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Después de que varios proyectos de ley que buscaban regular las cirugías plásticas se hundieran en el Congreso, el Ministerio de Salud presentó una nueva iniciativa para poner freno a una práctica en la que se cuelan médicos “chambones”, clínicas de garaje y pacientes que accedían a ser operados sin conocer los riesgos a los que sometían su salud.
El nuevo proyecto de ley, que contó con una mesa técnica conformada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la academia y las sociedades científicas, no sólo pretende regular la práctica médica y las instituciones prestadores de servicios de salud, sino generar un proceso pedagógico para que las personas conozcan, a ciencia cierta, a qué someterán su cuerpo.
“Es un enfoque que trasciende lo regulatorio y convierte el tema en uno de salud pública y gestión de riesgos. Los eventos adversos y casos de muerte van a ser de interés en salud pública, lo que hace obligatorio el seguimiento a estos casos por autoridades sanitarias”, explicó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Concretamente, el proyecto de ley se refiere a ocho temas: los requisitos que deben cumplir los profesionales para realizar procedimientos quirúrgicos estéticos, los requisitos para las instituciones prestadoras de salud, las tecnologías aprobadas, el consentimiento informado de los pacientes, las pólizas posoperatorias, los informes de situaciones adversas o morbimortalidad, la publicidad y las sanciones.
Para combatir la proliferación de “cirujanos piratas”, el proyecto establece que sólo los médicos y odontólogos que cuenten con el título de una especialidad quirúrgica otorgado por una institución de educación superior autorizada según la ley colombiana pueden adelantar estos procedimientos. En caso de que el título sea de una universidad en el exterior, se debe tener la convalidación correspondiente.
Además, explica el texto, todos los profesionales deberán estar inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS). Si alguna de estas normas no se cumple, la sanción dada por los tribunales de ética sería una suspensión del ejercicio profesional hasta por 15 años —actualmente el máximo es de cinco— y multas que podrían alcanzar los 2.500 salarios mínimos.
En cuanto a los procedimientos estéticos no invasivos, podrán seguir siendo realizados por médicos generales que certifiquen sus competencias.
Como respuesta a esta iniciativa, Lorena Beltrán, periodista y víctima del doctor Francisco Sales Puccini, quien ha liderado el movimiento para que se regulen las cirugías plásticas, reconoció los esfuerzos que ha realizado la mesa técnica. Sin embargo, advirtió que en la iniciativa presentada se debería incluir “una reglamentación clara en torno a la inyección de sustancias – como el botox o los biopolímeros-, ya que el mal manejo de estos procedimientos también puede tener consecuencias irreversibles”.
Adiós al “2x1” de las cirugías plásticas
Uno de los puntos que quizás más llama la atención del proyecto de ley, es la regulación a la publicidad que se haga sobre estos procedimientos. En cualquier medio de comunicación en el que se promocionen las cirugías plásticas, deberán quedar explicitos los riesgos y complicaciones que puede tener el procedimiento, quiénes son los profesionales y la institución detrás, cuáles son las pólizas o seguros requeridos y la recomendación de que el paciente consulte si tanto el profesional como la institución cumplen con los requerimientos.
Además, quedaría prohibido promocionar ofertas por tiempo limitado, paquetes como “compre uno y lleve uno gratis”, ofrecer procedimientos quirúrgicos como premio de un concurso o sugerir que el resultado de la cirugía garantizará mejor éxito o aceptación social.
Ideas que serían recapituladas al momento de hacer el consentimiento informado, ya que el proyecto propone que sea más exigente: que se le den alternativas al paciente para lograr su objetivo, se haga una valoración psicológica de este y que se le garantice la continuidad de su posoperatorio.
De hecho, debido a que la Ley Estatutaria de Salud establece que los procedimientos estéticos no pueden cubrirse con el sistema, el proyecto propone que los prestadores de salud deben contar con una “póliza que cubra gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos derivados de las complicaciones de dichos procedimientos”.
Aunque el proyecto de ley fue celebrado tanto por la academia como la Asociación de Sociedades Científicas, quien tendría la responsabilidad de autorregular la recertificación de los especialistas y hacer públicos los estudios sobre casos adversos y morbilidad en sus páginas web, el real reto es lo que pueda suceder una vez la ley se debata en el Congreso.
“En este momento tenemos tres riesgos”, advirtió el doctor Cesar Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.”La voluntad política, que las instancias de inspección no logren lo establecido o que en el camino se modifique la esencia de la ley”.
Lo cierto, es que en diez años que se llevan presentando iniciativas que buscan regular las cirugías plásticas en Colombia, esta sería la primera que está apadrinada por dos ministerios e incluyó a las víctimas de los cirujanos “piratas” en las discusiones.