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Tema del dia 24 Jun 2013 - 10:39 pm

Gobierno anuncia comisión de alto nivel para ir a hablar con campesinos del Catatumbo

Buscando conjurar la crisis en el Catatumbo

Defensoría del Pueblo advierte sobre grave crisis humanitaria. Ministro del Interior exige condiciones de seguridad.

Por: Redacción Política
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En Aguas Claras, una de las zonas de las protestas en el Catatumbo, fueron recibidos los ataúdes con los cuerpos de los dos manifestantes muertos, al parecer por dos disparos del Ejército para prevenir que se tomaran el aeropuerto de Ocaña. / Prensa Movice

Sobre el papel, se habla de la solicitud de creación de una zona de reserva campesina y de buscarle alternativas a la exigencia de erradicación manual de cultivos ilícitos. Sin embargo, detrás de esas peticiones de las organizaciones sociales del Catatumbo, hay un pulso de poder territorial, político y económico, cuyas incidencias ya se sienten en la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, y se pueden extender en cualquier momento a otras regiones del país. Lo que rumoran en el Gobierno es que se conoce de más marchas y protestas que se estarían gestando en otras regiones del país, como en el sur del Tolima, Huila, Caquetá, Antioquia, Cauca e incluso en zonas fronterizas.

De allí las advertencias del presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que no va a permitir en ninguna parte que el orden público sea vulnerado. Y por ello, la reunión de ayer en la Casa de Nariño, en la que además del primer mandatario estuvieron los ministros del Interior, Fernando Carrillo; de Agricultura, Francisco Estupiñán, y de Minas, Federico Renjifo, además del gobernador del Norte de Santander, Édgar Díaz, y mandatarios de nueve municipios. La idea era buscarle salida a una crisis que ya ha dejado dos muertos y numerosos heridos, parálisis en el comercio y desabastecimiento de medicamentos y víveres en municipios.
Tarea difícil, pues como dice Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, es una crisis que pasa por “el abandono histórico que ha tenido el Estado con la región, que lo único que ha recibido es el saqueo de sus recursos naturales y guerra”. Para las comunidades, lo que sucede hoy tiene que ver con la promesa incumplida por el Gobierno, después de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las autodefensas y de desarrollar una estrategia de recuperación institucional del territorio. El vacío del Estado fue llenado por los distintos frentes de las Farc y el Eln, además de las bandas criminales, que hicieron de la zona un corredor estratégico para el tráfico de drogas ilícitas y armas.

Tras el encuentro en la Presidencia, se anunció que una comisión de alto nivel del Gobierno se instalará para dialogar con las comunidades campesinas. Pero está claro que persisten las prevenciones y, según el ministro Carrillo, lo que se espera es que ese diálogo se dé “con interlocutores que sean genuinamente de las comunidades y de las organizaciones campesinas, y sobre materias que comprometan el desarrollo de la región como un todo, una vez sean garantizadas las condiciones de seguridad”. Y algo más, según el funcionario: “Sin vetos de ninguna naturaleza, específicamente para los representantes que designará el Gobierno”. Mientras tanto, el defensor del Pueblo, Armando Otálora, advierte que la situación humanitaria tiende a complicarse: “Los desplazados se han concentrado en Ocaña. Me decían que había unos 1.200 y que un carro con provisiones médicas fue quemado”.

En diálogo con El Espectador, Ómar Alberto Sánchez, obispo de Tibú, uno de los municipios epicentro de las protestas y quien estuvo presente en la reunión, reconoció que el Catatumbo ha tenido un atraso sistemático y ha vivido demasiadas frustraciones en torno a las promesas y perspectivas de desarrollo, por lo que se esperan respuestas prontas del Gobierno. Para él, no se trata de soluciones inmediatas, porque, por ejemplo, en el caso de la zona de reserva que están pidiendo los campesinos, más allá del título, se trata de un proyecto de desarrollo rural que busca dignificar la condición de los habitantes de la región. Y en su contexto, esto requiere de un presupuesto que se habría contemplado en la reunión, cuando se habló de la necesidad de un Conpes que concrete los recursos.

Por lo pronto, la urgencia está en que se instale la mesa para comenzar a hablar de los temas gruesos. Uno de ellos, las alternativas que existirían para acabar con los procesos de erradicación manual de los cultivos de coca, que se vienen adelantando desde hace tres meses, sin ofrecerles planes alternativos —dicen los campesinos—, y que fue una de las causas de la protesta. Por ahora, dice Juan Carlos Quintero, el Gobierno debe tener claro que la interlocución es allá, en la región, con los representantes de los campesinos, y no en Bogotá: “El Gobierno ya conoce bien el mecanismo y se llama Mesa de Interlocución y Acuerdo. Desde hace cuatro días les hicimos llegar un documento muy claro para que tomen decisiones, no frente a una minoría, como andan diciendo. Somos miles de campesinos que estamos reclamando por nuestros derechos”.

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