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Tema del dia 26 Jun 2013 - 9:25 pm

Por el caso de Diego Felipe Becerra

'Presidente, le pedimos protección'

El padre del joven grafitero le escribió una carta al presidente Santos solicitando seguridad para todos los que trabajan en el caso de su hijo.

Por: Diana Carolina Durán
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Amigos de Diego Felipe Becerra rinden tributo a su memoria. / Luis Ángel - El Espectador

Hoy, a las 7 de la mañana, los coroneles de la Policía Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez y José Javier Vivas deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Ambos vinieron desde Tegucigalpa y Londres, respectivamente, a ponerle la cara a la justicia, luego de que se enteraran de que iban a ser detenidos en el marco de la investigación por la muerte de Diego Felipe Becerra, más conocido como el joven grafitero. Ayer, mientras eran conducidos a las celdas del búnker de la Fiscalía, los oficiales alcanzaron a señalar que tenían la voluntad de contribuir en el proceso y de ayudar a esclarecer “la verdad”.

La verdad de la Fiscalía, sin embargo, es que estos dos coroneles posiblemente están también involucrados en el encubrimiento de la muerte violenta del joven grafitero, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en el noroccidente de Bogotá. Por eso hoy, a las 7 de la mañana, se les imputarán los cargos de falsedad en documento público, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento de homicidio. En palabras simples, se dirá que ellos también habrían colaborado a alterar la escena del crimen de Becerra, y que por esa razón deben ser investigados, tal como lo están siendo nueve personas más: seis miembros de la Policía —incluido un general—, un abogado, un conductor de bus y su esposa.

Ayer, precisamente, ella fue capturada por el CTI de la Fiscalía en el barrio San Isidro, en el sur de Bogotá. Su nombre es Nubia Mahecha Melo, y a ella también, hoy a las 7 de la mañana, en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía le imputará los delitos de fraude procesal, favorecimiento de homicidio y falsedad en documento público. Su esposo, Jorge Eliércer Narváez, declaró inicialmente que el joven grafitero sí había asaltado su buseta ese 19 de agosto de 2011. El fiscal del caso desvirtuó pronto esa versión, señalando que el día del crimen de Becerra el vehículo tenía pico y placa ambiental y, por ende, no habría podido estar en la calle.

Lo que la familia de Diego Felipe Becerra ha sostenido desde siempre es que el joven fue asesinado por el patrullero Wílmer Alarcón, quien lo encontró pintando grafitis en la Avenida Boyacá con calle 116. “Creíamos que lo peor que podría pasar era que termináramos en un CAI o en la UPJ”, contó en su momento uno de los amigos que estaba con Diego esa noche. Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe, indicó ayer que por “la magnitud que están tomando los eventos” divulgaba una carta que le hizo llegar al presidente Juan Manuel Santos, en la que le pidió seguridad para todas las personas “que están colaborando para conocer la verdad y dejar de lado la impunidad”.

Este ha sido un mes particularmente movido para este controversial caso. El pasado 21 de junio, la Fiscalía llamó a juicio a cinco personas por este caso, tres policías, el abogado Héctor Ruiz Echevarría —defensor del patrullero Alarcón— y el conductor de la buseta, Jorge Narváez. Un día antes, el Congreso de la República puso en congelador el ascenso del general Francisco Patiño -comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando murió Becerra-, quien tiene una indagación preliminar en su contra por estos hechos. Nueve días atrás (el 11 de junio), en pleno debate en el Congreso por el ascenso de Patiño, el fiscal Eduardo Montealegre aseguró que el de Becerra era un “falso positivo urbano”.

En diálogo con este diario, el padre de Diego Felipe, Gustavo Arley Trejos, sostuvo: “Nosotros creemos que faltan dos coroneles por ser vinculados a la investigación, pero creemos que ha sido muy bien llevada. Estamos muy agradecidos con el fiscal general y con la Procuraduría”. Fue el Ministerio Público el primer organismo en emitir una decisión de fondo por la muerte de Diego Felipe Becerra, destituyendo e inhabilitando por 10 años al patrullero Wílmer Alarcón. La Fiscalía intenta comprobar que él y otros uniformados pusieron un arma que no servía en la escena del crimen para justificar porque a Becerra le dispararon.

Los coroneles recién implicados en este expediente, José Javier Vivas y Nelson Arévalo, afirman que ningún acto ilegal han cometido. Es la justicia la llamada a determinar si lo que dicen es cierto, o si, por encubrir un grave episodio, borraron de un tajo una carrera intachable en la que resaltaban las condecoraciones.

dduran@elespectador.com

@dicaduran

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