“¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Es un profundo movimiento que se propagará por el mundo”. Con ese par de frases el popular chef Jamie Oliver, que se ha convertido en un activista mundial que lucha para que la humanidad se alimente mejor, celebró la medida que acaba de tomar el Reino Unido: a partir de 2018, los productores de bebidas azucaradas deberán pagar un impuesto con el que el Gobierno espera reducir los altos índices de obesidad y de paso recaudar una buena suma que se invertirá en promover el deporte en los colegios. Los cálculos indican que el recaudo podría ascender a 661 millones de euros.
Con esta decisión se suma a varios países que han optado por incrementar el costo de las gaseosas para impedir que los consumidores continúen comprándolas de manera desmesurada. Finlandia, Francia y México son algunos de los que ya dieron ese controversial paso que ha tenido tanto adeptos como férreos contradictores.
Quienes la defienden, entre los que se cuenta la Organización Mundial de la Salud, aseguran que es la mejor manera de combatir la obesidad y evitar que continúe matando a 2,8 millones de adultos al año. Quienes están en contra, como la industria, afirman que la clave para acabar con ese mal no está en desincentivar el consumo de bedidas azucaradas sino en incentivar el ejercicio. La medida, dicen, tendría además un fuerte impacto en las finanzas de varios sectores.
Esos argumentos son los mismos que se han replicado en Colombia desde que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reveló en 2015 su intención de poner un impuesto de 20% a las gaseosas, lo cual, según él, permitiría recaudar $1,89 billones más para un sistema de salud en dificultades. Pero la pelea parece mucho más reñida que en otros países. Tanto que a finales del año pasado el país recibió una visita particular: por primera vez vinieron los principales líderes mundiales de esa industria y estuvieron en Cartagena, en un congreso financiado por la Andi.