Alicia en el país de los Nule

Alicia Arango les abrió la puerta en el IDRD. Horacio Mendoza les aportó la experiencia. Carlos Gutiérrez los financió. Juan Manuel Barraza les ayudó con interventorías. Hoy nadie quiere que lo asocien con quienes fueron reyes sociales.

Después de la carretera al municipio de Chalán y varias instalaciones de gas domiciliario en Sucre con su empresa pionera MNV Construcciones, los hermanos Manuel y Miguel Nule dejaron Sincelejo en 1998 y llegaron a Bogotá. Abrieron una oficina por el Parque de la 93 y cuando pensaban cerrarla porque no salían suficientes negocios, apareció la funcionaria que les abrió la puerta de la contratación oficial: Alicia Arango Olmos, directora del Instituto de Recreación y Deportes (IDRD) en la administración de Enrique Peñalosa.

Oriunda de Cartagena pero de ancestros sucreños, y entonces casada con el contratista con varias entidades del Estado y empresario José Luis Taboada, de Corozal (Sucre), la administradora de empresas Alicia Arango había asumido la dirección del IDRD en febrero de 1999. Y según recuerda un abogado que fue testigo de algunos de los encuentros, rápidamente les tendió la mano a los Nule con obras de construcción y recuperación de parques, dentro del programa de desmarginalización de barrios del gobierno Peñalosa.

Dos personas más fueron claves para el contacto de los Nule con Alicia Arango y la posterior concesión de contratos. El abogado Jorge Pino Ricci, experto en derecho administrativo y asesor jurídico de múltiples entidades públicas desde los años 90, y Horacio Mendoza Martínez, dueño de la empresa constructora HMM S.A., también sucreño y en ese entonces suegro de Miguel Nule, como quiera que su hija Rina Mendoza estaba casada con el mayor de los hermanos. Mendoza fue determinante para acreditar experiencia.

En la contratación pública en Colombia existe un ítem conocido como el K, que se define como la capacidad que tiene una empresa privada para concertar negocios con el Estado. Es una especie de puntaje que otorga mayor opción de ganar una licitación cuando se acredite experiencia y solvencia financiera. Eso fue lo que les aportó Horacio Mendoza a su yerno Miguel Nule y sus socios y de paso les permitió ganar terreno en el mundo de la contratación oficial con una primera palanca en altos círculos: la administradora Alicia Arango.

Con una ventaja inmediata: a partir de 2002, Alicia Arango pasó a ser secretaria privada del presidente Álvaro Uribe Vélez y para entonces los Nule, con el apoyo de terceros, en especial del prestamista Carlos Gutiérrez, ya incursionaban en otra práctica económica: crear nuevas empresas como Gas Kpital o Bitácora Soluciones, o comprar otras como Ponce de León S.A. En pocos meses ya no sólo construían parques, vías, acueductos o cárceles, sino que también, y de manera insólita, entraron al negocio de la interventoría de recursos públicos.

Y en este último escenario, un cartagenero fue decisivo para sus negocios. El exsuperintendente de Puertos y director de la Comisión Nacional de Regalías del gobierno Pastrana, Juan Manuel Barraza. A partir de 1999, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la vigilancia de los dineros por contraprestación económica a las regiones contó con los Nule. Particularmente, para la Costa Norte, entre 2000 y 2001, estuvieron como interventores Horacio Mendoza y la empresa Ponce de León y Asociados.

En 2004, cuando el gobierno decidió liquidar la Comisión Nacional de Regalías por reiteradas fallas financieras y contables, para entregar su manejo a la Dirección Nacional de Planeación (DNP), en su primera inspección esta última entidad detectó 60.000 registros de presuntas irregularidades. Un año después, al advertir indicios de incumplimientos de un consorcio donde tenían participación los Nule en Casanare —mayor receptor de regalías—, la DNP ordenó suspender una nueva licitación.

Sin embargo, el PNUD convocó a un amigable componedor que en noviembre de 2005 concluyó que debía presumirse la buena fe de las partes y que se aceptara que los errores eran producto de omisiones asociadas a procesos deficientemente definidos. De esta manera, la Unión Temporal donde tenían dinero los Nule ganó la licitación y sostuvieron su interventoría hasta 2008, en que el contrato se canceló por graves incumplimientos. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía conocieron estos pormenores y aún no hay decisiones.

Lo claro hoy es que dineros de las regalías de Casanare y Meta que eran objeto de su interventoría fueron a parar a sus empresas, que ya desarrollaban obras de infraestructura de renombre. Por ejemplo, $8.000 millones de regalías del Meta terminaron en una de sus firmas en Cúcuta y $4.000 millones del Casanare en el consorcio Bogotá-Fusa. En agosto de 2008, ante la cancelación de varios contratos por utilización indebida de dineros de regalías para proyectos particulares, en el Congreso se adelantó un debate contra la DNP. Paradójicamente, el senador citante fue el hoy detenido Iván Moreno.

Pero en ese momento, aunque se ventilaban las primeras suspicacias, los Nule aún gozaban de enorme prestigio. Desarrollaban la codiciada obra de la doble calzada Bogotá-Girardot, ejecutaban los trabajos de mejoramiento de la ruta vial Rumichaca-Pasto, participaban en la empresa capitalizadora del Tolima (Enertolima), intervenían en la construcción de varios acueductos en Cundinamarca, realizaban labores de interventoría a las plantas de bienestarina del ICBF, le habían construido sedes a la DIAN. Estaban en todas partes.

En especial, tanto los Nule como sus asesores y socios eran bastante conocidos en el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). Ambas entidades están adscritas al Ministerio de Transporte, donde por ocho años, entre 2002 y 2010, la máxima autoridad fue el ministro Andrés Uriel Gallego. A finales de 2010, cuando a los Nule ya se les había venido la noche y la justicia empezaba a exigirles nombres, señalaron a Gallego. Esta semana la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que lo investigue.

Y también salieron a la palestra el exviceministro de Transporte Gabriel García, quien ofició entre 2007 y 2010, y el consejero presidencial Miguel Peñalosa. En calidad de director encargado del Inco, en 2009 García adjudicó dos tramos de la Ruta del Sol, una obra de ingeniería para la conexión vial de doble calzada entre Villeta y la Costa Atlántica. Pero los Nule perdieron y empezó su debacle. Hace una semana, El Nuevo Herald de Miami divulgó una grabación en la que García y Miguel Nule sugieren que Peñalosa presionó para que sacaran a unos contratistas.

Otro interrogante que quiere resolver la justicia, de la misma manera como busca establecer cuáles fueron las verdaderas razones de las 19 visitas que los primos Manuel, Miguel y Guido Nule hicieron a la Casa de Nariño entre 2002 y 2010. Aunque el expresidente Uribe y su exconsejera Claudia Jiménez manifestaron que la última reunión fue para refrendar el compromiso de los Nule de cumplir con sus obligaciones legales, falta que Alicia Arango y el exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno expliquen sus encuentros de 2004 y 2005.

Es evidente que los Nule pretenden que el escándalo se quede en Bogotá y que eventualmente, cayendo los hermanos Iván y Samuel Moreno, alivien sus cargas con la justicia. Pero la compulsa de copias de la Corte Suprema a la Fiscalía para que se investigue al exministro Andrés Uriel Gallego demuestra que su plan se puede ir al traste. Además, hay otro detalle que hace más crítica su situación. Muchos de sus socios de ayer, hoy son acuciosos acreedores que esperan que les devuelvan dineros invertidos por uniones temporales o simples deudas.

En la larga lista aparecen desde Jorge Pino Ricci o el papero Carlos Gutiérrez, hasta el exsuegro Horacio Mendoza. El problema es que buena parte de esas deudas, en criterio de la Contraloría, fueron producto de captación de dinero en algunos casos con tasas de usura superiores a las permitidas por la ley. Podría tratarse de capitales que se invirtieron en las empresas del Grupo Nule en busca de rendimientos financieros o fueron producto de préstamos irregulares entre sus propias empresas. Eso explica la premura por pagarles a algunos.

Y también la confrontación entre quienes ayer gozaban las mieles del imperio económico. Un ejemplo lo demuestra. El cruce de correos que se hicieron en julio de 2010 Miguel Nule y su exesposa Rina Mendoza, en los que el primero insiste en que hay que pagarle US$165.000 a Carlos Gutiérrez y después prioriza a algunos acreedores como de urgente solución. Pero Rina Mendoza responde que Carlos Náder puede joderse porque es un comisionista igual que todos y que a Gutiérrez no le va a dar nada y que los vaya a matar donde estén.

Son piezas sueltas de un enorme rompecabezas nacional donde la flor y nata de la sociedad paga hoy escondederos y los que ayer se regodeaban con los Nule, los niegan más de tres veces. Entre ellos, quienes tampoco quieren recordar la amistad y relaciones sociales y comerciales con las tres asistentes personales de los primos Miguel, Manuel y Guido Nule. En su orden, Lorena Suárez, Claudia Suárez y Marisol González. Los amigos de los Nule lo fueron de ellas, entre los cuales figuró un personaje muy mentado por estos días: el excongresista Carlos Alonso Lucio.

Dos mujeres más también tienen mucho que explicar: Elba Estela Barrera, decisiva para consolidar la primera etapa del Grupo Nule y su transición de Sincelejo a Bogotá; y Beatriz Tamayo Meza, quien se convirtió en soporte administrativo económico para su fortalecimiento a nivel nacional. Los bancos quieren saber de sus créditos. Las compañías de leasing de sus inversiones, los acreedores de sus platas y la justicia de sus secretos. El cuento de Bogotá ya está llegando a su fin, pero la huella Nule en Colombia apenas comienza a descifrarse.

Carrusel de procesados por cuenta de los Nule

Justicia penal: La Fiscalía les ha formulado imputación a Liliana Pardo, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez, exjefe jurídico de la institución; el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, que tienen medida de aseguramiento. La Corte Suprema ordenó la captura del senador Iván Moreno y el excongresista Germán Olano, para escucharlos en indagatoria. Además, compulsó copias para investigar al alcalde Samuel Moreno, al exministro Andrés Uriel Gallego, a varios contratistas y exfuncionarios del Distrito.

Disciplinaria: La Procuraduría ya destituyó al excontralor Moralesrussi y al excongresista Olano. Adelanta proceso al senador Moreno, pediente de audiencia.

Consejo de Estado: Adelanta proceso de pérdida de investidura contra el senador Moreno y el senador Olano. Sigue en etapa previa.

Contraloría: Adelanta proceso contra los Nule, para embargar sus bienes y evitar el detrimento patrimonial del Distrito.

Con trato de primera clase y de segunda

Trato de primera clase y de segunda, en medio de los procesos penales por el escándalo de corrupción, ha sido una de las críticas que se han escuchado frente a la posición y al trato que la Fiscalía les ha brindado a los sospechosos involucrados en la investigación.

A los Nule, que ya reconocieron uno de sus delitos y ahora usan como testigos, les garantizaron condiciones de seguridad y no los sacaron del búnker hasta que les acondicionaron la casa fiscal en La Picota. Pero situación distinta han vivido los acusados por estos sujetos.

Pese a que comparecieron sin problema a todos los llamados y audiencias que les hizo la justicia, funcionarios como Inocencio Meléndez, el excontralor Moralesrussi y ahora el senador Iván Moreno actualmente se encuentran en el patio para políticos de La Picota. Por su parte, la exdirectora del IDU Liliana Pardo ha sido la única que logró el beneficio de prisión domiciliaria.

 

Respuesta de Alicia Arango a este artículo.