Declaración de Humberto de la Calle

Esta es la declaración del jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos que se adelantan con la guerrilla de las Farc al concluir el punto sobre drogas ilícitas.

Jefe de la Delegación del Gobierno en La Mesa de Conversaciones
La Habana, Mayo 16 de 2014

Tal como lo anunciamos hoy en un comunicado conjunto, hemos llegado en La Mesa de Conversaciones a un acuerdo sobre el punto cuarto de la Agenda, tercero en discusión, que se refiere al narcotráfico y la solución al problema de las drogas ilícitas.

¿Cuál es el significado de lo pactado para la paz que todos anhelamos?

Representa un hito importante en el proceso de conversaciones, ya que se trata de uno de los más graves y dolorosos problemas que ha enfrentado la sociedad colombiana en las últimas décadas, y que constituye además, uno de los flagelos continentales y mundiales que ocupan prioritariamente la agenda de naciones y organismos internacionales.
Sabemos de las expectativas que las conversaciones sobre este punto han abierto en todos los sectores de la vida nacional y por eso, seré específico y directo.

Se trata de soluciones concretas y efectivas en torno a los aspectos centrales que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y las drogas ilícitas, para enfrentarlos con mayor contundencia y efectividad, una vez pongamos fin al conflicto.
El fin de la confrontación es entonces una oportunidad que vamos a aprovechar para diseñar nuevas políticas y ser más efectivos en esta lucha.

Es posible que el problema de las drogas ilícitas no desaparezca totalmente de Colombia con el fin del Conflicto; pero sin el conflicto atravesado en el camino es muchos más fácil poner en marcha programas que transformen los territorios y resuelvan los problemas de los campesinos y de la coca de una vez por todas, y concentrar esfuerzos en atacar las estructuras del crimen organizado, que es lo que va a quedar luego de la firma del acuerdo final.
El objetivo es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos, de la siembra de coca y la producción de cocaína.

Pero el objetivo es más ambicioso: es trabajar con la gente, transformar el campo, abrir nuevas oportunidades para las comunidades y los territorios y garantizar los derechos de esos colombianos rurales, no solo de los cultivadores de coca. Es una apuesta por Colombia y no solo por resolver un grave problema.
Lo acordado aquí se relaciona directamente con lo pactado en el primer punto sobre la reforma rural integral. Todas las zonas afectadas por cultivos ilícitos coinciden con regiones donde es necesario revitalizar la economía campesina.

Queremos también poner a raya lo que por décadas ha financiado y alimentado el doloroso conflicto, la guerra que vive Colombia.
La solución del problema de las drogas en el campo es también una medida de no repetición.

Tres aspectos fundamentales deben entenderse y valorarse del acuerdo que acabamos de suscribir y sobre el que informamos en el comunicado conjunto que fue leído y entregado a la prensa.

Primero, tanto el Gobierno como las FARC reconocemos que el fenómeno del narcotráfico ha alimentado el conflicto que se vive en Colombia. Ambas partes manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva del problema de las drogas y contribuirán al esclarecimiento de la relación entre conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas.

Segundo, las FARC, en un escenario del fin del conflicto, se comprometen a:

• Contribuir de maneras efectiva mediante acciones prácticas con la solución de este fenómeno.
• En un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno.

Es necesario asegurar el desminado de los territorios. El gobierno a la firma del Acuerdo Final pondrá en marcha un programa de limpieza de las áreas afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar. A ese propósito mancomunado contribuirán ambas partes según los medios que correspondan a cada cual, incluyendo el suministro de información sobre la ubicación de tales artefactos.

Y tercero, para la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, es necesario, y en este acuerdo así se establece, impulsar una estrategia integral que garantice la plena vigencia del Estado Social de Derecho en los territorios afectados.

El Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para expulsar este flagelo de los diferentes ámbitos de la vida pública.

Dicha estrategia debe incluir por supuesto todos los aspectos del desarrollo rural integral, la vigencia de los derechos y libertades y la integración de estas regiones al progreso y desarrollo del país y la garantía de seguridad en dichos territorios mediante el fortalecimiento y la capacidad de las instituciones encargadas de proteger a la población.

Es a la vez una estrategia económica, social, política y jurídica, lo que quiere decir que involucra todos aquellos aspectos incluidos en el fenómeno del cultivo de drogas ilícitas y el narcotráfico para su solución.

Esta es la palabra clave de este acuerdo: solución. Estamos hablando de futuro.

Quiere decir que no nos quedamos en los diagnósticos, en el pasado, sino que basados en el presente, en la realidad actual de este fenómeno, construimos una solución para que Colombia, en el marco del fin del conflicto, sea capaz, gracias a la labor de la instituciones y los ciudadanos trabajando mancomunadamente, de ser un país sin coca y en general sin cultivos ilícitos, y en el cual podamos poner a raya el fenómeno del narcotráfico.

Para lograr este sueño, en este acuerdo, como se informó en el comunicado conjunto, se fijan las bases de un Nuevo Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos de alcance nacional, cuyo fin es la eliminación definitiva y sostenible de los cultivos de uso ilícito y la ilegalidad asociada a estos en todos los territorios.

El programa es ambicioso y bien concebido y está en plena concordancia con todo lo pactado en el primer punto de este acuerdo sobre Reforma Rural Integral.

Y es nuevo, porque parte de un enfoque distinto respecto a lo que hasta hoy se ha trabajado en Colombia.

La meta acordada con las FARC de que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos se basa esencialmente en un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y las comunidades en esos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa, que estará en cabeza de la Presidencia de la República.

Acordamos también que en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo o los incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos.
Y en aquellos casos donde no haya ningún tipo de acuerdo, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos priorizando la erradicación manual donde sea posible.

¿Esto qué quiere decir?

Que tenemos la convicción de que, sin el conflicto atravesado en el camino, podremos sustituir la gran mayoría, ojalá todos los cultivos, de manera voluntaria; que si algunos cultivadores no participan o incumplen, recurriremos a la erradicación manual; y que en los casos excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual porque las circunstancias no lo permiten -cosa que esperamos que no ocurra con el fin del conflicto-, el Gobierno se reservará la posibilidad de recurrir a la aspersión. Es una posibilidad que está abierta para casos extremos. En este punto, las FARC mantienen su oposición a la fumigación en todo el territorio nacional.

En desarrollo de esta política, además, por primera vez en nuestro país se ponen en marcha todas las instituciones económicas y del sector rural, los campesinos y los antiguos alzados en armas, debidamente reincorporados a la vida civil luego de la firma del acuerdo del fin del conflicto y la dejación de armas, todos repito, en función de un mismo objetivo, en este caso, un país sin cultivos ilícitos y sin narcotráfico.

Con esto le quitaríamos la gasolina que ha avivado el conflicto en Colombia -el narcotráfico- y todas sus secuelas de corrupción sobre las instituciones y los privados.

La apuesta del Gobierno al suscribir este acuerdo es grande y es por Colombia.

Es para que las nuevas generaciones vivan sin los horrores y el terrorismo que por décadas alimentó el narcotráfico teniendo en cuenta los distintos actores del conflicto.
En el acuerdo también trabajamos el tema del consumo de drogas ilícitas, reconociendo que, como sociedad, es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario.

Se acordó crear un programa que articule de manera ordenada y planificada la acción de las Instituciones del Estado en una política orientada a frenar el consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser participativa.

En cuanto a los asuntos directamente relacionados con el narcotráfico, esto es la producción y comercialización de drogas ilícitas, también llegamos a importantes acuerdos.

Se trata una estrategia integral que viene a reforzar, ampliar y, en algunos casos, crear nuevos mecanismos y programas en torno a lo que hoy hace el Estado contra las organizaciones narcotraficantes.
Estamos hablando de la creación de nuevas instancias de investigación, el fortalecimiento de todas las capacidades institucionales para la detección, control y reporte de las operaciones financieras ilícitas y el impulso de nuevos planes contra el lavado de activos, lo cual incluye el mapeo del delito sobre todo en lo regional para identificar y desarticular la cadena de valor del narcotráfico. Aquí se buscará igualmente crear una cultura contra el lavado que alerte a las comunidades que favorecen esta actividad de manera consciente o inconsciente.

De igual modo, se establecerán estrictos controles a los precursores químicos.

Quiero finalizar mis palabras con un pedido a todos mis compatriotas.
Bienvenido el debate, la crítica y las opiniones libres sobre este punto. Pero antes de hacerlas, lean, valoren y analicen bien lo acordado.

Nos hemos demorado lo suficiente para no improvisar.
Sabemos que es un tema de la mayor importancia para todos los colombianos, al igual que para muchas naciones y organismos internacionales.

Y hemos sido cuidadosos en extremo con cada punto, en cada palabra contenida en este acuerdo que hoy hacemos público.
Nos sentimos satisfechos con lo alcanzado en el entendido que esto es bueno para Colombia y está en concordancia con el enfoque y política del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

Conocemos bien los inmensos sacrificios que nuestras instituciones y todos los sectores de la vida nacional han padecido en una lucha sin duda dolorosa, pero también exitosa al preservar y aún fortalecer nuestra democracia, nuestros valores y nuestras libertades.

El Presidente Santos nos ha instruido y nos ha guiado claramente en todo este proceso de conversaciones para llegar a este acuerdo.
Queremos la paz, pero no a cualquier costo.

Queremos la paz, pero con todas las claridades y certezas hacia el futuro.

El paso que damos es fundamental para alcanzar el fin del conflicto y para que, a partir de allí, logremos la construcción de una paz estable y firme en nuestro país.

El paso siguiente es la instalación de comisiones que preparen el terreno para la continuación de estas conversaciones, después de las elecciones.

Invito de nuevo a cada colombiano, a Ustedes los colombianos, a participar de este proceso con sus propuestas, sus críticas y opiniones, con su apoyo.

Los canales de participación están abiertos.

Esta es la paz de todos, con todos y para todos.

Tenemos una oportunidad cierta, aquí y ahora, para pactar el fin del conflicto e iniciar la consolidación de la paz.

Es el gran anhelo nacional que podemos alcanzar.

Muchas gracias