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Tema del dia 6 Jul 2013 - 9:00 pm

Sostiene director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega

"Aquí hay grandes intereses en juego"

El Gobierno está empeñado en implementar un sofisticado sistema para recaudar más impuestos y combatir el contrabando que no ha estado exento de controversias.

Por: Diana Carolina Durán Núñez
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El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, asegura que el país necesita mecanismos más efectivos contra el contrabando y la evasión de impuestos. / Archivo

El más ambicioso proyecto del Gobierno para poner en cintura a las mafias del contrabando y a quienes evaden impuestos tiene enfrentados, literalmente, a poderosas multinacionales, empresas de seguridad colombianas, fabricantes nacionales de licor y de cigarrillo e importadores. Todos coinciden en que las multimillonarias ganancias de estos ilícitos negocios ponen en jaque las arcas del Estado y los aportes al sistema de seguridad social, pero no se ponen de acuerdo sobre las formas para atacar estos flagelos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lleva más de tres años intentando implementar un sistema tecnológico sofisticado y prácticamente infalible. No ha sido posible. Los daños colaterales no tienen contento a nadie.

Desde una orilla se habla de favoritismos hacia una empresa en particular. Desde la otra, se señala que quienes tienen el monopolio no quieren soltarlo. El Gobierno navega entre esas aguas turbulentas con la convicción de que, de una u otra manera, hay que ponerles punto final al contrabando y a la evasión de impuestos en relación con los licores y los cigarrillos, que para los departamentos —según cifras de la Federación Nacional de Departamentos— significan el 56% de sus rentas. Por eso Colombia está tratando de ejecutar un sistema de rastreo y de trazabilidad sobre alcoholes y cigarros, poniéndoles a éstos una especie de “huella digital”. Puede sonar en exceso técnico, pero se trata de que la salud en las regiones tenga recursos para sobrevivir.

Esta iniciativa se llama Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (Sunir). Fue incluido, inicialmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y en enero de 2012 se convirtió en un documento Conpes. El objetivo era lograr que quienes recibieran beneficios de las ventas de licores, vinos, aperitivos o tabaco pagaran sus respectivos impuestos al Estado. Y que se hiciera más fácil para las autoridades reconocer qué productos de esta naturaleza habían ingresado al país de manera subrepticia. El documento Conpes incluía un plan de trabajo, según el cual, para el 1° de noviembre de 2012, iniciaría la ejecución del Sunir. Nada más lejos de la realidad: a la fecha ni siquiera la licitación está lista.

“La probabilidad de que el Sunir empiece este año es casi cero”, admitió en entrevista con este diario el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. El evidente retraso de este proyecto se podría explicar a través de un enmarañado cruce de intereses que involucra a las empresas que hoy fabrican las estampillas de los licores nacionales o importados, a las tabacaleras, a las cerveceras y a algunas multinacionales. “El Sunir sólo tiene enemigos, nadie quiere que salga porque aquí hay intereses económicos muy grandes: los cálculos menos optimistas nos dicen que el país pierde al año $500.000 millones por evasión o contrabando. Los únicos que se benefician con el Sunir son los que dependen del sistema de salud pública”, agregó Ortega.

Si el Sunir se implementara, se mediría con precisión cuánto alcohol producen las fábricas departamentales de licor para la venta. Así se sabría cuánto dinero tendrían que pagar ellas por impuestos, cosa que sólo se determina hoy con la información que esas empresas entregan. Según el gerente de la Licorera del Valle, Víctor Julio González, las licoreras ya suministran a las autoridades la información de los volúmenes de alcohol que producen y el Sunir, en cambio, no ataca su problema real: el contrabando y la adulteración. En el Valle, afirma González, se adulteran cinco millones de botellas al año. Su argumento, en resumidas cuentas, es que las empresas legales no son las enemigas del Estado, sino los contrabandistas.

Fernando Jaramillo, vicepresidente de asuntos corporativos de Bavaria, dice que el Sunir “es un sistema moderno que tendrá impacto directo en el cotejo de impuestos, más que cualquier otra cosa”. Otras fuentes de esta compañía, sin embargo, se refieren en términos más despectivos: aseguran que esa “huella digital” no es más que un “hermanito del sello” que ya tienen por ley los licores y cigarrillos, y que hoy se falsifican con bastante facilidad. Martha Patricia González, presidenta de la Asociación Colombia de Importadores de Licores (Acodil), asegura que “el Sunir fue concebido para identificar los productos desde su importación hasta que llegue al consumidor final”, aunque expresa que a este gremio le inquietan los costos que el proyecto pueda generar y si obstaculiza las operaciones logísticas.

De acuerdo con Jerónimo Castillo, gerente contra el comercio ilícito de la British American Tobacco Colombia (BAT), el Sunir es una herramienta útil que, por demás, forma parte de los compromisos adquiridos por Colombia internacionalmente contra el comercio ilícito. “Permite que las autoridades tengan mayor control sobre el origen de los productos de cigarrillos y el destino que los mismos van a tener”, asevera Castillo. Humberto Mora Álvarez, director de asuntos corporativos de Coltabaco, expresa que el Sunir “puede resultar un instrumento útil”; no obstante, refuta que lo urgente es controlar la zona aduanera de La Guajira, por donde entran “más del 90% de los cigarrillos de contrabando”.

Nadie critica al Sunir de frente ni pone en duda públicamente la transparencia del director de la DIAN. No obstante, en el gremio de las cervecerías, de las tabacaleras y de las empresas que hoy fabrican las estampillas de seguridad para los licores departamentales, todo el mundo tiene un reparo contra el proyecto. En especial, sostienen que este es un mecanismo dirigido solamente para las empresas que ya pagan impuestos y sellan sus productos, y que el contrabando difícilmente podrá ser marcado. “Partir de que en el país todo lo legal se marca es errado. Yo no prejuzgo, pero acá hemos visto casos en los cuales un volumen importante de lo producido o importado se vende sin que las autoridades tengan conocimiento”, refuta Ortega.

Pero, en particular, un hecho de mucha relevancia tuvo lugar hace dos semanas: delegados de estos sectores tuvieron una reunión en la sede de la Federación Nacional de Departamentos en Bogotá, en la cual no sólo terminaron concluyendo que el Sunir no servía para nada, sino que, además, alimentaron un grave rumor: que la licitación que la DIAN está estructurando —la entidad está haciendo estudios de mercado— está amarrada y tiene ya nombre propio: Sicpa.

Sicpa es una multinacional suiza que tiene una tecnología tan sofisticada que hoy domina más del 90% del mercado mundial en materia de tintas de seguridad. Con éstas se fabrican, por ejemplo, los dólares, los euros y los yuanes. El Banco de la República de Colombia es cliente suyo desde hace más de cinco décadas. Sus compradores son sólo gobiernos. Sicpa es, además, la empresa que ha llevado a cabo iniciativas similares al Sunir en países como Turquía, Albania o Brasil. Según un artículo del Chicago Tribune de 2010, la tecnología de Sicpa ayudó al gobierno brasileño a aumentar su recaudo de impuestos de licores y cigarrillos en un 22% y al de Turquía en un 32%.

Contra Sicpa se han hecho también acusaciones. Un portal de periodismo investigativo, llamado Balkan Insight, publicó un artículo en 2010 asegurando que la exclusiva concesión que había obtenido la multinacional en Albania por 35 años no había sido limpia, que los beneficios de esta tecnología no eran claros y que sus “huellas digitales” no cumplían con estándares internacionales. En Brasil, en 2012, el senador Álvaro Dias cuestionó ante el ministro de Hacienda, Guido Mantega, la transparencia del contrato adjudicado a Sicpa. El Espectador confirmó con una colaboradora del senador Dias, sin embargo, que después de esa manifestación pública no se había hecho nada más al respecto.

Decir que sin licitación el Sunir ya tiene dueño es una aseveración de alto calibre y significaría un escándalo mayúsculo de corrupción. Sobre todo si se tiene en cuenta que, aunque esta adjudicación aún no se ha cuantificado, se sabe de antemano que representará millones de dólares para quien se la gane. No obstante, hasta la fecha, ninguna de las fuentes consultadas por este diario ofrecieron una prueba sólida de los supuestos nexos entre la multinacional Sicpa y algún funcionario del Gobierno. “Aquí todo el mundo está con ese cuento para desacreditar el proceso, para hundirlo”, indicó Ortega. El Espectador se comunicó con voceros de la multinacional pero se abstuvieron de pronunciarse.

Se habló de una supuesta interferencia de Sicpa a través de la Federación Nacional de Departamentos, que tuvo un rol activo en la redacción del documento Conpes de 2012. “Si de algo se queja la Federación es de que no los estamos haciendo parte del proceso”, indicó Ortega al rechazar cualquier vínculo con Sicpa por ese medio. El presidente de la Federación, Germán Chica, manifestó lo mismo: “Los gobernadores de Colombia dieron un apoyo irrestricto al Sunir, pero no estamos siendo informados del proyecto”. Chica, además, puso el dedo en la llaga: “El proyecto Sunir, por su audacia y por lo ambicioso en cuanto al aumento de recaudo de impuestos y control de contrabando, toca lógicamente intereses”.

En 2010, cuando el segundo período de Álvaro Uribe estaba a punto de finalizar, se expidió un decreto dándole vida al “Susir”, que fue el antecesor del Sunir. El decreto fue demandado ante el Consejo de Estado, alegándose que se violaba la autonomía fiscal de los departamentos y que el Gobierno no tenía la competencia para hacer un sistema de esa naturaleza. Hace un par de meses el alto tribunal falló en contravía de esos argumentos: el Gobierno tiene la obligación de asegurar que a las arcas del Estado ingresen los impuestos que la ley exige, así como de dotarse de la tecnología necesaria para lograr un “eficaz ejercicio de control y fiscalización”. El problema ahora está en lograr que esta iniciativa sobreviva a la cantidad de intereses encontrados que la rodean.

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