El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible la declaratoria de Emergencia Social que sirvió de base jurídica a la emisión de los decretos a través de los cuales el Gobierno busca reformar la salud.
Para el jefe del Ministerio Público, no resulta viable transformar el sector mediante la declaratoria de tal estado de excepción, por cuanto considera que la actuación del Ejecutivo, en este sentido, no sigue los parámetros de la Carta Política de 1991.
Con el concepto del Procurador, se cierra la primera parte del trámite que determinará la perdurabilidad de las medidas por las que optó el Ministerio de la Protección Social, para poner fin a la crisis por la que pasa el sistema de salud en Colombia.
El paso a seguir es la radicación oficial del documento en el que Ordóñez sienta su postura, que debe ser presentado ante la Secretaría General de la Corte.
A partir de la fecha, empezarán a correr los 30 días hábiles de plazo con los que cuenta la magistrada ponente, María Victoria Calle, para dar a conocer su anàlisis al respecto de la de la constitucionalidad de la declaratoria.
Luego de la presentación de la ponencia ante la Sala Plena, los nueve magistrados de la Corte Constitucional tendrán el mismo plazo para determinar si, en definitiva, la emergencia es o no viable.