Fin al novelón del caso 'Job'

Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Casa de Nariño entre 2007 y 2010. / Archivo - El Espectador

Sin mayor resonancia, el pasado 3 de noviembre el procurador Alejandro Ordóñez le puso punto final al novelón del exsecretario jurídico de Palacio Edmundo del Castillo, procesado por la reunión que se realizó en abril de 2008 en la Casa de Nariño, a la cual asistieron emisarios del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. En dicho encuentro estuvieron el jefe de prensa de la Casa de Nariño César Mauricio Velásquez, el designado embajador Juan José Chaux, la funcionaria del DAS Marta Leal, el desmovilizado Antonio López, alias Job, y el abogado de Murillo, Diego Álvarez.

Ese día los emisarios del temido exjefe de las autodefensas llegaron a la sede presidencial para entregar varios audios y un video de exparamilitares y de un exregistrador de nombre Henry Anaya, que se presentaba como enlace de la Corte Suprema, en los que supuestamente se concluía que el alto tribunal estaba fraguando un complot contra el entonces presidente Álvaro Uribe. El exdirector de informática del DAS Rafael García fue uno de los grabados clandestinamente por Don Berna. El objetivo de los paramilitares era sacarle información a García para congraciarse con el Gobierno.

Durante el encuentro, llevado a cabo en la oficina de Del Castillo, los emisarios de Don Berna les dieron a conocer las grabaciones a los funcionarios de Palacio. El entonces secretario jurídico invitó a esa reunión a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, ya que le habían informado de lo que supuestamente contenían los archivos entregados por los enlaces del exjefe paramilitar. Hurtado delegó a la subdirectora de operaciones, Marta Leal, para que la reemplazara. Según se desprende del expediente, el material fue examinado sin que lo aportado constituyera realmente prueba del supuesto complot contra la Casa de Nariño.

En agosto de 2008, la revista Semana publicó un artículo titulado “El complot de los ‘paras’”, en donde informó del encuentro señalando que los asistentes habían ingresado a Palacio por el sótano y sin quedar registrados, que la verdadera conspiración había sido urdida por las autodefensas y que tenía como propósito evitar la extradición de Don Berna. La revelación provocó un escándalo de talla mayor y agudizó el enfrentamiento entre la Corte y el Gobierno. El entonces presidente del alto tribunal, Francisco Ricaurte, se despachó denunciando que desde la Presidencia se buscaba desestabilizar el trabajo de la Corte por sus investigaciones sobre la parapolítica. Uribe respondió hablando de un cartel de testigos falsos.

La Procuraduría inició una investigación y en 2010 absolvió en primera instancia a Del Castillo. El presidente de la Corte, magistrado Pedro Munar, se opuso a esa decisión señalando que el exfuncionario tenía el deber de formular una denuncia respecto del material entregado, pero no lo hizo, y que además el DAS no contaba con funciones de policía judicial para verificar las grabaciones aportadas. No obstante, el procurador Ordóñez desestimó el recurso y el 3 de noviembre de 2012 —tres semanas antes de ser reelegido por el Congreso— confirmó la absolución de Edmundo del Castillo en un fallo de 14 páginas conocido por El Espectador.

Para el jefe del Ministerio Público, si Del Castillo “hubiese puesto inmediatamente en conocimiento de las autoridades la supuesta anomalía sin efectuar una labor previa de verificación, hubiera podido generar un desgaste administrativo innecesario, además de haber podido quedar incurso en el delito de falsa denuncia (...) contra funcionarios de tan alta investidura”. Según Ordóñez, como luego de analizar el material no se hallaron evidencias de la denunciada conspiración por parte de la Corte, el exsecretario jurídico no obró mal “toda vez que llegó a la convicción de que no había nada que denunciar”. Citando jurisprudencia de la propia Corte Suprema y la Corte Constitucional, Ordóñez sostuvo que el deber de denuncia no es mecánico y que debe haber fundamentos para presentarla.

Agregó que los servidores públicos no pueden ir denunciando cosas a la ligera “por cualquier rumor o comentario”, pues todo esto equivale a seguir atiborrando al sistema judicial de hechos que no merecen la consideración de las autoridades. “Cuando no se satisfagan los requisitos para formular una denuncia, como que el servidor público tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible y que la investigación de dicha conducta deba iniciarse de oficio, no surgirá la obligación de formular denuncia”, concluyó el procurador, y sobre esa base absolvió a Del Castillo. Con una aclaración más: el DAS sí tiene funciones de policía judicial y al haber sido informado de la reunión por el exsecretario jurídico debía verificar el material entregado.

El Espectador intentó comunicarse con Del Castillo para conocer su opinión sobre el fallo, pero no fue posible ubicarlo. Sobre los otros participantes de la reunión después trascendería que, según declaraciones de los paramilitares, Juan José Chaux era una ficha de su organización; que Antonio López, alias Job, fue asesinado en Medellín en julio de 2008; que Marta Leal hoy está condenada por la justicia por su participación en el denominado escándalo de las “chuzadas”, y que María del Pilar Hurtado sigue asilada en Panamá evadiendo a las autoridades colombianas. Es el epílogo de una controversia que agrietó como nunca las relaciones entre la Corte y Uribe.