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Luego de que se rompiera la más reciente negociación que el Ministerio de Salud había entablado con la multinacional Novartis, a propósito de las condiciones de mercado del imatinib, un fármaco útil en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica y otros siete tipos de cáncer, el jefe de esa cartera, Alejandro Gaviria, anunció que el fármaco será declarado “de interés público”. Esta es la primera vez en la historia que Colombia hace uso de esta herramienta jurídica y por eso marca un hito de salud pública.
“Las negociaciones se rompieron de manera definitiva, así que lo que sigue es el paso recomendado por el grupo de expertos: el Gobierno debe hacer la declaratoria de interés público”, aseguró Gaviria ayer.
Con estas palabras, el ministro cierra un debate que cumple más de una década y que ha enfrentado a organizaciones de la sociedad civil, a pacientes, al Gobierno y a la industria farmacéutica.
Sin embargo, como explicó el ministro, la declaratoria no se hará con fines de obtener una licencia obligatoria, que permitiría que más laboratorios comercialicen el imatinib, sino que se expedirá para fijar un nuevo precio para el fármaco. Es decir, luego de que se firme la resolución, el siguiente paso no estará en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino a cargo de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos.
Novartis seguirá teniendo la exclusividad para producir el medicamento, que vende bajo el nombre de glivec, pero deberá acogerse al nuevo valor que fije el Ministerio de Salud. Con esa medida, Gaviria evita, por un lado, que la decisión final quede en manos de la Superindustria, entidad que al parecer se oponía a la iniciativa, y por otro lado mantiene la patente de la multinacional, que era uno de los principales reclamos de actores internacionales que en los últimos meses venían presionando al Gobierno.
En Colombia existen unos 3.200 pacientes con ese tipo de leucemia y que se beneficiarían de este medicamento. Las estimaciones indican que a esa cifra hay que sumar 600 nuevos casos cada año.
Por el alto precio impuesto por la farmacéutica Novartis, el país pagó por este medicamento cerca de $400.000 millones, a través del sistema de salud, en tan sólo seis años.
Al conocer la decisión, esa firma aseguró que la declaratoria de interés no puede aplicarse a este asunto. María Cristina Álvarez, presidenta de Novartis, según reveló El Tiempo, afirmó que “una declaratoria de interés público es una herramienta legítima, pero sólo debe ser usada en casos excepcionales y este caso no se califica porque nunca ha existido desabastecimiento y tampoco hay monopolio”.
En los últimos tres meses, ante la inminente declaración de “interés público” que abriría la puerta a las versiones genéricas del fármaco, las presiones comerciales de países como Suiza y Estados Unidos aumentaron sobre el Ministerio de Salud y el Gobierno. Incluso dentro del Gobierno, la Superintendencia de Industria y Comercio se había mostrado reacia a que se tomara tal decisión.
Durante la 69ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada hace un mes, el ministro Alejandro Gaviria dijo ante representantes de más de 190 países que “a la luz de nuestra experiencia, resulta claro que las flexibilidades existen en la teoría de los tratados y los pronunciamientos multilaterales. Pero en la práctica son difíciles de aplicar”.