‘La crisis de la salud no puede resolverse en 20 días’: Minsalud

El ministro Alejandro Gaviria aseguró que recuperar la plata perdida por corrupción y garantizar la sostenibilidad del sistema en un plazo tan limitado es “imposible”.

En una de las ordenes que la Corte Constitucional le dio al Gobierno, a los organismos de control y a la Fiscalía (a través de seis providencias con fecha del 16 de noviembre) establece un plazo de 20 días improrrogables para que estos entes presenten un plan para recuperar la plata perdida por corrupción y, además, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema (también ordenan que se revelen los resultados de las investigaciones a los implicados en el desfalco de la salud, depurar  las bases de datos del sector e igualar las primas que el Gobierno les da a las EPS por la atención a los usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo).

Este viernes en Cali el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que los plazos son muy limitados para resolver un problema que “se ha venido acumulando por lo menos hace 20 años, que son los años de existencia de la Ley 100”. Contó que esta semana  se reunió con miembros de la Corte para pedirles un nuevo plazo para cumplir con la igualación de las primas a las EPS (Unidades de Pago por Capacitación - UPC) y que el próximo martes sostendrá una reunión con la contralora Sandra Morelli para “interpretar esos actos, responder con la celeridad y cumplir”.

Sin embargo Gaviria hizo énfasis es que “un plazo perentorio de 20 días para resolver todos los problemas es imposible. Hay que decirle a la sociedad este es un problema que no puede resolverse (en tan poco tiempo)”.

Gaviria también se refirió al proyecto de ley estatutaria que busca reformar el sistema, y que fue radicado este miércoles en el Congreso, para reiterar que con esta iniciativa no se quiere acabar con la tutela. Éste ha sido quizás uno de los puntos más polémicos de la propuesta, como lo ha señalado el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, quien asegura que con la creación de “mecanismos más agiles” para resolver los conflictos dentro del sistema (como lo plantea el proyecto de ley) lo que se busca es restringir el uso de la tutela. “El Gobierno no quiere desmontarla. Lo único que hemos dicho es que en marco de la ley estatutaria queremos frenar algunos de los abusos que se han presentado al sistema. Abusos que suman varios billones”, señaló.