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Hace cerca de un año, luego de que los casos de COVID-19 empezaran a multiplicarse por Colombia, en El Espectador publicamos un texto que mostraba la inquietante situación que vivía el Amazonas. Era un resumen de las dificultades que acumulaba un departamento rezagado. Con el paso de los años, los puestos de salud en el área rural se habían deteriorado o habían sido cerrados, el principal hospital no estaba equipado y el personal era insuficiente para enfrentar esta epidemia. “Si no nos ayudan, en el Amazonas habrá una catástrofe”, se titulaba.
Uno de los principales reclamos de quienes habían tratado de entender la situación de salud pública en la región tenía que ver con la imposibilidad de comunicarse con los territorios apartados. La incertidumbre reinaba entre las comunidades. Pablo Martínez, médico y salubrista de la ONG Sinergias, una de las pocas que han trabajado por la salud de los pueblos del Amazonas, tenía una buena manera de resumir la situación: “Es como estar ciego e incomunicado”.
La percepción que hoy tiene Martínez, cuando los vuelos desde Leticia han sido cancelados y la Gobernación acaba de declarar “calamidad pública”, es similar. “La Amazonía continúa siendo un punto de silencio absoluto”, dice.
A lo que se refiere es que, pese a que los principales centros hospitalarios fueron equipados con mejor tecnología, recibieron apoyo de personal y el soporte del INS, aún hay un bache que no se ha resuelto: “No hay un balance real de lo que ha pasado en la Amazonía. Hay un gran subregistro. Lo ideal es ir allá, viajar por los ríos y saber con precisión cuántas personas fallecieron. La falta de comunicación es un gran problema. La Amazonía continúa siendo un punto de silencio absoluto”.
Dicho en otros términos, cuenta el médico Pablo Montoya, también de Sinergias, si quisiéramos trazar un mapa de la situación del COVID-19 en el Amazonas, habría demasiados puntos oscuros. “Una de las principales cosas que aprendimos del primer pico es que necesitábamos información, pero esa situación no cambió. Lo único que se reporta es lo que sucede en las capitales. En algunos territorios solo tenemos una foto gracias a una o dos visitas en el 2020. Hoy no sabemos qué sucede”, advierte.
No saber con precisión cuál es la situación es especialmente inquietante debido a la que algunos han llamado “variante brasilera” del coronavirus: la variante P.1, linaje B.1.1.28. Detectada en Manaos (Brasil) el pasado diciembre, tiene nerviosas a las autoridades. Intuyen que puede ser el motivo del incremento de casos en esa ciudad donde, como hace un año, las imágenes de cementerios llenos han circulado en medios internacionales. Según las cifras del Ministerio de Salud de Brasil, hasta el momento allí se han presentado 120.954 casos de COVID-19 (acumulados) y 5.693 muertes.
Sin embargo, aún es pronto para saber si esa variante es realmente el motivo de este nuevo pico. En la caracterización genómica que hizo el grupo liderado por Nuno Faria, del Imperial College de Londres, sugieren esa hipótesis pero son claros al advertir que se necesitan más datos para saberlo. De acuerdo con su última publicación, el 52,2% de los casos que estudiaron (35 de 67) fueron causados por esa variante.
Hace una semana Faria también publicó un artículo The Lancet junto a otro grupo de científicos del que hacía parte la colombiana Zulma Cucunubá. En él que barajaban cuatro posibles explicaciones sobre lo sucedido en Manaos. En muy resumidas palabras, la primera apuntaba a que la tasa de ataque de SARS-CoV-2 podría haberse sobreestimado durante la primera ola. La segunda hacía referencia a que, posiblemente, la inmunidad contra la infección había comenzado a disminuir en diciembre de 2020. Otra, apuntaban, señalaba que los linajes de SARS-CoV-2 podrían evadir la inmunidad generada en una infección previa. Una más indicaba que los nuevos linajes virus podrían tener una transmisibilidad más alta que los preexistentes.
Ninguna de las explicaciones, decían, eran excluyentes entre sí. También eran claros al advertir que se necesitan más datos de rastreo de contactos y de investigación de brotes para comprender mejor la transmisibilidad de este linaje.
¿Un escenario inevitable?
La gran pregunta es cómo evitar que esa nueva variante se extienda por la región amazónica colombiana, cuando comparte una frontera de más de 1.600 kilómetros con Brasil. Se trata de linderos que aparecen con claridad en libros de texto, pero que en realidad no existen. En Vaupés, por ejemplo, las comunidades transitan por ambos países como si se tratara de una sola casa. En Amazonas, las familias de Tabatinga (Brasil) y de Leticia están acostumbradas a desplazarse por los dos territorios como si fuese una sola ciudad.
Hasta el momento el Instituto Nacional de Salud detectó esta variante del virus en dos personas, pero es muy posible que en las próximas semanas los casos incrementen. Hace unos días el Instituto Leônidas e Maria Deane Fiocruz Amazonia, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), y la Fundación de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas, publicaron un reporte en el que mostraban que la nueva variante había sido identificada en Tabatinga y en São Gabriel da Cachoeira, que suele ser llamada la capital indígena del Alto Río Negro y que es un referente para entender la situación de Vaupés. Eso ya lo contamos en este artículo.
El motivo de esta preocupación quedó claro en una de las últimas resoluciones emitidas por el Minsalud sobre los vuelos a Leticia (la 093 del 1 de febrero de 2021). Explican que, aunque “hay poca información sobre el comportamiento que tendrá esta variante en el país”, la evidencia disponible “exhorta a aplicar el principio de precaución”. Por ese motivo, se lee, las “medidas deben ser más estrictas que lo habitual dado el riesgo potencial” para reducir la velocidad de propagación de la nueva variante.
En otro apartado resumen una de sus inquietudes sobre el Amazonas: “Se evidenció un aumento significativo en el porcentaje de positividad con un 32,9% en el último período epidemiológico, siendo el Amazonas el departamento con mayor tendencia al incremento a nivel nacional”. También, señalan, ha habido un aumento del uso de servicios hospitalarios.
Andrés Carrascal, director de la Clínica de Leticia, lo sintetiza con una frase: “Desde diciembre el panorama se ha vuelto más sombrío”. En el caso de su centro de salud, eso quiere decir lo siguiente: de las diez UCI que tienen, ocho están ocupadas. Además, en enero tuvieron que remitir a 24 pacientes a otras ciudades; casi uno diario. “La dificultad es que los vuelos ambulancias se están demorando 3 o 4 días. Hoy la clínica está en alerta roja y cuando entremos en emergencia tendremos que remitir pacientes al hospital San Rafael, que también tiene limitaciones”, cuenta.
A sus ojos, hay otro factor que está jugando un papel fundamental: “A diferencia de hace un año, la población le perdió el miedo al virus y se relajaron. Esperamos que todo febrero sea difícil en Leticia”.
Pero Leticia, reitera Pablo Montoya, es solo un pedacito del Amazonas. Cree que en este momento Colombia tendría más información si se hubiese involucrado mucho más a las organizaciones indígenas. “Involucrar a la gente que está en el territorio”, dice, “es una de las cosas claves para mejorar la vigilancia”.