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Dos semanas atrás el pronóstico para la reforma al sistema a la salud era desalentador. Los lobistas intentaban sabotear el debate en el Congreso; el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, se quejaba por el lento avance de la discusión; los gremios médicos rechazaban la propuesta, y el paro agrario se robaba la atención política.
Fue cuestión de pocos días para que la suerte de la reforma comenzara a cambiar. Primero, una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos y representantes de la Unidad Nacional sirvió para reunificar las fuerzas políticas alrededor del proyecto. Luego, en una reunión de tres días entre el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, el ministro Gaviria y nueve senadores se definió la estrategia para quitarle el freno a la reforma. Y todo esto coincidió con el aumento salarial por $7.898.445, otorgado el 7 de octubre a cada congresista por decreto presidencial. Y en menos de 48 horas, mientras los colombianos celebraban la clasificación de la selección nacional al Mundial de Brasil 2014, el Senado aprobó con 44 votos la reforma, a la que se opusieron 13 senadores. En la sesión, una cuarta parte del texto original de la iniciativa se votó sin mayores cambios. Al resto, los congresistas le hicieron modificaciones. Al proyecto le faltan dos debates más en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de esa célula legistativa.
“Asumo la responsabilidad política de lo que estamos haciendo aquí”, dijo el ministro Gaviria cuando llegó el momento crítico de aprobar la creación de la entidad Salud Mía, que administrará cerca de $40 billones anuales que se destinan al sector y, además, afiliar a todos los colombianos. Gaviria les explicó a los congresistas que el sistema de administración de los recursos, en el que no hay transparencia ni fiscalización, es el peor escenario posible y por eso no deberían temer a una institución que pagaría cada año cerca de 500 millones de facturas y estaría sujeta a controles.
Además, el Senado aprobó que las EPS se conviertan en Gestoras de Salud, limitando en cierta medida la posición dominante que ocuparon durante 20 años. Sin un manejo directo de recursos y con la obligación de demostrar resultados de salud para recibir una remuneración, las EPS públicas, privadas o mixtas deberán ajustarse al nuevo sistema.
El Plan Obligatorio de Salud (POS) pasa a llamarse Mi Plan y cualquier nuevo medicamento o tecnología que vaya a ser incluido debe ser aprobado por el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud. También se aprobó que los hospitales puedan formar y titular especialistas en salud, para aliviar el déficit existente.
Una de las novedades añadidas por los senadores a última hora, y en medio de una veloz votación, fue la realización de un chequeo médico general para cada colombiano una vez al año. El Gobierno apoyó la propuesta, siempre y cuando no se convierta en un “chequeo ejecutivo” con alta tecnología, porque no sólo elevaría los costos, sino que induciría la demanda de servicios.
Uno de los temas más candentes fue el de la integración vertical. Los congresistas sabían bien que ahí se jugaba quién se quedaba con buena parte del poder en el sistema de salud. Tras una hora de discusión, la mayoría del Senado respaldó la propuesta del ministro Gaviria: prohibir la integración vertical para todos los actores (incluyendo cajas de compensación). Sólo se permitirá en el nivel básico de atención (consulta externa, primer nivel de atención). Se prohibió también que los Gestores de Salud usen recursos del sistema para invertir en infraestructura.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, explicó que la integración vertical en el “nivel básico primario” traerá como efecto que las Gestoras de Salud controlen la consulta general y los procedimientos en pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía general. Giraldo cree que el gasto por estos servicios superaría el 30% de integración vertical, hoy permitido.
Para el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, la medida permitirá ordenar y vigilar con más eficiencia los servicios que pueden o no atenderse en un modelo de integración vertical.