farc estén a la altura de esta oportunidad y comprendan que este proceso es para terminar el conflicto y no para crear nuevos conflictos. El sistema de justicia es para asumir las responsabilidades de todos los autores de graves crímenes, para reparar a las víctimas, para promover la verdad. Y también debe servir de instrumento para la reconciliación de los colombianos”.
Las Farc, por su parte, hablan de “hacer cierto el propósito de que esa verdad sea asumida por el conjunto de los actores del conflicto, sin que quede excluida, como se pretende, la casta dirigente y el Estado que la representa”. Y ahí va el tire y afloje. De que la paz está más cerca y que se ha avanzado como nunca antes no cabe duda. Pero hoy, tres años después, aún quedan escollos por superar y está demostrado que la discusión ya no es sólo en la mesa de La Habana, sino también ante el Congreso y ante el país entero.