Si usted forma parte del grupo de casi tres mil pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) que hay en Colombia, hoy debería sentirse un poco más tranquilo. Es posible que en menos de diez días, el imatinib, ese medicamento clave para su tratamiento (y para otros siete tipos de enfermedades como los tumores malignos del estroma gastrointestinal), entre a la lista de decisiones históricas de la salud: todo indica que será el primer fármaco declarado como de interés público y sometido a licencia obligatoria. En otros términos: Novartis, la empresa que lo comercializa, ya no tendrá los derechos exclusivos para explotar ese producto, que por sus altos precios podría hacer tambalear el sistema de salud.
Ese paso, por lo menos, es el que al parecer está a punto de dar el Minsalud. Este jueves el comité técnico que había sido designado para estudiar el caso por más de un año le hizo una recomendación escueta: “Le recomienda al Ministro la declaratoria de existencia de razones de interés público con fines de licencia obligatoria sobre la solicitud puntual para el imatinib”.
En palabras más simples: si se toma esa decisión, el imatinib se conseguiría a un precio mucho menor (alrededor de 77%). ¿Por qué? Más laboratorios a parte de Novartis podrían comercializarlo. Y eso implica, según el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica, que el sistema se ahorraría unos $31 mil millones anuales. Sólo entre 2008 y 2014 los colombianos desembolsamos casi $400 mil millones, un monto con el que se podrían financiar dos semestres y medio del programa Ser Pilo Paga.
Detrás de ese pulso hay una historia de enredos jurídicos, presiones internacionales y mucha paciencia. Es una historia que arrancó hace más de ocho años en la Superintendencia de Industria y Comercio, que pasó por los estrados del Consejo de Estado y que desembocó en 2014 en las oficinas del Minsalud. Sus protagonistas no son otros que la multinacional Novartis, claro, y varias organizaciones de la sociedad civil, como Misión Salud, la Fundación Ifarma, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (Cimun) y Observamed.
Fueron ellas las que presentaron la solicitud del imatinib ante al ministro Gaviria y las culpables del mal genio de algunos funcionarios suizos. Livia Leu, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, y René La Barré, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Suiza, por ejemplo, le dejaron claro a Gaviria que no estaban de acuerdo con esa iniciativa. Darle el visto bueno, le recordaban en un par de cartas, pondría en vilo una excelente relación económica.
Pero ahora, después de esos intentos, todo parece indicar que el Ministerio les dio la razón a las organizaciones. “Es la primera vez que se haría un pronunciamiento de esa naturaleza en Colombia. Es esperanzador porque le abriría las puertas a la sociedad para continuar investigando los casos en los que hay abuso de precios en medicamentos. Es una gran noticia para el país”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud. “Eso implicaría proteger el acceso de las personas a los medicamentos y romper una línea muy tímida y ortodoxa que Colombia había seguido en la protección de patentes”, cuenta César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y quien le ha seguido la pista a este proceso.
De dar este salto, sin embargo, el país podría enfrentarse a un inconveniente que parece repetirse en países que han tomado decisiones similares, y es el hecho de enfrentar una demanda en un tribunal de arbitraje internacional. Así lo cree Marco Velásquez, colombiano que ha investigado estos temas desde York University (Toronto, Canadá). Casos como el que enfrentó la India hace nueve años, cuando le dijo a Novartis que no podía tener la patente exclusiva del glivec, sugieren que acá podría suceder algo similar. Entonces Novartis demandó esa ley. Además, dice, acá hay un componente adicional: “Colombia y Suiza firmaron un tratado de comercio que entró en vigencia en 2009, y ese va a ser el principal argumento de la multinacional”. (El Espectador contactó a Novartis, que insiste en que su patente es legítima, para conocer su posición, pero no se había obtenido respuesta al cierre de esta edición).
La historia es similar a la que enfrentó Sudáfrica en 2001, cuando la epidemia del VIH se le salía de las manos. Ante la decisión de usar licencias obligatorias para reducir el precio de los antirretrovirales, 40 compañías demandaron al Estado. Ese antecedente, sin embargo, no ha sido obstáculo para que países como Brasil, Indonesia, Tailandia, Ecuador, Zambia y Zimbabue tomaran decisiones similares. Su argumento es el mismo que presentaron en Colombia hace un año y medio: sobre los costos altísimos del medicamento priman la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema.