'Colombia nunca ha sancionado a una farmacéutica'

Uno de los hombres que más ha estudiado las finanzas de la salud asegura que los favorecimientos a la industria de medicamentos fueron una política de Estado.

El doctor Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana. / Luis Ángel
El doctor Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana. / Luis Ángel

Quizá la personas que más conoce de la industria de los medicamentos en Colombia —de sus abusos, de sus regulaciones, de sus ganancias, de sus trasgresiones— es el doctor Óscar Andia, quien dirige el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana. Andia es de Bolivia y llegó a Colombia en 1972, cuando en su país todavía reinaba el régimen del terror que había impuesto el coronel del Ejército Hugo Bánzer Suárez, luego del golpe de Estado del 21 de agosto de 1971.

Este médico de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, conoce al detalle, y ha denunciado hasta el cansancio, cómo el anterior gobierno (entre 2003 y 2009) llevó a la industria farmacéutica a una desregulación total. A una “fiesta” con libertad absoluta de precios que puso a Colombia en los primeros puestos de los listados de los países con los medicamentos más costosos del mundo.

Esta semana el Ministerio de Salud, en su plan de ponerle freno a esta situación, anunció que se regularían los precios de 195 medicamentos de alto costo, teniendo en cuenta los valores de referencia de 127 países. La medida, sin precedentes, permitirá un ahorro de $400 mil millones al año. Andia habla de ese pasado de desregulación.

Si fuera necesario definir el episodio clave que llevó a la desregulación de la industria farmacéutica, ¿cuál sería?

El momento más importante es septiembre de 2006, cuando sale la Circular 04, que completó el proceso de desregulación de precios de medicamentos. Pero hay unos antecedentes, como la Circular 01 de 2003, que reversó las medidas para controlar los abusos en los precios que había tomado el ministro Juan Luis Londoño (quien falleció en un accidente aéreo y fue sucedido por Diego Palacio).

Entonces el ministro Juan Luis Londoño ya había previsto lo que venía...

Él vio que el abuso de los precios y la resistencia de la industria a las medidas regulatorias estaban empezando a tener un impacto importante en los recobros. Su decisión fue congelar durante seis meses los precios de 32 laboratorios que tenían conductas injustificadas. La primera actuación que hemos denunciado del ministro Diego Palacio fue que reversó esa medida.

Si era tan evidente el crecimiento desbordado de los recobros, ¿por qué ese ministerio no hizo nada para detenerlos?

Nosotros hablamos claramente de que existió una política de desregulación de precios de medicamentos, una política pública. El desregular hacía parte de la visión económica de libertad del mercado, de libertad a ultranza que mostró sus efectos catastróficos en otros casos, por ejemplo en el tema de los bancos.

Si era una política pública, ¿lo que usted quiere decir es que el exministro Diego Palacio era muy consciente de lo que estaba haciendo?

Sabía lo que estaba haciendo.

Pero en una entrevista que él le concedió a este diario en mayo del año pasado (ver recuadro superior) insiste en que no estuvo al tanto de todas las decisiones, que tenía un equipo de trabajo muy grande, que a veces fueron los técnicos los responsables...

Él mismo al final de su gestión reconoció que hubo un error en la desregulación. Él no puede evadir las responsabilidades, porque se trataba de una política pública y esas políticas sólo las definen los rectores máximos. En ese momento él era el rector máximo del sistema de salud. No puede alegar ignorancia.

Ahora, hablando de las últimas medidas del Ministerio, ¿cómo se explica que medicamentos como el Novoseven, para tratar la hemofilia, cueste hoy $14’837.489 en vez de los $3’517.454 que el Ministerio estima que debería valer?

El Novoseven es elaborado por la compañía danesa Novo Nordisk, pero en Colombia lo distribuía otra farmacéutica comercializadora y esta firma fue la que logró las negociaciones con los intermediarios y llevó su precio hasta ese punto. Con justa razón hay multinacionales que dicen que algunas de las prácticas que se hicieron en Colombia no obedecían a las líneas de sus casas matrices, sino que estaban en el fuero de los representantes nacionales de los laboratorios. Habría que definir si la casa matriz avalaba estas prácticas que llevaron los precios a esos niveles vergonzosos.

¿Qué responsabilidad tendría esa casa matriz si sus representantes en Colombia sostuvieron durante tantos años esos precios absurdos?

Este es un tema a definir. Lo que sí es claro es que para generar unas sanciones debe haber una normatividad que defina hasta dónde van las responsabilidades, pero nuestra legislación no ha llegado hasta ahí. La mayor multa que se ha establecido a un laboratorio en Estados Unidos fue a Pfizer por promocionar un producto en una indicación en la cual no estaba aprobado. Aquí sin lugar a dudas sucede lo mismo, pero no existen esas sanciones.

¿Cuál ha sido la mayor sanción que se ha impuesto en Colombia a una farmacéutica?

En Colombia no conozco una sola sanción, excepto a las mencionadas en la época del doctor Juan Luis Londoño, que llevaron a congelar los precios de algunas farmacéuticas por un tiempo. Aunque no podría decirse que es una sanción, sino una regulación.

¿Quién tiene la responsabilidad de imponer esas sancionares en Colombia?

La Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Y qué papel ha jugado hasta hoy?

Ha cumplido un rol en sancionar las prácticas inadecuadas en publicidad engañosa, pero en abusos de posición dominante y en precios de medicamentos no hay una posición definida.

La defensa de Diego Palacio

En mayo de 2012 el exministro de la Protección Social Diego Palacio le concedió una entrevista a El Espectador, en la que justificó las medias que había tomado su administración que llevaron a una desregulación del mercado de medicamentos.

Palacio aseguró que “legalmente los precios se liberaron en el gobierno de Pastrana, no de Uribe. Las decisiones se tomaron en el año 1999, si no estoy mal. Cuando ese gobierno decidió liberar precios, parto de la base de que en su momento fue la mejor decisión”.

Ante las críticas afirmó que “una cosa es que uno no comparta una decisión y otra que sea ilegal”. Reitera que muchas de las decisiones fueron tomadas por sus técnicos (“hay una cantidad de temas donde a pesar de ser el responsable no todas las decisiones las toma uno”) y reconoce que, mirando hacia atrás, “creo que vale la pena haber hecho un análisis más profundo de qué tanto se puede aplicar ese instrumento a medicamentos No-POS. Porque frente a medicamentos POS funciona sin problema”.