El viceministro de Salud, Fernando Ruíz, en compañía de la directora del Invima, Blanca Elvira Cajigas, presentó este miércoles el proyecto de decreto que reglamenta la Ley 1639 de 2013, mediante la cual se endureció las penas a los agresores con ácido. La iniciativa, además de restringir la venta de productos químicos y sustancias corrosivas, busca fortalecer la atención integral para las víctimas de estos ataques.
En el proyecto se estipula una restricción de la venta al menudeo de sustancias corrosivas establecidas como dañinas en presentaciones que superen los 5 litros o un peso de hasta 5 kilogramos. Tendrá un especial control sustancias como el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e hidróxido de sodio.
Asimismo, para estos productos el vendedor estará obligado -luego de la aprobación del proyecto - a suministrar información de la procedencia de los productos como de los compradores y los fines para los que sean vendidos. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) será el encargado de diseñar y poner en funcionamiento este sistema de información para hacer seguimiento de la venta de estas sustancias. “Todos los que expendan el producto deberán llenar la información. Habrá multas y sanciones para los no que lo hagan”, dice Cajigas.
La ruta de atención integral a las víctimas de ácido es otro de los puntos del proyecto en donde se establece que el protocolo de urgencias deberá garantizarle al paciente atención médica inmediata, cuidado en la unidad de quemados y un seguimiento psicológico para su recuperación.
“Esto quiere decir que cualquier persona atacada con ácido no tiene que sacar plata de su bolsillo para lograr atención médica, ya que estos episodios están cubiertos por el POS. Podría haber medicamentos que no están incluidos en el POS, sin embargo, si la situación es de urgencia, el médico puede ordenar la aplicación inmediata del medicamento. De esta manera queda garantizado que el paciente no tiene que pagar ningún tratamiento que esté relacionado con el ataque con ácido", aclaró el viceministro.
Igualmente, la ruta contempla la protección a la familia, el acceso a la justicia y la judicialización de los agresores hasta la continuidad laboral de las víctimas.
Por su parte, la directora del Invima -al recordar que está prohibida la venta de estos químicos a menores de edad y a personas bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas- señaló que los locales comerciales que vendan estos productos deberán tener, además del registro calificado, un aviso que recuerde los daños que pueden ocasionar una indebida manipulación del producto.
“En la mayoría de los casos tenemos información hasta la llegada a la clínica de la víctima de ácido. La idea es tener comunicación con Medicina Legal para superar esta brecha y conocer los ácidos que son más utilizados en los ataques y hacer un control especial sobre ellos”, sostuvo Blanca Elvira Cajigas.
Se espera entonces que con la firma del decreto en Presidencia, ahora las víctimas con ácido tengan acceso garantizado a tratamientos médicos, procedimientos quirúrgicos y psicológicos necesarios "para restituir la fisionomía y funcionalidad de las partes afectadas".