Los últimos datos del Censo Nacional Agropecuario han puesto en cifras la magnitud de las brechas de género que también existen en el campo. Según la medición, en cerca del 60 % del área rural dispersa del país los hombres toman las decisiones de producción sobre la tierra, que el DANE midió en Unidades Productoras Agropecuarias (UPA). La proporción para las mujeres fue el 24 %. En el 16,5 % de los casos las decisiones se toman entre ambos, lo que quiere decir que, en total, las mujeres deciden sobre el 40,5 % del área rural productiva. Estos resultados pueden tener, por lo menos, dos lecturas.
Por un lado, cuando las mujeres campesinas, solas, son las responsables de su tierra, tienen menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica. Por ejemplo, en el área en la que el poder de decisión es masculino, hay acceso a maquinaria en 22 % de los casos, mientras en las unidades donde la mujer decide, el acceso es de 12 %. Pero también, cuando hombres y mujeres toman juntos las decisiones sobre la producción de su tierra, les va mejor que por aparte. En el caso de la maquinaria, hay un 28,5 % de acceso cuando la responsabilidad de decidir se comparte.
El censo no preguntó por propiedad formal de la tierra, sino por tenencia. Las mujeres responsables de su unidad productiva declararon que la tierra era propia en 73,7 % de los casos, en comparación con 75,1 % de los hombres. Sin embargo, el tamaño de la tierra de ellas es menor. Casi el 74 % de las mujeres tienen menos de cinco hectáreas, en comparación con un 62 % de los hombres. En el rango entre 5 y 100 hectáreas, la participación masculina es en todo caso mayor. Pero en ese mismo rango, sumando todas las tierras de las mujeres, ellas tienen más área: 44,9 % versus 36,9 % de los hombres.
“Hay mayores obstáculos para que las mujeres accedan a la tierra, porque históricamente no se ha pensado que la tierra es de las mujeres, sino de los hombres”, explica Adriana Benjumea, de la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, al referirse a lo que ha ocurrido en procesos de restitución de tierras. “El concepto de ser propietaria, poseedora o explotadora no se ha entendido desde el orden judicial. Efectivamente cuando hay una pareja los obstáculos se disminuyen, porque los operadores judiciales entienden más fácil la propiedad de los hombres que beneficia a su pareja”, agrega.
En ese sentido, también es de resaltar la creciente participación que ellas, según el censo, están teniendo como jefas de hogar. Mientras que en el 2005, 82 % de los hombres era el jefe del hogar, en el censo agropecuario la cifra pasó a ser 72,2 %. Eso podría ser relevante, entre otros factores, por el peso que el concepto de jefe de hogar ha tenido también en las oportunidades de acceder a la tierra.
En 1997, la socióloga Magdalena León y Diana Deere, profesora de la Universidad de Massachusetts, analizaron el papel de la mujer en la reforma rural colombiana. Allí daban cuenta de que, si bien la Ley 135 de 1961 no discrimina en forma directa a la mujer, “en la política solamente una persona por hogar fue designada como beneficiaria y esta designación recayó sobre el hombre jefe del hogar”. Asimismo, se dio prelación a los posibles beneficiarios que “tenían mayor grado de educación y experiencia como agricultores. Estos factores llevaron a favorecer a los hombres jefes de hogar en oposición a las mujeres que tenían la misma posición”. Las investigadoras concluyeron que “uno de los logros más importantes en Colombia es que los derechos sobre la tierra ya no se asignen sólo al jefe de familia”.
De vuelta al censo, en cuanto acceso a crédito, si bien la aprobación discriminada entre hombres (89,6 %), mujeres (90,3 %) y hombres y mujeres juntos (91,5 %) no presenta vastas diferencias, sí resulta más beneficiosa para las parejas. Para Ana Ximena Bautista, abogada e integrante de la Unidad Técnica Legislativa del senador Iván Cepeda, es entendible que los resultados sean así. “En el mundo financiero y de acceso a los productos de la banca es más fácil lograr un crédito si tiene dos personas respaldando. También es más fácil que un hogar salga beneficiado en programas de acceso a tierra que un hombre o una mujer sola, debido al enfoque familista que sigue imperando en la institucionalidad”.
Según Margarita Correa, vicepresidenta ejecutiva de Bancamía, “para desarrollar actividades de pancoger, por ejemplo, (las mujeres) buscan formas de financiación mucho más informales: familia, amigos, prestamistas”. Explica, además, que “en el caso de mujeres cabeza de hogar la poca disponibilidad de tiempo para desplazarse a los centros poblados para obtener información, unida a bajos niveles de escolaridad y la prevención ante lo desconocido, podría generar su autoexclusión del sistema”.
No está de más recordar que el censo ha advertido que en el campo 51,2% de la población es masculina. Sin embargo, una diferencia de población entre hombres y mujeres de casi dos puntos porcentuales pone a pensar si de todas formas las brechas siguen siendo demasiado amplias. Como ha dicho el director del DANE, Mauricio Perfetti, estos resultados llaman a la elaboración de estudios que expliquen las causalidades de los fenómenos representados por las cifras. Por ejemplo, que encuentren una explicación a por qué, con diferencias de analfabetismo entre géneros casi nulas –12 % de hombres y 12 % de mujeres rurales no saben leer ni escribir– y con niveles de escolaridad mayores en el caso de las mujeres, el acceso efectivo a herramientas de desarrollo rural, como la infraestructura o la asistencia técnica, es en todo caso menor para la mujer campesina.
