La Comisión de la Verdad del holocausto del Palacio de Justicia anunció que la toma guerrillera sí fue financiada por el Cartel de Medellín, en un acuerdo que existía meses antes de que se produjera la tragedia.
Según la plataforma, Pablo Escobar mantenía una amistad con el Comandante del M-19, Iván Marino Ospina, y fue con él con quien convino entregar los recursos para que se produjera una acción en el Palacio de Justicia para evitar que el tratado de extradición se convirtiera en una realidad.
No obstante, esa tesis contradice por completo la posición de la Fiscalía General de la Nación, que a través de Ángela María Buitrago, ha sustentado que la operación sólo recibió apoyo financiero del Frente Sandinista, según lo demuestran los informes de inteligencia del Ejército encontrados por el ente investigador durante la investigación y además señalan que la Fuerza Pública sí tenía el conocimiento previo de la toma.
En ese último punto sí coincide la Comisión pues advierte que el Ejército, a sabiendas de lo que ocurriría en el Palacio, permitió el ingreso de los guerrilleros para poder controlarlos y evitar que siguieran ejerciendo operaciones.
El informe final de ese ente manifiesta que la Fuerza Pública desbordó sus funciones, al tiempo que señala la responsabilidad del Gobierno de Belisario Betancourt por no ser capaz de ejercer acciones tendientes a garantizar la vida de los rehenes.