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Por lo menos una decena de funcionarios de la Supersalud llegaron ese día a Humana Vivir solicitando hablar con el representante legal. Los empleados, molestos, se amotinaron para impedir su ingreso y casi de inmediato, a través de un sistema inteligente de seguridad, se bloquearon todas las entradas. Finalmente tuvo que intervenir la policía para exigir la apertura de las puertas.
Entre el tumulto de trabajadores de la EPS, los funcionarios de la Supersalud se encontraron con alguien que les llamó especialmente la atención. Se trataba de Federico Franco Mendoza, quien es empleado de esa superintendencia desde hace 21 años y hacía un par de meses había pedido una licencia no remunerada.
“Existen indicios muy fuertes de que funcionarios de la Superintendencia le prestaban servicios en sus horas libres o en sus licencias no remuneradas a Humana Vivir —le había dicho a este diario Gustavo Morales, superintendente de Salud—. Eso lo estamos investigando, pero fue muy sorprendente que cuando llegamos a hacer la toma de posesión, quienes abrieron la puerta eran funcionarios de la Superintendencia”.
El nombre de Franco Mendoza aparece en un contrato con el sello de la compañía de selección y evaluación de personal Austral Colombia S.A.S., en el que se lee que presta el servicio de analista administrativo a Humana Vivir EPS desde el 1º de marzo de 2013. El contrato está acompañado de su hoja de vida y en ella está escrito que se desempeña como auxiliar administrativo de la Superintendencia de Salud desde el 11 de febrero de 1993. Junto a este dato hay una nota escrita a mano que dice: “Vigente actualmente. Tiene una licencia no remunerada de dos meses”. Al parecer, y según fuentes de la interventoría, las funciones de Franco Mendoza se limitaban a ser el jefe del almacén de la entidad, a administrar los insumos y a supervisar el mantenimiento del edificio. En la Superintendencia, según documentos de la entidad, sus funciones son entregar y enviar correspondencia, elaborar “documentos de baja complejidad” y otras tareas de archivo.
¿Es él la persona a la que se refería el superintendente Gustavo Morales? El Espectador se comunicó con Franco Mendoza, quien ya regresó de su licencia no remunerada. Lo primero que explicó fue que la licencia que solicitó a la Superintendencia tenía como objetivo “oxigenarse”, ya que estaba viviendo un ambiente tenso en la entidad por cuenta de una serie de denuncias suyas que vienen de años atrás. “Siempre me han tenido recelo porque he denunciado las presuntas irregularidades que hay en la Superintendencia”. Franco Mendoza dirige El Pasquín Panfletario, una comunicación interna de la entidad a través de la cual, explica él, lleva años denunciando los posibles casos de corrupción.
Al preguntarle por su relación con Humana Vivir asevera que terminó trabajando allí por “casualidad”. Dice que acudió a Austral Colombia para ocuparse durante los meses de licencia y ésta le ofreció trabajar en la EPS. “No podía estar tres meses parado y que mi esposa y mis hijos se quedaran aguantando hambre”, afirma. Sobre la liquidación de esta entidad, asegura que se hizo sin “la respectiva inspección para conocer cómo estaba Humana Vivir, y si tenía recursos para seguir trabajando o no. Yo veía por dentro que se estaba haciendo lo posible para salir adelante”.
Las afirmaciones de Franco Mendoza son totalmente opuestas a la realidad que según el agente especial liquidador de Humana Vivir, Carlos Cortés, han encontrado en estos 24 días. “No tenemos información actualizada. Hemos encontrado problemas con todas las cuentas de la EPS que van a requerir un proceso de depuración contable”, aseguró.
A sus declaraciones se suman las del superintendente Gustavo Morales, quien afirmó que la EPS llevaba tres trimestres sin enviarle información a la entidad sobre sus estados financieros: “Cuando una EPS ni siquiera se toma el trabajo de enviar información es porque el desgreño administrativo es total”. Y a esto habría que adicionar que, según Morales, “Humana Vivir prácticamente no tenía red de prestadores que le permitiera atender a sus afiliados; se habían especializado en no atender”.
Las primeras cuentas, que están pendientes de auditar, señalan que la EPS les debe $723.000 millones a clínicas y hospitales que atendían a sus usuarios. Por eso no sorprende que al ser intervenida para liquidar se presentara un bloqueo de los prestadores: clínicas y hospitales se negaban a atender a los pacientes de Humana Vivir por la enorme deuda que la empresa tenía con ellos. “Hubo un instante en que había cerca de 200 personas esperando a ser atendidas”, cuenta Cortés.
Apenas comienza la depuración de Humana Vivir y lo primero que se ha encontrado, según Cortés, es un “desorden administrativo monumental” que ha puesto en riesgo la vida de miles de personas (atendía a cerca de 800.000 usuarios). Y sin embargo sus dueños ya interpusieron acciones legales para echar atrás la orden de su liquidación.
En el edificio principal de la EPS Humana Vivir, en el norte de Bogotá, hay un ambiente enrarecido. Quienes utilizan el ascensor han tenido que acostumbrarse a la oscuridad absoluta porque no hay plata para pagarles a los encargados de su mantenimiento; ni a ellos ni a otra lista larga de proveedores. “Humana Vivir es inviable financieramente”, concluyó la Superintendencia de Salud, y por eso decidió ordenar su liquidación. La toma de posesión fue el pasado 16 de mayo y desde ese día hasta hoy son escandalosos los hallazgos que se han hecho. La situación es peor de lo que se preveía, dicen fuentes de la Superintendencia, y las sorpresas comenzaron el mismo día de la intervención.