:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/E1cC_0BghP1wsGb4eNjikX3IpIE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZXGDIP2ZAZBZBCMGWKIWN4GAWY.jpg)
No son una carga social, no están enfermos, sus decisiones no dependen de lo que otros, sean médicos o familiares, les indiquen. Son, por el contrario, sujetos con derechos que ante la ley deben ser tratados de la misma manera que cualquier otra persona. Así lo determina la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual (PCDI), que en Colombia rige desde mayo de 2011.
“A pesar de que se aceptan las normas, en la práctica es evidente que hay grandes desigualdades y problemas referentes a las decisiones de vida de quienes tienen algún tipo de discapacidad”, dice Inés Restrepo, investigadora del reciente estudio de la Universidad del Rosario Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual.
Poner sobre la mesa el tema de los derechos de las PCDI es un avance para los investigadores. Sin embargo, para Mónica Cortés, una de las fundadoras de la organización Asdown, que apoya a familias con integrantes con esta condición, Colombia se ha quedado atrás en la reivindicación de los derechos sexuales de estas personas.
A los consultorios de Profamilia, a los abogados expertos en el tema y a fundaciones y organizaciones que trabajan con quienes tienen discapacidad intelectual llegan a diario familias preguntando por procesos de esterilización.
“Cuando las niñas se desarrollan, las familias entran en pánico. Van al médico y éste lo primero que les recomienda es el método anticonceptivo definitivo”, dice Mónica. Es un reflejo, según los expertos, de la ignorancia de la sociedad frente a las aptitudes de estos sujetos.
Tradicionalmente se considera que no tienen capacidad de comprensión, que son seres asexuados o, por el contrario, que no tienen control sobre su sexualidad. Pero lo más preocupante es que en varias ocasiones, en medio de los prejuicios que hay frente a esta población, son terceros los que toman decisiones que afectan de manera definitiva la sexualidad de quienes se encuentran en esta condición.
En Colombia se permite la figura de interdicción: se le retira la posibilidad de decisión a una persona y un tercero tiene la potestad de elegir lo que le afecte a ella. Pero hay quienes aseguran que en el país se abusa de estas figuras legales. “Es desconsolador ver mujeres adultas a quienes hay que explicarles que no podrán tener hijos, que cuando estaban pequeñas se les realizó un procedimiento que hace imposible que puedan formar un hogar como algunas quisieran”, cuenta Beldys Hernández, representante jurídica de Profamilia.
Además, agrega la experta, los jueces consideran que declarar a alguien interdicto es suficiente para realizar la esterilización. La ley determina que también se requiere una autorización judicial expresa en la que el juez autoriza el procedimiento tras haber analizado con un experto si la capacidad de la persona le permite o no tomar decisiones autónomas. Sin embargo, por más que existan estas restricciones para regular el procedimiento, los analistas aseguran que estas medidas posibilitan la esterilización no consentida y ello, bajo ninguna circunstancia, debería ser posible.
Para Andrea Parra, directora ejecutiva del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), es inaceptable que en Colombia el sistema jurídico legitime la esterilización sin el consentimiento de la persona. En 2010 se aprobó la Ley 1412, que establece que “en ningún caso se permite la práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad”, lo cual incluye a los niños y niñas con discapacidad.
No obstante, un grupo de jóvenes demandó la norma al considerar que la esterilización de menores con discapacidad los protege de un abuso sexual y un embarazo no deseado. Al respecto, este año la Corte expidió una sentencia en la que señaló que “la decisión de someterse a anticoncepción quirúrgica asegura condiciones de vida más dignas para quienes no pueden tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su libertad reproductiva y que pueden verse expuestos a embarazos forzados en detrimento de su dignidad e integridad personal”.
Pero para los expertos “la esterilización no protege a nadie de la violencia sexual e incluso es un factor de vulnerabilidad. Con esta decisión, la Corte desconoce sus obligaciones frente a la convención que exige reconocer su capacidad para tomar decisiones y otorgar los apoyos necesarios para hacerlo”, expresó Parra en el comunicado respaldado por 50 organizaciones.
Como lo plantea el estudio de la Universidad del Rosario, la idea es generar conciencia sobre los falsos imaginarios que impiden que estas personas, como cualquier otra, reciban la educación requerida para tomar las decisiones.
Es cuestión de brindarles los apoyos necesarios con tal de que sean ellas mismas quienes puedan elegir si quieren o no realizarse procedimientos como la esterilización y, lo más importante, que conozcan las implicaciones. Para Parra, “el problema no es de ellos, es de la sociedad colombiana que no ha sabido brindarles oportunidades. No es que sean niños eternos, ignorantes, ni que carezcan de capacidades de aprendizaje. Lo que sucede es que hay que ser creativos y buscar las maneras para que puedan comprender las decisiones que respectan a su vida”.
me.avella@gmail.com
@EstefaniaAvella