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La primera decisión radical que toma el Gobierno para controlar los precios de los medicamentos fue anunciada este jueves por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria: los valores de 195 medicamentos serán regulados tomando como referencia precios internacionales (entre ellos Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia y Portugal).
En el listado aparecen 37 medicamentos que están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y 158 que no están en el plan de beneficios (No POS). Estos últimos son generalmente fármacos de alto costo que las EPS les proporcionan a sus pacientes, pero luego le recobran al Gobierno (a través de la cuenta del Fosyga) el dinero invertido.
“La decisión ocasionaría una caída de precios promedio de 39% y un ahorro estimado de alrededor de $375 mil millones anuales en el gasto No POS (es decir, el que tiene que asumir el Gobierno). El ahorro en gasto POS podría ser aún más significativo”, señala el ministro Gaviria.
Para tomar esta decisión, un grupo técnico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos analizó 240 medicamentos, que representan alrededor del 30% del gasto público en salud, y comparó sus precios con los de 17 países de América Latina y Europa. Finalmente se definió que, de ellos, 195 tenían un precio nacional más alto que a nivel internacional.
A partir de este viernes, y durante diez días, los interesados podrán hacer las observaciones y ajustes que consideren. Pasado este tiempo, y luego de analizados los comentarios, la Comisión expedirá la circular. Se debe tener en cuenta que esta medida será impuesta a fármacos que solo son ofrecidos por menos de tres casas farmacéuticas (medicamentos monopólicos concentrados).
En el listado entraron medicamentos como el Novoseven 120 KUI (de la compañía danesa Novo Nordisk), utilizado para tratar la hemofilia, que actualmente tiene un valor de $14’837.489 y con la nueva regulación su precio tope será de $3’517.454. Otra reducción radical se verá en el Reminyl de 16 mg (de Janssen) que se vende por $1’034.096 y tendrá que bajar a $80.666. Y un ejemplo más: el Somatuline de 120 mg (de la farmacéutica Sanofi-Aventis), cuyo precio es de $11’320.138 y deberá caer hasta los $2’884.421.
Las sanciones para quienes no cumplan esta medida incluyen multas de hasta 5.000 salarios mínimos, esto es, alrededor de $300 millones.
Una historia de desregulación
La historia de la desregulación del mercado de los medicamentos, que por decisión del anterior Gobierno les dejó el camino libre a las farmacéuticas para que manejaran los precios a su antojo, comenzó en marzo de 2003, con la llegada de Diego Palacio al entonces Ministerio de la Protección Social.
La primera decisión firmada por Palacio, a través de la Circular 01 de 2003, dejaba sin peso algunas decisiones tomadas por su antecesor, Juan Luis Londoño (quien falleció en un accidente aéreo) y que buscaban frenar los recobros al Fosyga (es decir, los dineros que las EPS les cobraban al Gobierno por los procedimientos y medicamentos que les prestaban a sus usuarios y que no estaba incluidos en el Plan Obligatorio de Salud).
Para ese momento los recobros ya se habían convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. Mientras entre 1997 y 2000 habían sumado apenas $4.244 millones, sólo en 2001 llegaron a $5.311 millones y en 2002 se multiplicaron por 10 y alcanzaron los $56.741 millones. Para frenar esta situación, que empezaba a desangrar el sistema, Londoño decidió entonces congelar durante seis meses los precios de tres laboratorios por sus conductas injustificadas y a otros 28 por no reportar su información a tiempo. Y además sancionó con mayor severidad a Roche por sus incrementos injustificados y congeló sus precios por un año.
Lo primero que hizo Diego Palacio al ser nombrado ministro fue suavizar la sanción a Roche y dejarla sólo en seis meses. De ahí en adelante, como lo ha denunciado reiteradamente la Federación Médica Colombiana, “comenzó una política pública de favorecimiento a las farmacéuticas y desregulación de precios de medicamentos”; una política que en palabras del actual ministro de Salud, Alejandro Gaviria, terminó convertida en una “fiesta de libertad absoluta de precios”.
Quizá la decisión que más daño le hizo al sistema fue expedición de la circular 04 de 2006 que permitió, por ejemplo, establecer un régimen general de “libertad vigilada” para todos los medicamentos que se comercializaban en el país, lo que le dio vía libre a los laboratorios para establecer los precios de sus fármacos con la condición de estar informando periódicamente sus operaciones comerciales. En otras palabras, lo que se hizo fue liberar los precios de los productos que tenían una regulación más directa por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (que es la que fija las reglas del juego y está conformada por los ministros de Salud y Comercio y un representante de la Presidencia).
El resultado de esas decisiones tomadas en el anterior gobierno, fue “un régimen de libertad total que dio vía libre a los laboratorios para fijar los precios a su antojo y a los intermediarios (EPS) para recobrar también con precios exorbitantes”, explica Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos de la Federación.
Cuando comienza la era de Juan Manuel Santos, ya en la industria farmacéutica reinaba la libertad absoluta de precios, entonces la primera decisión que se tomó fue controlar los precios de los fármacos en el canal institucional, es decir, los que afectan directamente el valor de los recobros. Luego de varias resoluciones que fijaron Valores Máximos de Recobro (VMR), se expidió la circular 04 de 2012 que fijo un listado con los 163 medicamentos de mayor impacto en recobros al FOSYGA y les fijó Precios Máximos de Venta (PMV). Sin embargo muchos de esos valores máximos que se fijaron seguían siendo más altos en Colombia que en países como España.
Con esta decisión se logró detener el crecimiento desbordado de los recobros pero, como advierte el doctor Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamentos de la Federación Médica, “a la fecha nada se pudo hacer para controlar los precios del canal comercial, es decir, los precios de muchas medicinas que se venden en las farmacias y afectan directamente el bolsillo de los colombianos”.
Según el grupo técnico Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, la nueva política de regulación de precios, aprobada en mayo pasado, no contempla definir valores máximos de venta en las farmacias, porque “hay una competencia muy grande en este segmento”. Pero en el listado de 195 sí se regulan los precios máximos de los mayoristas que comercializan medicinas y se verá el cambio en las farmacias.
