Con la difícil misión de sortear el déficit de $2,2 billones que tiene en apuros al sector salud y que, de persistir, llevaría a la quiebra al menos a seis Entidades Promotoras de Salud (EPS), el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, expuso este domingo el plan maestro del Gobierno para obtener los recursos que permitan garantizar la prestación del servicio en los regímenes subsidiado y contributivo del sistema.
Es por esto que dentro de la emergencia social decretada la semana pasada para el sector salud se diseñaron tres paquetes de medidas que buscarán ponerle punto final al saldo en rojo. “Nuestro objetivo es dejar en cero esa deuda”, aseguró Palacio.
El primer paquete busca descongelar $1,4 billones que ya están en las arcas del Estado para aliviar el pasivo causado por los medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), dineros que saldrían, entre otros, de la liquidación de contratos del régimen subsidiado, de los aportes patronales y de los fondos de premios no reclamados de las loterías (las sumas que no fueron cobradas por los ganadores).
Estas decisiones, que entrarán en vigencia durante el primer trimestre de 2010, aún no se han implementado porque el Gobierno discute los mecanismos que permitan liberar al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga, entidad que paga las partidas no contempladas en el POS) de varias responsabilidades: el pago por accidentes de tránsito pasaría a las aseguradoras y se crearía un nuevo fondo para administrar todo lo incluido en el POS.
El segundo paquete, sin duda el que generará mayores polémicas, busca que el sector salud obtenga recursos permanentes provenientes de nuevos impuestos al tabaco, los licores, las cervezas y los juegos de azar. Sin embargo, la discusión sobre este punto aún no llega a su final y hasta el momento los tributos regirían hasta diciembre de 2011.
“Esperamos recaudar cerca de $800.000 millones en nuevas rentas que estarán destinadas a cubrir los gastos que no cubre el POS”, acotó Palacio, quien se mostró confiado en que las medidas cubran los gastos no amparados, que aumentaron un 50% entre 2008 y 2009, equivalentes a $600.000 millones.
El Ministerio de la Protección Social también contempla instaurar un programa contra la corrupción, en el que se pagarán recompensas a quienes aporten información que permita detectar desfalcos y apropiaciones, entre otros delitos. Asimismo, se estudia un plan para que las EPS publiquen los precios con los que adquieren los medicamentos que no incluye el POS.
El tercero, por último, buscará renovar el POS con medidas como la creación de una entidad que evalúe la tecnología empleada por las EPS.