La decisión del superintendente de Salud, Gustavo Morales, de pedirles a sus cinco superintendentes delegados la renuncia protocolaria, parece estar relacionada con el proceso de aprobación de la controvertida EPS Salud Andina, que desde el 8 de junio de 2012 está buscando luz verde para entrar a operar pero no ha contado con el aval de Morales porque “está evaluando muy detenidamente los antecedentes administrativos, penales y éticos de cada uno de los directivos de las empresas socias de esta EPS”. Como lo informó El Espectador el pasado domingo, uno de sus principales accionistas es el empresario y ganadero Gerardo Vecino Villarreal, salpicado por desmovilizados de las Auc.
Morales explica que no sólo le hizo esta petición a los cinco superintendentes delegados (en recursos, salud, protección al usuario, jurisdiccional y medidas especiales) sino a los casi 30 empleados de libre nombramiento y remoción que trabajan en la entidad “para hacer unos ajustes, mejorar algunos procesos y dinamizar algunas funciones de la Superintendencia”. Sin embargo, al preguntarle que si existe alguna relación con el proceso de Salud Andina, reconoce que “sí me ha generado preocupación que algunas de las delegadas hayan omitido la revisión cuidadosa de los antecedentes de los promotores de la EPS Salud Andina, antecedentes que ahora han venido a saberse son comprometedores”.
En junio del año pasado fue enviada formalmente la solicitud de habilitación de la EPS Salud Andina, cuando todavía Conrado Gómez estaba al frente de la Superintendencia. Desde entonces empezaron las evaluaciones jurídica, financiera y administrativa, que obtuvieron el visto bueno de los diferentes delegados. El concepto jurídico señaló que todos los papeles estaban en regla, el financiero consideró que los $10.000 millones de capital inicial permitían su entrada en operación y el concepto técnico aseguró que el plan de operación y la capacidad proyectada cumplía con los estándares exigidos por la ley.
Aunque ya existe un borrador de la resolución que le permitiría empezar operar, el documento sigue sin la firma del superintendente Gustavo Morales. Las dudas de la Superintendencia podrían radicar en dos aspectos: por un lado, uno de los socios principales de la EPS, Gerardo Vecino Villarreal y quien actualmente no tiene investigaciones en la Fiscalía, ha sido salpicado por desmovilizados de las Auc como supuesto colaborador de la organización ilegal en el Atlántico a través de una EPS de Quibdó, la cual estuvo en 2007 al borde de la liquidación.
Por el otro lado, los actuales secretarios de Salud del municipio de Soledad (Atlántico) y de este departamento aparecen como miembros de la junta de una de las sociedades accionistas de Salud Andina; aunque ambos coincidieron en afirmar que estuvieron sólo en la formación de esta empresa como asesores y que renunciaron antes de posesionarse como funcionarios públicos (incluso enviaron a este diario las cartas de renuncia, la de Peláez fechada el 25 de agosto de 2011 y la de Bula, el 8 de agosto de 2011), en un registro de la Cámara de Comercio de septiembre de 2012 siguen apareciendo como miembros activos.
Ante las dudas que hay alrededor de Gerardo Vecino Villarreal, el propio empresario y ganadero le explicó a El Espectador que nunca ha tenido investigaciones en contra y que, por el contrario, ha sido víctima de extorsiones. “No tengo vínculos con grupos ilegales. Mi hoja de vida es intachable y está abierta para el que quiera investigar. Tengo la frente en alto para enfrentar cualquier cuestionamiento”. Negó ser el dueño de Salud Andina y explicó que fueron varias empresas las que se unieron para prestar “un buen servicio”. “El país ve con buenos ojos la creación de una EPS nueva, sin deudas, con calidad en la prestación de servicios”, señaló.
El superintendente de Salud, Gustavo Morales, afirmó que está evaluando las renuncias protocolarias de sus funcionarios para elegir cuáles se quedan y cuáles tendrán que abandonar la institución.