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El hospital universitario de Reims, en el norte de Francia, decidió recurrir a la Fiscalía para colocar bajo protección y designar a un representante legal para el tetrapléjico francés Vincent Lambert, de 38 años de edad y en estado vegetativo desde 2008.
Estaba previsto que ese centro se pronunciara este jueves sobre el mantenimiento artificial con vida del enfermo, pero el cuerpo médico estimó que no se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para tomar esa decisión, ante las tensiones entre las partes implicadas.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había sentenciado el pasado junio que desconectarle de los aparatos no vulneraba su derecho a la vida, decisión que fue recurrida por sus padres, profundamente religiosos, pero aprobada por su mujer y algunos de sus hermanos.
La familia está enfrentada sobre su suerte desde 2013, fecha en la que los médicos decidieron por primera vez el cese de su alimentación e hidratación artificial.
El hospital toma de momento como referente legítimo del enfermo a su esposa, Rachel, que desde que este se quedó postrado tras un accidente de tráfico ha defendido que su marido siempre se opuso al ensañamiento terapéutico.
En el proceso legal emprendido por unos y otros ha intervenido también el Consejo de Estado, la máxima instancia francesa para los contenciosos administrativos, que en junio de 2014 declaró legal su desconexión.
Su caso tomó un cariz ideológico y religioso y reabrió el debate sobre la eutanasia en Francia, donde se aprobó el pasado marzo la ley que permite la sedación profunda y continua de pacientes en fase terminal, pero cierra la puerta a la eutanasia y el suicidio asistido.