Con el proyecto de ley presentado el lunes el Gobierno busca $1,2 billones.

Un grupo de expertos del Centro de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Javeriana, liderados por el médico economista Fernando Ruiz, calcula que para evitar que el sistema de salud colapse, el próximo gobierno tendrá que poner en marcha una reforma destinada a conseguir aproximadamente $2 billones más.

Ruiz y sus colegas creen que el proyecto de ley presentado por el Gobierno ante el Congreso, con el que se pretende recaudar $1,2 billones a través de impuestos a la cerveza, el tabaco, los juegos de azar y otras medidas para el control de la evasión, es insuficiente para dar cumplimiento a la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, la cual ordena igualar los planes del régimen contributivo y el subsidiado, así como garantizar la universalidad de la salud.

Las cuentas de los expertos académicos de la U. Javeriana son estas. Hoy el país invierte $22 billones en salud. Para igualar los planes del régimen contributivo y el subsidiado se necesitan $4,2 billones. Para llevarle salud a los 4’669.000 colombianos que hoy están desamparados hacen falta alrededor de $2,2 billones más. En total hay un déficit de $6,4 billones. Una parte de este déficit, $3,2 billones, se puede cubrir gracias a dineros excedentes de distintas cuentas (regímenes especiales, subcuenta de solidaridad, inversiones del Fosyga, entre otras).

Pero para dejar la contabilidad en cero siguen faltando $3,2 billones. Esa es la cifra que desvela al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en los últimos meses. ¿De dónde sacar $3,2 billones para cumplir con la orden que dio la Corte Constitucional? Con la reforma disfrazada de Emergencia Social se pretendió, por un lado, recaudar una parte a través de nuevos impuestos, y por otra recortar gastos excesivos y abusos de algunos actores del sistema.

En concepto de Ruiz, la Corte Constitucional le dio un respiro al sistema para este año al permitir que los cambios tributarios que se decretaron durante la Emergencia Social tengan vigencia hasta el 16 de diciembre, pero el nuevo gobierno tendrá que promover una reforma a los modelos de financiamiento, de aseguramiento y de regulación. Además hay que tener en cuenta que la Corte estableció que esos recursos que se recauden este año se deben invertir exclusivamente en la red hospitalaria pública y en el régimen subsidiado.

El plan B

Con el proyecto de ley presentado al Congreso el pasado lunes, el Gobierno dejó de lado las reformas que generaron tanto escozor en el sector (por ejemplo, limitar la autonomía de los médicos, usar las cesantías para costear tratamientos y medicamentos No Pos y crear un tribunal médico para sancionar a los profesionales que cometieran abusos), pero no renuncia a perpetuar los impuestos que incluyó en la Emergencia Social y que pretenden garantizar que $1,2 billones sigan entrando anualmente a las cuentas de la salud.

Si bien la mayoría de actores del sistema reconocen que los recursos frescos solucionan una parte del problema, también están de acuerdo en que son paños de agua tibia y una reforma sigue siendo necesaria.

“Cuando uno analiza el plan B del Gobierno, todo el proyecto está dirigido al régimen subsidiado, pero no ve uno allí normas para poder superar los graves problemas del régimen contributivo, en especial todo lo relacionado con lo que no está en el POS”, dice Juan Manuel Díaz Granados, de Acemi, que agrupa a las EPS. En su opinión, en el plan B debieron incluir estrategias para racionalizar y hacer más eficiente al sistema. Dice también que el Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías, que le restituye a las EPS el dinero de tratamientos y medicamentos No POS), quedará desfinanciado en un par de meses y no hay medidas del Ejecutivo para cubrir ese faltante.

El médico psiquiatra Rodrigo Córdoba, director de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, dice que el proyecto del Gobierno “apunta más a lo financiero, pero se necesita una reforma importante que exige la participación de todos los actores. ¿Qué mejor momento para construir un modelo que traiga equilibrio y salud para los colombianos?”. Córdoba comentó que grupos de médicos y pacientes ya están sentados en mesas de trabajo para hacer propuestas en una eventual reforma al sistema.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, ha insistido en que los recursos para la salud existen, pero que es cuestión de revisar dónde están y cómo se están utilizando. Anunció que hoy a las 10:00 a.m. presentará en Corferias (donde se lleva a cabo la Feria Internacional de Salud Meditech 2010) una propuesta de reforma que considera no sólo a los hospitales públicos y privados sino aspectos financieros, de salud pública, entre otros.

Ambiente en el Congreso

Mientras llega un nuevo mandatario y define qué tipo de reforma pondrá en marcha, el proyecto de ley del Gobierno divide opiniones en el Congreso.

Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, criticó al Estado por no garantizar en el presupuesto de los últimos años los recursos para la salud: “Aquí se tomó la decisión de ofrecer salud universal sin contar con los recursos. Ahora nos vemos abocados a una reforma tributaria que va a afectar muchísimo el empleo en Colombia”.

José Darío Salazar, senador del Partido Conservador, no mira para atrás. Para él, “hay que sacar adelante el proyecto de ley, necesitamos que la salud tenga más recursos, que se levanten ciertos cuellos de botella como los giros a los departamentos y a los municipios”.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, anunció este martes que están trabajando para salvar incluso otros decretos que estaban amparados por la Emergencia Social. Dijo que dentro de la política fiscal se moverán algunos rubros para cubrir los déficit que quedan. El Congreso también ha dicho que tiene toda la voluntad para tomar decisiones con urgencia. Sin embargo, muchos sectores coinciden en que será el nuevo gobierno el que asuma una verdadera reforma al sistema.