¿Es fuente novadora del ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional Colombiana?

A partir de la Constitución Política de 1991, se creó la Jurisdicción Constitucional encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución, creándose la Corte Constitucional Colombiana, que de conformidad con el numeral 4 del artículo 241, corresponde “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”.

La Corte Constitucional, ha señalado en varios planteamientos sobre “las fuentes del derecho, como las fuentes materiales: “que hacen relación a los hechos y circunstancias que hacen producir el derecho, como el acaecer social, económico, político esto es, la realidad misma, tenemos la Constitución, la ley, los decretos, y demás actos jurídicos”; y las fuentes formales: “que hacen relación a los cauces por los cuales se expresa el derecho, tenemos  la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina”.

La Corte Constitucional, como cabeza de la jurisdicción constitucional tiene asignada la misión de mantener la integridad y la supremacía de la constitución, de lo cual depende que ésta pueda conservar su connotación normativa y su poder de imperio contra todo acto u omisión de los poderes constitutivos. La afirmación del rango normativo superior de la Constitución Política se traduce en las sentencias que dicta la Corte Constitucional, a través de las cuales ésta corporación cumple su función de máximo y auténtico interprete de la carta.

La Constitución y a la Ley, son puntos de partida de la actividad judicial, donde los jueces se encuentran sujetos principal mente a esta fuente de derecho,  precisamente en virtud de la sujeción a los derechos, garantías y libertades constitucionales fundamentales, y están obligados a respetar los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores.

Es así como dentro del Estado Constitucional y Social de Derecho que rige en Colombia, La Doctrina Constitucional contenida en el obiter dicta, es fuente auxiliar, pero la doctrina constitucional contenida en el precedente o la ratio decidendi es fuente principal.
Las Sentencias de la Corte,  ofrecen a los demás órganos del estado y a los miembros de la comunidad en general, la visión dinámica de lo que la constitución concretamente prescribe.

La Corte Constitucional, como función sienta el precedente constitucional y su obligatoriedad está contenida en el artículo 243 de la Constitución que señala textual mente “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, pero como en el artículo 243 no se fijaron los efectos de las sentencias, con base en dicha norma la Corte Constitucional con fundamento en el artículo 241 y en ejercicio de su función interpretativa como guardiana de la supremacía e integridad de la constitución ha establecido que es La Corte quien señala los efectos de sus propias sentencias, por tanto no solo fijó la supremacía del precedente constitucional sino además su efecto obligatorio.

La Corte Constitucional, fijó la obligatoriedad de las sentencias diciendo que los efectos de la sentencia tipo T son interpartes, pero no así a la ratio decidendi, la cual como norma que es tiene alcance general en el sentido que es obligatoria su aplicación en casos futuros, idénticos, similares o análogos, y que los efectos de la sentencia tipo C son erga omnes por cuanto son definitivas y obligatorias en general para todos, funcionarios y particulares. Lo anterior sin perjuicio de la obligatoriedad del precedente que fijó a través de innumerables sentencias.

Finalmente la integridad del ordenamiento jurídico solo puede preservarse si hay coherencia entre la interpretación que fija el contenido material de las leyes y la interpretación que fija el sentido de la Constitución. Si una norma declarada exequible por la Corte Constitucional es interpretada por los jueces de una manera contraria a la Constitución se rompe la integridad del ordenamiento jurídico.

Temas relacionados