En 1993 el concepto de la seguridad social en nuestro país sufrió una dramática transformación por cuenta de la expedición de la Ley 100, una controvertida norma que revolucionó el sistema de salud y abrió la puerta para que el común de las personas tuviera acceso a los servicios a través de entidades diferentes al Seguro Social. Desde entonces, no se había hecho ningún estudio que diera cuenta de la percepción de los colombianos sobre este nuevo sistema.

En junio del año pasado el Centro Nacional de Consultoría y la empresa de estudios de mercado Invamer comenzaron a trabajar en una encuesta que buscaba plasmar la opinión de los colombianos y medir qué tan satisfechos estaban con la calidad de los servicios. Para ello consultaron a 1.288 personas, tanto afiliadas al Régimen Subsidiado como usuarias de otro sistema, en 31 ciudades del país.

El Espectador conoció los resultados de esta primera encuesta, que según Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, la asociación que agrupa a las empresas que prestan sus servicios en el Régimen Subsidiado, se realizó por la necesidad “de tener datos frescos y acertados de qué imagen tienen los ciudadanos”.

El 72% de los colombianos piensan que el sistema actual es mejor que hace 15 años, cuando se implementó la Ley 100, y sólo un 6% lo califica como malo o muy malo. Sin embargo, el sondeo también arrojó resultados contradictorios. Un 35% de los encuestados tienen claro qué es el Régimen Subsidiado, pero tan sólo entre el 5% y el 15% dicen conocer algo acerca del mismo.

Para Torrenegra, esta cifra indica que la tarea que falta adelantar es un proceso efectivo de comunicación y “empoderar a la gente para que cuide y exija los servicios a los que tiene derecho”.

Por otro lado, el 66% de las personas consultadas manifestaron que lo que más debería mejorar en la gestión del Régimen Subsidiado es la “calidad de los médicos, hospitales y centros de salud”. Finalmente, un 79% cree, a pesar de las críticas que se le han hecho a la Ley 100, que ésta ha permitido que más colombianos tengan acceso a los servicios.