La pelea por descontaminar el río Bogotá

Foto: Cortesía

Esta es una de las obras a cargo del Acueducto de Bogotá en el plan de saneamiento del río: el interceptor Fucha-Tunjuelo

Hace 20 años, con el propósito de reparar los daños causados al municipio de Sibaté (Cundinamarca) por la contaminación de las aguas del río Bogotá y del embalse del Muña, un grupo de ciudadanos presentó una acción popular que en 2004 puso a Bogotá, a 42 municipios de Cundinamarca, al departamento y a varias entidades públicas y privadas a proveer soluciones definitivas a un dilema ecológico y social de toda la región. Esta semana, con una audiencia pública en el

Consejo de Estado, se comienza a despejar el horizonte de este multimillonario pleito, que ya evalúan los organismos de control.
Sin embargo, esta historia de nunca acabar se remonta a por lo menos 50 años atrás, porque se origina en el problema creciente y crítico de la contaminación del río Bogotá. Desde 1962 hasta la fecha en que se interpuso la acción popular se contrataron y realizaron más de 20 estudios para la limpieza de esta cuenca hídrica. Todos los gobiernos y alcaldías gastaron dinero en planes que nunca se concretaron por falta de recursos. Hasta que la Constitución de 1991 creó la acción popular y fueron los ciudadanos quienes marcaron la diferencia.

Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se tomó el asunto en serio y puso a entidades públicas y privadas a dar explicaciones para fijar responsabilidades en la contaminación del río Bogotá, sólo en agosto de 2004, es decir, 12 años después de interpuesta la demanda, emitió su fallo. En ese momento se hizo justicia. Por acción y por omisión, todos los habitantes e industrias que habían realizado vertimientos en el río quedaron comprometidos a aportar a la solución. Pero fue mayor la obligación para las entidades públicas.

Los ministerios, la CAR, las empresas de servicios públicos y otras dependencias quedaron conminados a constituir una Mesa de Solución Técnica Integral para la descontaminación del río Bogotá. Y dentro de las acciones a seguir, además de imponer la ampliación de la planta de tratamiento del Salitre, ordenó construir varios interceptores en la cuenca media del río para atenuar la contaminación. El principal de ellos, denominado Tunjuelo-Canoas, era clave para mitigar el desastre ambiental del río a su paso por Bogotá.

No en vano las autoridades ambientales ya tenían diagnosticado que aunque el río Bogotá en su recorrido desde Villapinzón hasta Girardot, donde tributa sus aguas al río Magdalena, drena las aguas de 6.000 kilómetros cuadrados, donde habitan más de ocho millones de personas, incluyendo el Distrito Capital, es Bogotá el principal promotor de la contaminación. A lo largo de la cuenca del río habita el 19% de la población del país y se genera el 26% de la actividad económica nacional. Pero es la capital de la República el dilema mayor. 

Por eso, el interceptor Tunjuelo-Canoas, una obra de ingeniería para canalizar las aguas del río a la altura del municipio de Soacha para llevarlas a una planta de tratamiento y después devolverlas a la cuenca descontaminadas, significaba la obra fundamental, según la orden del Tribunal de Cundinamarca. Lo que no estaba previsto es que en el país de los abogados, todos los involucrados iban a apelar la decisión. Desde entonces han transcurrido ocho años más de recursos y alegatos y la cloaca del río Bogotá sigue causando estragos.

En su momento, como respuesta directa a la sentencia judicial, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió un documento Conpes donde trazó un plan de acción con proyecciones económicas, fuentes de financiación y detalles técnicos. El diagnóstico dejó claro en el asunto específico de la planta de tratamiento y el interceptor Tunjuelo-Canoas que la obra debía estar lista antes de 2009. En consecuencia, en los sucesivos meses, entidades públicas y privadas empezaron a firmar convenios para cumplir el objetivo.

Pero a pesar de los acuerdos de cooperación entre la Empresa de Acueducto de Bogotá, el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR, entre otros organismos, el tiempo siguió pasando y la obra esencial sin los avances necesarios. La razón: los dilemas económicos y técnicos alrededor de la ubicación de la planta de tratamiento y su financiación. Una pelea que obligó al Consejo de Estado a aplazar una decisión de fondo en la acción popular, y al magistrado ponente, Marco Antonio Velilla, a volverse prácticamente ingeniero.

En el camino se atravesó la contralora general, Sandra Morelli, quien en abril de 2011 expidió una función de advertencia para manifestar que el programa de saneamiento del río Bogotá, ya en marcha, no tenía soporte financiero, presupuestal, técnico y legal suficiente. Además, advirtió que la construcción, operación y mantenimiento de una estación de bombeo en Canoas (Soacha), anexa a la planta de tratamiento ordenada por el Tribunal de Cundinamarca, estimada en US$81 millones, podía causar afectación a los recursos públicos.

Dos meses después, a través de un informe de auditoría conjunta, la propia contralora Morelli, en asocio con los contralores de Cundinamarca, Bogotá y Soacha, diagnosticaron con precisión los errores en que se estaba incurriendo para la realización de los trabajos del programa de descontaminación del río Bogotá. Hasta ese momento, como quedó formalizado semanas más tarde a través de un convenio interinstitucional de apoyo, la firma Emgesa S.A. y la Empresa de Acueducto de Bogotá compartían criterios técnicos en la obra.

Sin embargo, con el cambio de gobierno en el Distrito Capital, esta unidad de puntos de vista respecto al interceptor Tunjuelo-Canoas y sus obras anexas se fue al traste. La diferencia quedó planteada en términos específicos. La Empresa de Acueducto no vio reparos en canalizar las aguas del río Bogotá desde Tunjuelo, pero observó que la planta de tratamiento podía resultar más económica en el sector de El Charquito, aguas abajo de Canoas, pero que de hacerse en este último lugar, no consideraba viable otra obra incluida en el convenio.

Se refería a la estación de bombeo añadida a la planta de tratamiento de Canoas, que le garantiza a Emgesa la posibilidad de fortalecer su negocio de generadora de energía. Y ese fue precisamente el desacuerdo de la Empresa de Acueducto, sintetizado en un argumento: no hay oposición a hacer la planta de tratamiento de aguas contaminadas del río Bogotá en Tunjuelo, Canoas o El Charquito, pero la entidad distrital no tiene por qué invertir dineros públicos e incluso aumentar tarifas (6,4% ) a los ciudadanos para ayudarle a Emgesa.

El otro lío que se armó llegó por cuenta de algunas modificaciones en el trazado original de las obras por parte del Acueducto. Con la justificación de que tuvo que hacerlo por la calidad de los suelos y porque había problemas de propiedad de predios, en efecto, la entidad distrital reubicó uno de los pozos, el ITC12, justamente en el sector donde estaba previsto construir la planta de bombeo. Además, con la variación de la obra se hizo necesario ampliar el tramo de la canalización con los debidos sobrecostos para la multimillonaria obra.

La pugna técnica obligó al consejero ponente, Marco Antonio Velilla, a aplazar su decisión de fondo y, como medida cautelar, suspender la obra Tunjuelo-Canoas. A través de una decisión adoptada el 26 de julio de 2012, el jurista dispuso que hasta tanto no se aclararan los aspectos dudosos en cuanto a los diseños, ubicación, especificaciones técnicas, financieras y ambientales de la obra, y en general al proceso mismo de contratación, no era posible darle vía libre al principal objeto de la controversia planteada en la acción popular.

Esta intervención suscitó un nuevo pulso jurídico. Emgesa apoyó la medida acusando al Acueducto de improvisación, cambios sobre la marcha y desconocimiento de un trabajo conjunto a lo largo de los años, incluyendo la planta de bombeo en Canoas. El Distrito, a través del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), le pidió al consejero levantar la medida para no dilatar más el tratamiento de las aguas del río. En otras palabras, así mediara un buen propósito, pidió evitar más perjuicios al interés público.

La Empresa de Acueducto de Bogotá precisó que paralizar la obra causaba un enorme perjuicio, entre otros aspectos porque el túnel de emergencia estaba terminado y apenas faltaban algunos centenares de metros para concluir el interceptor. Además, precisó que detener la obra era permitir que dos tuneladoras quedaran enterradas a cerca de 63 y 69 metros de profundidad. La Empresa recordó que ya la obra estaba dando beneficios, como la opción de evacuar aguas lluvias al occidente de Bogotá en tiempos de crudo invierno.

El consejero Marco Antonio Velilla decidió tomar cartas en el asunto y además de revisar toda la documentación del caso, adelantó una inspección judicial. Primero concluyó que el Acueducto, en consentimiento con el contratista, eliminó el pozo de la discordia, es decir el ITC-12, aprobado en el sector de Canoas. Lo hizo por falta de titularidad del predio, reubicando la obra en el lote Invías. Sin embargo, detectó también que este segundo predio no ha sido entregado, situación que debe ser remediada de inmediato.

Tras aceptar que estaban aclarados los aspectos dudosos de la obra, y con el propósito de evitar más dilaciones al plan de descontaminación del río, el pasado lunes 29 de octubre el consejero Velilla levantó la medida cautelar, ordenó la entrega inmediata del predio Invías y les dio 10 días a los contratistas para aportar una solución de mínimo costo para el tema del pozo ITC-12, así como para la extracción de las máquinas situadas a 63 y 69 metros de profundidad. Velilla agregó que todas las partes interesadas debían ser notificadas.

Según conoció El Espectador, el objetivo del Consejo de Estado es concluyente: mañana 14 de noviembre debe realizarse una audiencia pública final sobre los objetivos de la acción popular y después de los alegatos de la partes, en breve tiempo, debe darse una sentencia. Después de dos décadas de contrapunteo judicial, con igual extensión de tiempo constatando como el río Bogotá sigue arrastrando desperdicios y contaminación a través de su cuenca, el reclamo de varios ciudadanos está a punto de obtener una adecuada respuesta del Estado.

Los responsables de la contaminación del río

Más de 1.000 toneladas de residuos sólidos y materia orgánica, que a diario vierten 42 municipios ribereños y la capital del país, han contaminado el río Bogotá con metales pesados y bacterias como coliformes totales y fecales.

El río nace en el municipio de Villapinzón y desemboca en el río Magdalena, en Girardot. Veinte mil colombianos lo utilizan para el desarrollo de actividades productivas (mataderos, producciones de papa, pasteurizadoras y curtiembres) y actividades humanas (condominios, colegios, cárceles y urbanizaciones).

Los responsables de la contaminación del río Bogotá, por acción u omisión son los ministerios de Medio Ambiente, de Minas y de Agricultura. Otros son las CAR, la capital del país, la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Empresa de Energía de Bogotá, el departamento de Cundinamarca y los 42 municipios, además de industrias y empresas privadas.

El lío de las máquinas tuneladoras

Una cosa es que las obras del interceptor Tunjuelo-Canoas y la del túnel de emergencia hayan sido suspendidas por el Consejo de Estado por considerar dudosa su ejecución y contratación (agosto de 2012), lo cual genera pérdidas económicas que no se han cuantificado oficialmente. Y otra muy diferente es el lucro cesante que se le ha originado al consorcio Oderbrech-Cass, encargado de la ejecución de las obras, por tener, desde el 10 de julio de 2011, una máquina tuneladora enterrada a 63 metros de profundidad. De acuerdo con el contratista, la tuneladora se encuentra atrapada debido a que la Empresa de Acueducto no tuvo el predio por donde se debía sacar dicha máquina en la fecha establecida en el cronograma de obras. Según cuentas del consorcio, el sobrecosto está cerca de los $8.000 millones, cifra que surge después de sumar la inversión, el mantenimiento bajo tierra y el costo de los equipos auxiliares que no permiten que la máquina quede sepultada, esto sin sumar el dinero perdido por el lucro cesante.