A comienzos de octubre, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le confirmó al país la decisión de liquidar la Caja de Previsión de las Comunicaciones (Caprecom), una entidad con más de un siglo de historia y que desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 se había convertido en la EPS más grande del régimen subsidiado en salud, con más de tres millones de afiliados. Su crítica situación financiera y administrativa, con deudas estimadas en $2,6 billones —la mayoría con la red hospitalaria pública y privada del país— la hacen una entidad insolvente.
Una crisis con múltiples aristas y donde gran parte del agua sucia les cae a la clase política y a los manejos que se le dieron desde el alto gobierno. Muchos de los errores parten desde la transformación estructural que se le hizo en 2002 y terminaron desbordando su capacidad instalada, haciendo necesaria la tercerización de la mayoría de su operación a través de cerca de 50 cooperativas, que le prestaban todo tipo de servicios, como fue el funcionamiento de las más de 230 IPS en todo el país y la contratación de personal en un volumen ocho veces superior al de la nómina oficial de la entidad.
Dos de esas cooperativas son cuestionadas en un informe de auditoría forense solicitado por la recién renunciada directora Luisa Fernanda Tovar, en diciembre de 2013, con el fin de revisar la contratación de las anteriores administraciones, desde 2010 hasta 2012, año en que ella llegó al cargo, nombrada directamente por el presidente Juan Manuel Santos, con la tarea de conjurar la crisis en la entidad. A pesar de que el costo de la elaboración de la auditoría, que se contrató con una unión temporal de la que formó parte la multinacional estadounidense JAHV McGregor S.A., fue de $4.795 millones, ese informe nunca se ha hecho público.
Las cooperativas son Cooperamos CTA y Coopservicios CTA, que llegaron a la entidad durante la administración de Carlos Tadeo Giraldo (2002-2010). Su trabajo era administrar la nómina de unos 3.000 empleados, funcionando como una especie de bolsa de empleo. Además, aunque se presentaron como entidades independientes, figuran con la misma dirección de domicilio en Manizales y sus representantes legales y fundadores son los primos César Augusto Aristizábal Giraldo y Juan Carlos Giraldo Bernal. Carlos Tadeo Giraldo fue el primer director de Caprecom en la administración Uribe, es oriundo de Pensilvania (Caldas) y siempre se le vio como cuota política del entonces senador Óscar Iván Zuluaga y del exdirector de Acción Social Luis Alfonso Hoyos.
La auditoría, de más 4.000 páginas, conocida por este diario, revela la existencia de un presunto caso de corrupción que compromete más de $400.000 millones. Por ejemplo, da cuenta de una serie de irregularidades alrededor de los contratos con las mencionadas cooperativas, que llegaron a manejar más del 45 % de la contratación de los funcionarios de la EPS, entre médicos, personal de enfermería, asistencial y administrativo.
Solamente durante los tres años auditados recibieron contratos iniciales por valor de $238.155 millones, pero lograron adiciones periódicas por valor de $84.033 millones. Según la auditoría, esta es una “situación que denota una importante concentración de recursos en cooperativas que pretenden mostrarse como empresas independientes pero figuran con la misma dirección del domicilio social, todo esto en contra del decreto 2025 del 8 de junio de 2011, según el cual las instituciones o empresas públicas y/o privadas no podrán contratar sus procesos o actividades misionales permanentes con cooperativas de trabajo asociado”.
El informe revela además una serie de aparentes anomalías en los contratos establecidos. Detalla pagos de servicios que no fueron recibidos a satisfacción y que se realizaron sin el lleno de los requisitos. Menciona la existencia de “hechos cumplidos” por valor de $4.620 millones, los cuales les fueron pagados a las cooperativas en contra de lo consagrado en el artículo 22 del Decreto 115 de 1996, que dice que “no se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos”.
Por otra parte, señala que en el momento de firmar los primeros contratos, las cooperativas no tenían ni el 1 % de patrimonio en relación con el valor contratado, dice que los contratos se firmaron al parecer sin el lleno de los requisitos y pone como ejemplo las pólizas de cumplimiento y responsabilidad, que fueron expedidas tiempo después de firmar los contratos. Igualmente, que los pagos de seguridad social de los trabajadores no se habrían realizado de forma oportuna, además de que se les hicieron descuentos de sus salarios como ahorros programados.
El incumplimiento de estas cooperativas con los trabajadores abrió incluso la puerta a procesos judiciales en contra de Caprecom, que terminó asumiendo sus deudas de manera solidaria o ante el embargo de sus cuentas bancarias y la constitución de títulos judiciales por valor de $12.996 millones. Lo curioso es que, a mediados de 2013, las cooperativas de los primos Giraldo se declararon en quiebra y presentaron demandas en contra de la misma entidad por el supuesto no pago de $16.000 millones por sus servicios de bolsa de empleo.
En un debate en el Congreso, la exdirectora Luisa Fernanda Tovar descargó la responsabilidad en Tadeo Giraldo. Caprecom ya está en proceso de liquidación y se espera que comiencen a aflorar más detalles que durante los últimos 123 años se mantuvieron en secreto y sobre los cuales la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía ya adelantan investigaciones.