La Emergencia Social no está pensada para solucionar los problemas del sector salud, sino para sanear las finanzas del Estado aquejado por un creciente déficit fiscal.
La advertencia fue hecha por el director del grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, Óscar Rodríguez.
El informe destaca que lo primero a tener en cuenta es el contexto macroeconómico en el cual se expiden los decretos que modifican las reglas de juego para el sistema de salud: una crisis del sistema económico mundial, que impacta la economía colombiana y que tiene como efecto inmediato la caída de los ingresos tributarios.
El informe de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) mostró que el recaudo neto del último año terminó con 65,5 billones de pesos, que frente a la meta prevista de 67,1 billones se registró una caída de 1,6 billones de pesos menos de lo proyectado. Estos menores ingresos no contribuyeron para nada a mantener en un buen nivel las finanzas estatales.
Rodríguez indica que desde hace varios años, el Gobierno mantiene un déficit fiscal insostenible que, por efecto de la crisis, se ha agudizado con tendencia a ser insostenible.
Para 2010, el Gobierno amplió el escenario fiscal del Sector Público Consolidado a 3,7 por ciento del PIB, lo cual significa que el faltante fiscal para este año será de 19,1 billones de pesos.
Situación fiscal difícil
Dice el informe que lo más preocupante es que para trata de superar la crisis fiscal, el Gobierno congeló los salarios de los empleados estatales al fijar un incremento de 2 por ciento y proteger los ingresos del Fosyga, representados en TES (papeles del Gobierno) que le permiten a los bancos hacer un buen negocio.
Para Rodríguez es claro que la crisis estructural del sistema de salud está ligada a las dos reformas a las transferencias: Ley 725 de 2002 y la reforma constitucional de 2007. Ambas recortaron los recursos que debían recibir los hospitales y el sistema de salud, y más bien permitió pensar en obtener equilibrio fiscal.
Advierte el académico en el estudio de la Universidad Nacional que la flexibilidad del sistema laboral ha contribuido al debilitamiento del régimen contributivo y ha impactado las fuentes primordiales de financiación del sistema de seguridad social.
Rodriguez afirma que según la Ley 1122 de 2007, a la Comisión Reguladora en Salud (CRES) le correspondería reglamentar el Plan Obligatorio de Salud (POS), el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, en general, regular el sistema, "pero el Gobierno al decretar la Emergencia le quitó esas atribuciones".
Alerta el informe que el Gobierno plantea que lo que está en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y las enfermedades de alto costo serán cofinanciados entre los ahorros del afiliado y los recursos del sistema. A juicio de Rodríguez esta situación "necesariamente lleva a un empobrecimiento de la mayoría de la población".
"Al final queda empobrecido y deberá acudir a la asistencia del sector público para cubrir sus necesidades médicas. Como efecto inmediato, en un régimen de bajos salarios como el colombiano, un incremento en los gastos es regresivo y lleva al empobrecimiento", concluye en su informe el investigador del CID.