El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, durante su comparecencia ayer ante los medios de comunicación en La Habana. / EFE

También habría avances concretos en temas como la desactivación del negocio del narcotráfico, las salidas jurídicas para la cúpula guerrillera inmersa en delitos de lesa humanidad y la desmovilización para la participación democrática.

Hace algunos días se hablaba de que el proceso de paz que se desarrolla en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc estaba empantanado. Incluso, en un comunicado público, el grupo guerrillero dijo que esperaba que al Gobierno no se le ocurriera “patear la mesa” e hizo un llamado a la ciudadanía “a movilizarse en defensa del proceso de paz, a no permitir que se nos arrebate esa esperanza”. Sin embargo, ayer, pese a esas señales pesimistas, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, anunció que se han logrado avances en el primer punto de la agenda, referido al tema agrario con enfoque territorial.

En efecto, al presentar el balance oficial al término de la sexta ronda de conversaciones en Cuba, De la Calle reveló que las partes han pasado de las aproximaciones a los acuerdos alrededor de un proceso de desar rollo rural profundo, y se refirió a tres puntos concretos: “Se ha avanzado en el diseño de programas e instrumentos de recuperación de tierras en manos de ilegales y de acceso por parte de los campesinos que carecen de ella o que la poseen de manera insuficiente. Se ha abordado la necesidad de actualizar el catastro rural y de crear incentivos para una mejor utilización del suelo. Y todo ello dentro de un esquema integral que permita garantizar a los campesinos sus derechos y obtener los beneficios de bienes públicos de calidad, tales como educación y salud”.

En este sentido, enfatizó que el Gobierno sabe que se está en un momento clave de los diálogos en el que se requieren resultados, “esto es, acuerdos en el tema agrario que nos permitan continuar con la discusión de los otros puntos de la agenda acordada”. Según conoció El Espectador, esos otros puntos tienen que ver con tres temas fundamentales para la negociación: la desactivación del negocio del narcotráfico por parte de las Farc, las salidas jurídicas para los comandantes guerrilleros inmersos en delitos calificados como de lesa humanidad y la desmovilización con miras a la participación democrática. Y aunque no se haya dicho, también hay avances.

Lo cierto es que tanto los voceros del Gobierno como los de la guerrilla son conscientes de que desactivar el narcotráfico implica quitarle oxígeno al conflicto. Por eso, uno de los puntos que contemplaría la redacción del acuerdo es que las Farc se queden en las zonas donde están actualmente y que se comprometan con la erradicación de cultivos, la sustitución y entrega de laboratorios e, incluso, de rutas de salida de las drogas ilícitas. Por eso, se contemplaría la posibilidad de que dichas tierras sean tituladas a nombre de algunos guerrilleros, con el compromiso de que se vuelvan productivas. Inicialmente se ha hablado de zonas en Caquetá, Putumayo, Guaviare y Arauca.

Pero más allá del tema doméstico, se da por descontado que el asunto del narcotráfico no sólo compete a Colombia sino a toda la región y que, eventualmente, haría parte de un acuerdo global sobre producción, distribución y venta de drogas ilícitas, en el que serían partícipes países como México, Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil, todo ello con el aval de Estados Unidos. En otras palabras, lo que se busca es una especie de “acuerdo multilateral” para reducir al mínimo el tráfico de estupefacientes. En las cuentas del Gobierno, las Farc tienen hoy por lo menos el 60% del negocio.

“Si este tema desaparece, desaparece el conflicto y la tensión regional. Seguramente no se va a acabar el narcotráfico, pero la idea sí es reducirlo al máximo y garantizarles a las Farc un sustento permanente, y que haya países vecinos y hasta europeos involucrados. Esto le conviene a todo el mundo. Si no hay chance de legalizar, la única forma es esta”, dijo una fuente cercana al proceso, quien agregó que gobiernos extranjeros conocen de esta situación. Por cierto, otro de los compromisos a los que se llegaría es que los guerrilleros tengan atención social y psicológica, lo cual incluiría, por ejemplo, formación académica, ya que muchos no saben leer ni escribir, así como también formación laboral.

El otro punto en el que ya se habría pasado de las aproximaciones a los acuerdos es sobre el fin del conflicto, que para el Gobierno no es lo mismo que el fin de la guerra, pues en la misma mesa de diálogos de La Habana se ha dicho que no se pueden comprometer a que se acabe la guerra ya que las bacrim sobrevivirán y lo más posible es que un sector de las Farc estaría reacio a firmar la paz, temiendo precisamente que haya extradición o acusaciones internacionales de lesa humanidad, nudo donde está la discusión actualmente. De cualquier manera, ya se ha hablado de que el fiscal general, Eduardo Montealegre, es quien va a tener la salida jurídica para blindar el proceso, y de allí las puntadas que ha dado hasta ahora, cuando se ha referido a que tarde o temprano se tendrá que abrir la puerta a una amnistía.

Lo que se sabe es que un grupo de asesores gubernamentales trabaja en el tema junto con el jefe del ente acusador. Lo que tiene con las manos en la cabeza al Gobierno es cómo evitar que un juez o una corte internacional acepte no emitir acusaciones contra los jefes de las Farc por delitos de lesa humanidad. “El mundo ha cambiado mucho y ya los acuerdos de paz no pasan sólo por indultos y dos curules en el Congreso. Ahora hay que tener en cuenta al mundo y saber que un juez puede acusarlos”, explicó una fuente que pidió la reserva de su nombre.

Sin duda, un tema grueso y polémico del que tanto el Gobierno como la guerrilla saben que genera rechazo en la ciudadanía y en el que se deben tener en cuenta los compromisos internacionales adquiridos en los últimos años por Colombia, como, por ejemplo, el Estatuto de Roma. Sin embargo, según conoció El Espectador, hay una carta que ya se ha puesto sobre la mesa: que sea una amnistía total, es decir, incluyendo a miembros de la Fuerza Pública. Además, los proyectos reglamentarios del Marco Legal para la Paz contemplarían otras salidas jurídicas.

Ahora, en la mesa de La Habana saben también que el asunto de la lesa humanidad —que hoy involucra a la cúpula de las Farc— tiene que pasar necesariamente por otros países, sobre todo por los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, que se ha mantenido al tanto de las negociaciones. A partir de allí se desprende la posibilidad de que la guerrilla pueda participar en política y acceder a corporaciones públicas, especialmente en las zonas donde ejerce influencia.

Los voceros de las Farc miran con buenos ojos a la posibilidad de tener injerencia en las administraciones locales y hasta departamentales, mientras el Gobierno les ha dejado en claro que ello no será a través de decretos o por designación, y que deberán presentarse a elecciones, reto que están dispuestas a aceptar, partiendo de organizaciones de base como el Partido Comunista Clandestino y otros movimientos sociales que les servirían de plataforma.

Lo claro para el Gobierno es que se trata de algo así como una carrera por etapas, y con los acuerdos logrados hasta ahora ya se ganó una de ellas. Ahora se quiere avanzar y, como lo dijo ayer Humberto de la Calle, el objetivo es seguir creando las condiciones para ponerle fin al conflicto, que permitan construir una paz estable y duradera. Eso sí, el Gobierno sigue en su postura de que la Fuerzas Militares y la Policía continúen con sus acciones ofensivas, porque “mantener las operaciones es una muestra de la fortaleza del Estado, no de debilidad. Las agresiones que sufren los colombianos no son producto del diálogo. Este conflicto va a cumplir 50 años. Por el contrario, el diálogo puede ser la forma más rápida de tramitar el fin del conflicto”.