Ruth Stella Correa: "Pensé que todo iba a ser más difícil"

La ministra de Justicia Ruth Stella Correa. / Archivo-El Espectador

Seis meses después de haber aceptado el Ministerio de Justicia, con un paro que no termina de resolverse, denuncias sobre hacinamientos en las cárceles o graves problemas de salud de los internos y unos proyectos de ley que serán claves para la descongestión judicial, Ruth Stella Correa se muestra confiada en lo que se le viene por delante en este 2013. En diálogo con El Espectador, señaló que está tratando de corregir el rumbo de unos problemas estructurales que estuvieron abandonados, que hay delitos menores que no deberían pagarse en las cárceles para menguar el hacinamiento y que se invertirán unos $105.000 millones para construir nuevos cupos carcelarios.

¿Cuál ha sido el mayor desafío?

Tanto el paro judicial como el problema de hacinamiento en las cárceles han sido problemas muy importantes. En ambos dedicamos nuestro esfuerzo sin descuidar las demás funciones del Ministerio. Hemos estado asumiendo estos problemas que se fueron envejeciendo y que de pronto habían crecido tanto que casi que resultaron inmanejables.

¿Pensó que iba a ser tan difícil?

Pensé que iba a ser más difícil. Todos los temas que hay en justicia tienen mucho impacto.

¿Cómo va el tema de la salud en las cárceles?

No queremos dar una solución inmediata, simplemente para superar momentáneamente el problema. Queremos que quede definitivamente solucionado. El nuevo sistema de salud aborda toda la problemática; parte del supuesto puede ser prestado por EPS públicas o privadas en franca competencia por medio de un proceso transparente en el que se haga una selección objetiva. Esa prestación del servicio se extenderá, incluso, a los hijos menores de tres años que convivan con sus madres reclusas en los establecimientos carcelarios. Ese servicio se prestará en igualdad de condiciones.

¿Cómo se manejará entonces el servicio de las EPS?

Vamos a establecer la UPC diferencial, lo que hará atractivo la prestación del servicio. La UPC es la Unidad de Pago por Capitación. Se parte de la conciencia, por eso se expide el decreto, para que la población carcelaria use el sistema de salud con muchísima más frecuencia de lo que lo hace el resto de la población. Esa conciencia de que el uso es superior da lugar a entender que la UPC que debe pagarse debe ser superior a la que se paga en condiciones normales.

¿Y respecto a las demás problemáticas?

Se empieza con el convenio que se hizo con Fonade, para la construcción de 10 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). Ese convenio tuvo algunas dificultades. Hay dos o tres ERON que no hemos podido recibir por las dificultades de infraestructura que presentan. Hemos adoptado las medidas necesarias, para determinar mediante los organismos de control la responsabilidad a que haya lugar. Hemos compulsado copias con el objeto de que esa responsabilidad se haga efectiva. En relación con el futuro, el 2013 va a ser un año de construcción de nuevos cupos carcelarios. Se está haciendo un análisis de cuáles centros carcelarios permiten ampliación y vamos a ejecutar $105.000 millones. Además la Corporación Andina de Fomento (CAF) hace casi dos años viene trabajando en la estructuración de un proyecto, para la construcción de unas megacárceles.

¿Cómo serían esas megacárceles?

Hablamos de un establecimiento con capacidad para 4.500 internos. Hoy en día contamos con cárceles con más población que esa. Cuando hablamos de megacárceles, no es tanto por la capacidad de albergar a muchos internos, sino por la infraestructura que tienen. Esos establecimientos serán una revolución en el sistema penitenciario, porque tienen incorporadas edificaciones para hospitales, juzgados. Cuesta muchísimo dentro del mantenimiento de los internos el traslado, bien sea para la prestación del servicio de salud o bien sea para audiencias. Las megacárceles parten del supuesto de tener incorporados esos dos servicios. Inclusive hemos estado conversando con el señor fiscal sobre la importancia de tener fiscales en esas edificaciones. Trasladar un interno genera mucha inseguridad, especialmente ciertos internos.

Hace poco el director del Inpec dijo que la cifra de población carcelaria había crecido mucho por culpa de cambios en la legislación que habían aumentado penas o penalizado ciertas conductas. ¿Cómo adecuar la política criminal, para evitar que las cárceles se sigan llenando de gente?

Estamos preparando un documento de política criminal que se enfoca en privilegiar la libertad sobre la prisión. Eso no significa que no vaya a haber acción penal o condenas, sino que se va a buscar una alternativa para pagarlas. No todos los delitos que se cometen ameritan prisión. Es posible que haya delitos que causan mínima afectación a la sociedad, cuya pena puede ser pagada extramuros. Ahora, hay delitos que agreden tanto a la sociedad que sí es necesario que los delincuentes sean detenidos. Me refiero a un atraco a mano armada, un delito sexual, una extorsión, un secuestro, trata de personas, desplazamiento y homicidios, entre otros.

¿Qué alternativas se plantean para esos delitos ‘leves’?

Pueden ser restricciones para salir del país, presentaciones permanentes ante autoridades judiciales o carcelarias. Es decir, no se tiene el absoluto uso del derecho a la libertad ,sino que ese derecho tiene restricciones, como sucede con una libertad condicional.

¿Cree que en Colombia hay populismo punitivo y un uso exagerado de la medida de aseguramiento en Colombia?

No quiero calificar lo que sucede hoy en Colombia. Lo que quiero es apostarle a mejorar la situación. La propuesta de una nueva política criminal y la modificación del código penitenciario no tiene como único objetivo deshacinar cárceles; el objetivo es lograr la resocialización del individuo. Y en este grado de hacinamiento y con la situación de nuestras cárceles, la resocialización no se logra.

El sistema judicial colombiano es demasiado lento. ¿Qué se está haciendo al respecto?

En los últimos años, se han adoptado varias medidas. Tenemos un país con alta litigiosidad, lo que da lugar a que haya una gran congestión, y a eso le sumamos que tenemos un insuficiente número de funcionarios judiciales. Lo que necesitamos es ampliar adecuadamente la planta de jueces y fiscales que existe, para que nuestra justicia sea más pronta. Además, estamos implementando la justicia on-line: usted podrá presentar su demanda vía Internet, y por esa vía le van a contestar. Por supuesto que eso toma un tiempo.

¿Cómo ampliar el número de funcionarios?

El Consejo Superior de la Judicatura está tomando algunas definiciones sobre convertir alguna parte de ese personal de descongestión en personal de planta. La decisión sobre cuántos jueces hay, dónde están ubicados, cómo se reparte el mapa judicial, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura en aplicación de su autonomía.

¿Va a haber más plata para la Rama Judicial el próximo año?

Hay $3 billones más en los próximos seis años. Mire, hay $2 billones sólo para inversión y hay 1 billón 220.000 millones para aumento del sueldo de los funcionarios entre enero del 2013 y enero del 2018.

Ya que tocamos el tema de salarios, ¿cómo va el paro judicial? Porque hay una disidencia de Asonal que dice el paro continuará...

Nosotros firmamos con el representante de Asonal Judicial, entre otros representantes de organizaciones sindicales que estaban sentados en la mesa y logramos el mejor acuerdo que ha tenido la rama en 20 años: el reconocimiento de un derecho que no se había cumplido. Este ha sido un Gobierno que ha tomado las vías del diálogo, a fin de llegar a un acuerdo. Acuerdo que irracionalmente fue desconocido por una disidencia. Estamos próximos a terminar la mesa técnica que establecerá cuáles serán los porcentajes de remuneración en adelante. Creemos que resultarán tan bondadosos que seguramente van a ser aceptados sin dificultad. De todas maneras, los organismos de control iniciaron las investigaciones por no prestación del servicio, por entorpecimiento a los demás en la prestación del servicio y sobre todo por los pagos que se han realizado sin que se haya prestado el servicio, con lo cual se causó detrimento patrimonial.

Hubo quienes pidieron su renuncia por el paro judicial. ¿Qué tan responsable se considera?

No es por cuenta de la ministra de Justicia que el paro continúe. El paro se prolongó, debido a la división dentro de la organización sindical. Si no hubiera existido, hubiéramos llegado a un acuerdo muy rápidamente, ni siquiera nos habríamos demorado los 29 días.

¿Cuál será su cruzada del próximo año?

Tenemos varios frentes. El próximo año vamos a presentar al Congreso tanto el estatuto de drogas como la modificación al Código Penitenciario. Asimismo, vamos a emprender la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y vamos a darle un fuerte impulso no solamente a la construcción, sino al seguimiento del funcionamiento de las Casas de Justicia, que es uno de los programas importantes que tenemos. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces después de entregar la Casa de Justicia, los alcaldes abandonan la obligación de mantenerla y entonces se convierte en algo inútil.

¿Cómo va la justicia transicional?

Ya se han tomado medidas. Acaba de expedirse una norma que fue impulsada de manera decidida por parte del Ministerio de Justicia, en la cual se hace una modificación a la Ley de Justicia y Paz. Por medio de esa norma, se establece claramente que sólo aquellos postulados que hayan realmente cumplido con los requerimientos de verdad, justicia y reparación tienen derecho a una pena alternativa. Precisamente, la Fiscalía ha estado anunciando la exclusión de Justicia y Paz de un número importante de personas, porque han incumplido con esa Ley. Como usted ve aquí, los temas son miles. Acabamos de inscribir al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en el programa de transparencia de la Presidencia, porque no vamos a aceptar la corrupción.

Se van a cumplir 15 años desde que la Corte volvió a permitir la extradición, y el número de extraditados no hace sino crecer. ¿Hay alguna forma de reducir esta cifra?

Lo que pasa es que la extradición no se presenta, porque la justicia nacional sea débil, sino porque se delinque en otro Estado. Eso es cosa del Sistema Internacional.