Presiones económicas con sabor a Suiza

En una carta altos funcionarios de ese país le piden al Minsalud no liberar la patente del imatinib, una droga que le ha costado al país cerca de $400 mil millones.

El pasado 18 de agosto varias organizaciones nacionales e internacionales les enviaron una carta a altos funcionarios suizos para llamar su atención sobre un asunto que los dejó boquiabiertos: la manera como delegados diplomáticos y líderes empresariales de ese país están presionando a Colombia para que no libere la patente del imatinib, un medicamento esencial en el tratamiento de varios tipos de cáncer y por el que el país ha pagado en los últimos seis años una cifra cercana a los $400.000 millones.

En su misiva les solicitan no pasar por alto las necesidades de la población colombiana en términos de salud pública. “Permitir la producción del imatinib a precios asequibles es extremadamente importante para sus ciudadanos. Expresamos nuestra mayor preocupación por el intento del gobierno suizo de disuadir al de Colombia”.

La carta la firman 18 organizaciones. Entre ellas Health Action International, la Federación Médica Colombiana y el profesor Franco Cavelli, expresidente de Union for International Cancer Control, en Suiza.

El disgusto de estos organismos radica en un par de cartas que llegaron hace unos meses al Ministerio de Salud, una firmada el 26 de mayo por Livia Leu, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, y otra enviada por René La Barré, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Suiza. En ambas, los remitentes dejan en claro la preocupación que les causa el hecho de que nuestro país esté estudiando someter la patente del imatinib a licencia obligatoria y declararla como de interés público.

En otras palabras, Leu y La Barré están en completo desacuerdo con que la multinacional suiza Novartis deje de tener los derechos exclusivos de propiedad para explotar ese medicamento comercialmente.

La puja por el imatinib

El imatinib, un tratamiento que ayuda a controlar el 90% de los casos de la leucemia mieloide crónica, ha desencadenado en Colombia una larga puja jurídica. La Superintendencia de Industria y Comercio había negado la patente a Novartis porque, a su parecer, el producto (comercializado bajo el nombre de Glivec) carecía de nivel inventivo. Pero la compañía demandó esa decisión y en 2012 el Consejo de Estado ordenó que la patente le fuera otorgada.

Desde entonces, como lo han dicho en reiteradas ocasiones Francisco Rossi, director de la Fundación Ifarma, y Germán Holguín, de Misión Salud, los colombianos hemos tenido que pagar un precio muy alto por ese fármaco. En cifras de Observamed, eliminar los genéricos del imatinib podrían costarle al país más de $31.000 millones anuales, pues estas unidades serían comercializadas por Novartis. Y hoy sus precios son trece veces más caros que los de laboratorios nacionales (ver infografía).

Por todas estas razones aquellas organizaciones solicitaron al Minsalud a finales de 2014 que declarara la patente como de interés público. Pero los funcionarios de esta cartera han recibido documentos con peso diplomático como los de Leu y La Barré que se oponen a la medida.

Lo grave, según Holguín, es que se está ejerciendo una presión con argumentos no muy ciertos. Por ejemplo, Leu asegura que una licencia obligatoria es un freno para la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores. Pero otra cosa muy distinta creen él y los líderes de las organizaciones internacionales. “Eso no está sustentado por evidencia”, se lee en la carta del 18 de agosto. “Por el contrario, la experiencia de países como EE.UU. y Canadá no muestra un declive en la investigación. El mercado colombiano del imatinib es insignificante con respecto al global: US$23 millones frente a US$4.700 millones”.

En su misiva, Leu, luego de subrayar “la excelente relación económica entre los dos países”, asegura que una licencia obligatoria sería como expropiar del derecho de una patente a Novartis. Sin embargo, sus contradictores le recuerdan que los tratados internacionales permiten hacerlo con absoluta libertad, más aún cuando en el medio está en juego un problema de salud pública. Países como Brasil, Malasia e India ya lo han hecho para combatir epidemias como la del VIH.

En su defensa, la multinacional suiza insiste en que su patente es legítima y es el resultado de un esfuerzo que reconocen más de 40 países. “La existencia de la patente no afecta el acceso de los pacientes a la terapia, pues la molécula hace parte de los medicamentos incluidos en el POS”.

Estos argumentos son los que en este momento está evaluando el Ministerio de Salud. Se espera un pronunciamiento que resuelva la disputa sobre este tema en los próximos días o semanas.