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La decisión que tomó el Ministerio de Educación por ratificar los títulos de 39 médicos que asistieron a cursos Lato-Sensu en Brasil y que obtuvieron el permiso de ejercer como cirujanos plásticos provocó una reacción adversa dentro de las agremiaciones médicas y víctimas que han denucniado, hasta el cansancio, que dichos títulos no corresponden auna especialización en cirugía plástica..
Tanto la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), la Univer sidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y el Hospital San José de Bogotá, así como las autoridades médicas brasileñas, han sido enfáticas en que los cursos de la Universidad Veiga de Almeida no son equivalentes a una especialización en cirugía plástica. Pero el Ministerio, bajo su criterio, determinó otra cosa y ratificó que los títulos de esta universidad sí eran equivalentes.
Álvaro Flores, quien representó a la sala de salud de Conaces (Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) y asesoró al Ministerio en la revisión de este caso, afirmó que estos médicos atendieron 6.256 horas presenciales de cursos de cirugía plástica durante tres a cuatro años. En Colombia el requisito de los programas de cirugía plástica está entre 9.000 y 12.000 horas. La mitad de ellas presenciales.
“Vemos con preocupación los alcances que puede tener la declaración de la ministra Parody. Casi le da la calificación de título a unos cursos. Es un exabrupto, porque no son títulos. Son certificados”, dice César Burgos Alarcón, presidente en funciones de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. “La discusión se debe centrar en si son programas regulares, con estándares aceptados universalmente. No si existen esas universidades o esos certificados. En todas las universidades hacen cursos de extensión”, agregó en charla con El Espectador.
“Lo que se discute aquí no es la legalidad, sino que esos cursos Lato-Sensu no son equivalentes a especializaciones”, afirma Lorena Beltrán, periodista y víctima de una cirugía de senos practicada por uno de los cirujanos convalidados. “Al dar el aval, el Ministerio de Educación incurrió en un grave error, que entiendo que no va a corregir por el momento”, afirmó Beltrán.
Colombia es uno de los diez países en los que más cirugías plásticas y estéticas se practican a nivel mundial. Anualmente se realizan cerca de 357.115 cirugías plásticas, según el último informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps). Es decir, 978 procedimientos por día,41 por hora y, en promedio, una por segundo. Sin embargo, estas son cifras oficiales, pues es bien sabido que hay muchas que se realizan en clínicas dudosas o también llamadas de “garaje”.
“Esta decisión me parece irresponsable e indignante”, dice el concejal de Medellín Bernardo Guerra, quien ha liderado una campaña en esa ciudad por evitar que haya más víctimas de cirugías plásticas mal realizadas. “La ministra atenta contra los conceptos académicos de universidades prestigiosas del país al decir que las convalidaciones son válidas y que estos títulos de estos cirujanos son equivalentes a las de un profesional bien formado, añadió.
“El Ministerio no entiende que esto es un problema de salud pública”, dice el doctor Alfredo Salvador Patrón, jefe de la Sección de Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano de la Universidad de Antioquia y quien, el pasado mes de junio, envío una carta dirigida a la ministra Parody explicándole las razones por las que este tipo de cursos Lato-Sensu no equivalen a una “residencia” en cirugía plástica.
Uno de los anuncios que causó mayor revuelo dentro de la opinión pública fue el de revivir el proyecto de ley propuesto por el senador Jorge Iván Ospina, del Partido Verde, con el que se pretendía regular el ejercicio de la cirugía plástica en Colombia y que se hundió en el Congreso en la presente legislatura.
Este proyecto de ley, en un principio, fue acompañado por distintas agremiaciones médicas, entre ellas la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Sin embargo, estas entidades médicas son cautelosas con este anuncio, pues el proyecto de ley, en el momento que se hundió, tenía cosas preocupantes.
“No estamos de acuerdo en que se retome el proyecto del senador Ospina tal como está”, afirma Lina Triana, presidenta de la SCCP. “Idealmente el proyecto debería ser de iniciativa gubernamental y no parlamentaria, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con él proyecto anterior, en el cual se introdujo una serie de adiciones que cambiaron el espíritu del proyecto permitiendo que no idóneos practiquen o ejerzan la especialidad en contra de la salud pública de nuestros colombianos”, agregó
Para Alfredo Patrón, uno de los errores de la anterior ley fue la de no incluir a todos los actores. “Lo más importante es que un proyecto concertado, en el que participen todas las partes como pacientes, médicos, legisladores y la academia”, dice el doctor Patrón
Mientras continúa el debate, el Ministerio ya empezó a tomar cartas en el asunto. Ayer firmó un convenio con la SCCP, mediante el cual esta entidad asesorará al Ministerio en la convalidación de algunos de los títulos de posgrado de los programas de cirugía plástica estética y reconstructiva, otorgados en universidades extranjeras que lleguen a la entidad, aunque el ministerio se guarda el derecho de decidir cuáles serán esos títulos que serán sometidos a revisión por parte de la Sociedad.