Lo que se viene del carrusel

Los primos Manuel (izq.), Miguel y Guido Nule, en juicio, al lado de su socio Mauricio Galofre. / Archivo

Una investigación en contra de la esposa del exsenador Iván Moreno Rojas; seis imputaciones y cinco archivos respecto de las pesquisas en contra de 19 concejales de Bogotá; un nuevo expediente contra el exalcalde Samuel Moreno por la aparentemente irregular designación de gerentes de hospitales como cuotas políticas durante su mandato; ocho acusaciones contra exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y nuevas indagaciones contra los primos Manuel, Miguel y Guido Nule constituyen hoy la radiografía del carrusel de la contratación en Bogotá.

Un detallado informe conocido por El Espectador da cuenta de estas averiguaciones y las que vienen. No obstante, está claro que quizás desde el proceso 8.000, ningún caso había sido tan accidentado como el del cartel del Distrito. Intereses cruzados de políticos, contratistas, intermediarios y delatores han convertido este expediente en un pulso de negociaciones interminables para evitar carcelazos o largas condenas. El debate sobre hasta dónde estirar estas concesiones volvió a ocupar la agenda nacional esta semana, por cuenta de lo que ha prometido decir el empresario Emilio Tapia.

Según la bitácora de la Fiscalía, están terminando de estructurarse seis imputaciones contra los concejales sobre los que hay documentos, testimonios y otras evidencias que los relacionan con el cartel. Este diario supo que quienes aparecen en el primer lugar de estas indagaciones son Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado, Édgar Alfonso Torrado, Fernando Rojas, Orlando Parada y Jorge Durán Silva. Asimismo, el organismo investigador continúa recabando información sobre nueve cabildantes de los que aún no se tienen bases sólidas para imputarlos.

Aunque el documento al que tuvo acceso este diario no dice el nombre de un alto exfuncionario de la pasada administración que sería imputado en los próximos días, El Espectador está en capacidad de afirmar que se trata del exsecretario de Salud Héctor Zambrano. Su nombre ha sido mencionado más que nunca esta semana debido a las filtraciones de lo que le ha anticipado Emilio Tapia a la Fiscalía. Revelaciones divulgadas por la revista Semana y el diario El Tiempo. En especial, en lo que se refiere al contrato de ambulancias por un valor de $67 mil millones y firmado en 2009, del que se habría favorecido al exconcejal Hipólito Moreno.

El organismo investigativo tiene programada para el próximo 16 de octubre fecha de audiencia ante el Juzgado 11 Penal del Circuito en el caso del detenido exalcalde Samuel Moreno Rojas. Su proceso, en vez de irse decantando, terminó enredado por compromisos que la Fiscalía les prometió a los Nule y que no les cumplió. Por esa razón, los condenados contratistas dijeron que no iban a hablar más y que tampoco serían testigos en contra de Samuel Moreno o los demás salpicados por ellos. Al margen de esos cálculos, el fiscal delegado ante la Corte, José Ricardo González, ha llevado este proceso con cautela.

De acuerdo con el reporte conocido por este diario, ante el Juzgado 38 Penal del Circuito ,los días 6, 7 y 8 de noviembre se fijó audiencia de acusación en contra de los primos Nule y de Mauricio Galofre por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, falsedad y fraude procesal. Justamente los cuatro cargos que habían sido negociados en tiempos de la Fiscalía de Viviane Morales para otorgarles un principio de oportunidad (que los dejaran de investigar a cambio de entregar información valiosa) y que la administración Montealegre consideró contraproducente en el marco de esta investigación.

Asimismo, vienen en camino según la Fiscalía ocho acusaciones contra exfuncionarios del IDU por el desastre de la malla vial en Bogotá y la sucesión de desfalcos en la construcción de la Fase III de Transmilenio. Y, por supuesto, otra acusación en contra de Emilio Tapia, procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación. El último cargo de concierto para delinquir ya lo aceptó ante un juez de la República y, en libertad, espera su sentencia.

Uno de los aspectos claves del informe de la Fiscalía es que se revela que hay cuatro investigaciones paralelas en contra de los Nule por posibles episodios de corrupción ya denunciados, que se perfilan hacia la formulación de imputación. Son los casos relacionados con la construcción del corredor Isnos-Paletará-Popayán (que fue asumido por dos firmas nuevas luego de que los Nule abandonaran las obras), las adecuaciones en cárceles de Medellín y los escándalos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde también hubo irregularidades.

Por el lado de la familia de Iván Moreno Rojas, las cosas no son mejores. Además de la destitución e inhabilidad por 20 años que le impuso la Procuraduría —también está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia—, este diario conoció un proyecto de fallo del Consejo de Estado para decretar su pérdida de investidura (ver nota anexa en la página 6). Pero además la Fiscalía adelanta una investigación en contra de su esposa Lucy Luna de Moreno por el delito de concusión, relacionado con la concesión de unas gasolineras sobre la autopista Bogotá-Girardot.

Por último, en esta radiografía figuran nueve investigaciones contra igual número de integrantes del comité de adjudicaciones del IDU por donde pasaron las contrataciones chuecas de las que supuestamente se beneficiaron, entre otros, Emilio Tapia, el abogado Álvaro Dávila y el contratista Julio Gómez —ya condenado—. Sobre este último el documento añade que las múltiples irregularidades en la construcción del Hospital de Meissen son ilustrativas de lo ocurrido en la pasada administración. El exdirector de ese hospital Carlos Lizcano también aparece procesado.

Además, existe otra pesquisa en contra de Samuel Moreno Rojas porque, presuntamente, asignó cuotas políticas en estos hospitales distritales para que algunos concejales tuvieran una participación burocrática dentro de su gobierno. Es decir, aceitaba su maquinaria política. Son muchas las aristas de un proceso tan complejo como el del carrusel de la contratación. Después de dos años aún no se conoce la suerte judicial de la exdirectora del IDU Liliana Pardo o del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi. Entretanto, Emilio Tapia sigue negociando.

En Twitter @jdlaverde9