Una Fiscalía para la paz

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y el vicefiscal, Jorge Perdomo, en la radicación de la ley para reformar el organismo investigativo. / Fiscalía

Varios factores se conjugaron para que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le planteara al presidente Juan Manuel Santos la necesidad de hacer una profunda reforma al ente acusador: la falta de infraestructura y personal suficiente para abordar los procesos, la necesidad de introducir un nuevo sistema de investigación penal como estrategia de política criminal, la urgencia de profesionalizar a los miembros de la entidad y, la más importante, adaptar el funcionamiento al gran reto del actual gobierno, el proceso de paz.

Tal y como advirtió el primer mandatario el pasado 4 de septiembre, cuando anunció oficialmente el inicio de las negociaciones con las Farc para encontrar una salida al conflicto armado, uno de los puntos principales del acuerdo que se había adelantado con los negociadores de la guerrilla tiene que ver con la reparación. “Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas. Satisfacer los derechos es una obligación de todos y eso significa emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad”, afirmó Santos.

Por eso ayer, ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, Gobierno y Fiscalía radicaron un proyecto de ley que busca otorgarle facultades extraordinarias al presidente Santos para efectuar una reforma al ente acusador, buscando abonar el camino no solo en la lucha contra la criminalidad, sino también de cara a la paz.

Así lo reconoce el vicefiscal, Jorge Perdomo: “si el proceso de paz se llega a concretar, la Fiscalía tiene que estar preparada para ello. Nosotros, en ese eventual caso, tendríamos que solucionar, por vía judicial, parte de ese proceso y es como ha venido sucediendo, por ejemplo, con la Ley de Justicia y Paz. Ello implica unos enormes desafíos investigativos, una profesionalización de nuestros funcionarios y a eso apunta esta reforma”.

Por este motivo, el principal reto para la Fiscalía en la actualidad, y en la eventualidad de que se logre un acuerdo para la paz con las Farc, es contar con las herramientas para cumplir con los principios rectores de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.

La experiencia hasta ahora ha sido calificada como un fracaso. Así sucedió en el proceso de paz con los paramilitares, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Hoy, después de siete años de aprobada la Ley de Justicia y Paz, no hay más de 10 sentencias en contra de exparamilitares, la reparación ha sido casi nula y los desmovilizados no han colaborado de forma efectiva con el esclarecimiento de los hechos criminales.

Para no repetir estos errores, el Gobierno y la Fiscalía han venido trabajando en articular las leyes de Justicia y Paz, de Víctimas y Restitución de Tierras y el acto legislativo del Marco Legal para la Paz. Y es así como surgió la necesidad de fortalecer la Fiscalía General de la Nación y hacer la reforma de fondo que ayer fue radicada en el Congreso.

Según señala el artículo transitorio 66, del Marco Legal para la Paz: “Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal”. Un gran reto para la entidad en caso de que se llegue a un acuerdo para la paz con las Farc.

Al respecto, Perdomo sostiene que “la priorización es una de las herramientas más importantes, pero debemos contar con nuevas estrategias de investigación, de lucha contra la criminalidad organizada. No se puede hablar de la investigación de un hecho individual, tiene que ser una investigación contextual, de contextos de macrocriminalidad, porque así se pueden desarticular las bandas de delincuencia organizada”.

Además, la reforma a la Ley de Justicia y Paz obliga a la Fiscalía a tener un rol protagónico en materia de investigación penal contra los exparamilitares, esclarecimiento de la verdad y búsqueda de los bienes de los desmovilizados. Así las cosas, la estructura actual de la entidad resultaba inocua.

Señala la reforma que la Fiscalía tomará todas las medidas necesarias para perseguir los bienes que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado, investigará el paradero de personas desaparecidas o secuestradas, velará por la protección de víctimas y testigos y definirá los criterios de priorización en las investigaciones contra los exparamilitares.

Del mismo modo opina el ministro de Interior, Fernando Carrillo, quien reconoció que “el funcionamiento actual de la Fiscalía no es el mejor, en los últimos 20 años se han hecho pequeñas reformas que la han convertido en una colcha de retazos y ya es hora de hacer una reestructuración de fondo, acorde con la responsabilidad histórica que tiene la entidad. Sin duda estamos hablando de un compromiso por la paz y, más allá de la paz, con el posconflicto, con la reparación de las víctimas”.

Otro de los factores que plantea la reforma es la profesionalización de los miembros de la Fiscalía. En la actualidad, la planta de personal de la entidad no está suficientemente capacitada para asumir los retos que enfrenta. Por este motivo, según señaló el ministro Carrillo, “lo que se busca es una verdadera tecnificación de la investigación criminal”.

El proyecto de ley que le otorga facultades extraordinarias al presidente Santos para reformar la Fiscalía fue radicado ayer y ya se anunció la presentación de una solicitud de trámite de urgencia por parte de la ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, para que sea aprobada antes de finalizar el año. La idea es que la Fiscalía se convierta en el principal soporte de la paz que propone el mandatario.