Casi 20 años le ha tomado al mundo entero descubrir el alto precio de una guerra mal planteada contra las drogas. Un grupo de alto nivel de la Universidad Johns Hopkins y la prestigiosa revista médica The Lancet acaba de publicar un informe que vuelve a poner el dedo en la llaga: “Las políticas destinadas a prohibir o suprimir las drogas han contribuido directa e indirectamente a la violencia letal, la transmisión de enfermedades contagiosas, la discriminación, el desplazamiento forzado, el dolor físico innecesario y el debilitamiento del derecho de las personas a la salud”.
El informe sugiere a Naciones Unidas y los gobiernos del mundo dar un giro en la vieja política prohibicionista. Una historia que se remonta oficialmente a 1998, cuando en una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas se prohibió todo uso, posesión, producción y tráfico de drogas. Esto bajo un optimista y menos realista eslogan: “Un mundo libre de drogas, lo podemos lograr”.
“Las políticas sobre drogas han estado a menudo coloreadas con ideas sobre el uso de drogas y la dependencia a las drogas que no necesariamente tienen una base científica”, apuntaron los 26 autores, entre los que se encuentran dos colombianos, Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes y hoy secretario de Seguridad de Bogotá, y Adriana Camacho, profesora de la misma universidad.
Prueba de la confusión de ideas en este campo, como lo apuntaron los científicos, es que tan sólo el 11% de las personas que experimentaron con drogas en el último año resultaron con problemas de dependencia o trastornos asociados a drogas. De ahí la importancia de crear políticas que entiendan la complejidad de los patrones de consumo.
Desde un punto de vista de salud pública, el prohibicionismo ha resultado peor que la enfermedad que pretendía tratar. Las redes criminales asociadas al negocio han incrementado dramáticamente el número de homicidios, al punto que en países como México, la expectativa de vida nacional ha disminuido desde 2006. Por otra parte, la inyección de drogas con jeringas contaminadas ha resultado en una de las vías más comunes para la transmisión del VIH y la hepatitis. El consumo de drogas inyectables también ha provocado un incremento en los casos de tuberculosis.
Ni siquiera la cárcel para consumidores de drogas ha logrado frenar esta asociación con las infecciones. En países como Tailandia, el 53% de los casos de hepatitis C entre usuarios de drogas inyectables ocurren mientras están tras las rejas.
Los problemas no terminan ahí. La vieja política antidrogas ha sido aplicada de manera discriminatoria. En Estados Unidos, por ejemplo, los afroamericanos tienen cinco veces más probabilidades de ser encarcelados a lo largo de su vida que los blancos, a pesar de que no existen diferencias en la tasa de consumo de las dos poblaciones.
Otra señal de que algo anda mal con las políticas prohibicionistas es que, si pretendían proteger a la población, al revisar la evidencia científica se demuestra que pueden favorecer las muertes por sobredosis. “Estas políticas crean mercados no regulados en los que es imposible controlar los adulterantes en las drogas callejeras, lo que aumenta los riesgos de sobredosis”, anotaron los autores.
El reporte cita la asociación entre fumigaciones aéreas de cultivos de coca y problemas respiratorios, abortos y síntomas dermatológicos, además del desplazamiento de familias pobres, inseguridad alimentaria y exacerbación de la pobreza.
“Algunos podrían argumentar que la amenaza de las drogas para la sociedad puede justificar un cierto nivel de derogación de los derechos humanos para la protección de la seguridad colectiva. Pero las normas internacionales de derechos humanos establecen que, en tales casos, las sociedades deben elegir la forma menos perjudicial para atender la emergencia y que las medidas de emergencia deben ser proporcionadas y diseñadas específicamente para cumplir los objetivos definidos de forma transparente y realista. La búsqueda de la prohibición de las drogas no cumple ninguno de estos criterios”, concluye el informe.
-Las 11 recomendaciones en la guerra contra las drogas
Despenalización:Despenalizar delitos menores no violentos así como el uso, posesión y venta a pequeña escala. Fortalecer las alternativas de salud y sociales.
Reducir la violencia y la discriminación en el ámbito policial: eliminar el uso de fuerzas militares en la vigilancia de drogas, orientar la actuación policial hacia los criminales más violentos, permitir la posesión de jeringuillas, eliminar la discriminación racial y étnica en el enfoque policial.
Reducción de daños: Incentivar estrategias de reducción del daño asociado a drogas como los programas gratuitos de jeringas.
Tratamiento para los usuarios de drogas inyectables: Priorizar el tratamiento contra tuberculosis, VIH y hepatitis para esta población. Así como facilitar tratamientos contra la dependencia.
Acceso a medicinas controladas: asegurar el acceso a medicinas controladas.
Políticas de género: reducer el impacto negativo de las políticas de drogas en las mujeres y sus familias. En especial, minimizar sentencias de custodia en mujeres que no comentan actos violentos.
Producción de cultivos: El control de cultivos debe tener en cuenta la salud. Se debe detener la fumigación con herbicidas tóxicos.
Mejorar la investigación: Se debe diversificar los fondos de investigación para evitar influencias ideológicas.
Gobernanza de Naciones Unidas: Naciones Unidas debe mejorar su gobernanza frente al tema de drogas.
Mejores indicadores: Indicadores de salud, desarrollo y derechos humanos deben ser considerados a la hora de evaluar las políticas contra las drogas.
Regular mercados: Moverse gradualmente hacia mercados regulados de drogas basados en el método científico para su evaluación.