El arduo camino de la Constituyente de 1991

El 4 de julio de 1991 fue proclamada la Constitución que hoy rige a Colombia. Un breve recorrido a la memoria de ese momento histórico en medio de la crisis creada por los violentos.

Hace 20 años, en ceremonia que se cumplió en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, con la intervención a tres voces de sus copresidentes, Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro, se proclamó la Constitución que hoy rige a Colombia. Durante cinco meses, una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 74 delegatarios, le dio forma al ordenamiento jurídico que dejó atrás la centenaria Carta Política de 1886 y abrió camino a un sistema garantista que fue concebido como un tratado de paz. Un intenso proceso democrático que fue alentado por la sociedad colombiana y que la juventud de la época acogió como una victoria.

Pero no fue un camino fácil. Colombia sufría la arremetida del narcoterrorismo de Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces; el paramilitarismo mostraba los dientes de su barbarie, los grupos guerrilleros ajustaban su máquina de violencia y la clase política pugnaba en medio de la crisis. La idea de renovar la Constitución era un sueño aplazado con frustraciones recientes: una reforma que se tramitó en el Congreso en el gobierno de Alfonso López que tumbó la Corte por vicios de forma y otro acto legislativo que también se cayó en la Corte durante el gobierno Turbay. El avance reformista llegó en 1986 con la elección popular de alcaldes.

En enero de 1988, el entonces presidente Virgilio Barco súbitamente revivió el ideal. El narcotráfico acababa de asesinar al procurador Carlos Mauro Hoyos y, además de la respuesta gubernamental expidiendo el Estatuto para la Defensa de la Democracia, con rígidas normas para enfrentar la amenaza terrorista, el jefe de Estado instó al país a realizar un plebiscito ciudadano para retomar la ruta de la reforma institucional. En ese momento, el artículo 218 de la Carta de 1886 prohibía modificar la Constitución por una vía distinta al Congreso. Virgilio Barco propuso que a través del voto los colombianos derogaran esta prohibición.

Una audaz propuesta con fecha incluida: el mismo día en que los colombianos iban a elegir por primera vez a sus alcaldes, el 13 de marzo de 1988. La apuesta del presidente Barco causó entusiasmo, pero pronto fue capitalizada por los partidos políticos que primero la convirtieron en una comisión de estudios y luego, en febrero, en el llamado Acuerdo de la Casa de Nariño, sonoramente presentado al país. Un pacto que descartó el plebiscito y recobró la senda de tramitar la reforma constitucional a través del Congreso. Pero la encerrona política la aguó el Consejo de Estado, que semanas después tumbó el acuerdo por yerros jurídicos.

El as del plebiscito se hizo triza, la crisis nacional siguió sumando asesinatos selectivos y masacres, pero en julio de 1988, en medio de la conmoción creada por el secuestro y posterior liberación del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado a manos del M-19, el gobierno Barco se la jugó de nuevo y presentó al Congreso una propuesta de reforma que limitaba el repudiado estado de sitio, fortalecía los mecanismos de participación ciudadana y, entre otros organismos, promovía crear la Fiscalía, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. En pocas semanas, los partidos políticos discutían éste y otros proyectos.

Luego vino 1989 y su alud de luto colectivo causado por los violentos. La masacre de 12 funcionarios judiciales en La Rochela (Santander) en enero; el asesinato del dirigente de la Unión Patriótica José Antequera en marzo; el crimen del gobernador de Antioquia Antonio Roldán en junio; el magnicidio de Luis Carlos Galán en agosto; el bombazo contra El Espectador en septiembre, la muerte de 107 inocentes en un avión de Avianca explotado en noviembre o la mano terrorista contra el edificio del DAS en diciembre. Y en medio de la zozobra de los carros bomba, un Congreso dividido frente a la urgencia de enfrentar al narcotráfico.

La evidencia salió a relucir en la agonía de ese año calamitoso. Sólo faltaba un debate en la Cámara para que la reforma constitucional quedara lista. Pero a última hora, un grupo de parlamentarios decidió añadir a la iniciativa la realización de un referendo para que los colombianos decidieran sí o no a la extradición de nacionales. El gobierno Barco reaccionó advirtiendo que la mafia iba a imponer la votación por el no a punta de terrorismo. Pero no fue posible convencer al Congreso. Entonces el 15 de diciembre, el Ejecutivo retiró su apoyo a la reforma. Prefirió frustrar el ideal colectivo a permitir una victoria soterrada de la mafia.

La desesperanza volvió a imponerse. Y fue entonces cuando la juventud asumió su rol renovador y desde las aulas de la Universidad del Rosario, Los Andes o la Javeriana, entre otros centros de educación superior, surgió la fórmula de la Séptima Papeleta. En marzo de 1990 debía realizarse la elección de Senado, Cámara, Asamblea, Alcaldía, Concejo y Consulta Liberal para elegir candidato presidencial. Los estudiantes agregaron un séptimo voto para que  obrara como un plebiscito de opinión a favor de una Asamblea Constituyente. Una idea tan novedosa que pronto se pegaron los políticos. Después derivó en fervor ciudadano.

Nunca se supo cuántos respaldaron la idea en las urnas porque la Registraduría no estaba obligada a escrutar esa votación, que fue la noticia. Tanto que el gobierno Barco, en respaldo a esa espontánea elección, expidió un decreto de estado de sitio para que en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 se contaran formalmente los votos por la Constituyente. La Corte Suprema respaldó el decreto y, por más de cinco millones de votos, la Constituyente volvió a ganar. El turno correspondía ahora al mandatario electo Cesar Gaviria Trujillo, quien rápidamente repitió la fórmula: un decreto de estado de sitio para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente.

Con apretada decisión, en octubre la Corte respaldó el decreto y el 9 de diciembre los colombianos, con abstención electoral del 75%, conformaron la anhelada Constituyente. La Alianza Democrática M-19 se quedó con 19 curules.  El Partido Liberal, aplicando la llamada “Operación Avispa”, alcanzó 24 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional logró 11 curules. Esta votación permitió a Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez compartir la presidencia de la Constituyente. El 5 de febrero de 1991, voceros de los indígenas, de los sindicalistas, de todos los matices ideológicos, emprendieron la tarea de redactar una nueva carta de navegación para Colombia.

Semanas más tarde se sumaron a la  cita los delegados del Ejército Popular de Liberación, que entregó sus armas ante la plenaria de la Asamblea. Después llegaron los voceros del grupo guerrillero Quintín Lame, que también calló sus fusiles. Con el paso de los días fue tomando forma el perfil garantista de la reforma pero también dejó evidenciar la pelea abierta entre el Congreso y la Constituyente porque, desde el primer momento, la Asamblea tuvo claro que iba a revocar el mandato del Poder Legislativo. Terminó haciéndolo. A cambio, el gobierno Gaviria logró que los delegatarios se inhabilitaran para ser inmediatos congresistas.

El otro dilema crítico fue la extradición de nacionales. Aunque el gobierno Gaviria se cansó de insistir en que ese tema no fuera incluido en los debates, a  diez días de instalada la Asamblea ya se había presentado una propuesta para prohibirla. Ni siquiera pesó que en medio de la controversia, el 30 de abril de 1991, fuera asesinado el exministro de Justicia, Enrique Low Murtra. Al margen de los violentos, poco a poco fueron naciendo a la vida jurídica la Fiscalía, la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo. La doble vuelta en la elección presidencial, la tutela y la acción de cumplimiento o la libertad de cultos,  ganaron su espacio.

Aún así, en la trasescena de la crisis, mientras la Asamblea Constituyente moldeaba la Carta Política de 1991, el capo de capos, Pablo Escobar Gaviria concretaba su entrega a la justicia a través del atajo de la política de sometimiento que había diseñado el gobierno Gaviria para garantizar su rendición. El mismo 19 de junio en que Escobar se entregó a la justicia y quedó recluido en la cárcel de La Catedral para seguir delinquiendo, la Constituyente aprobó por primera vez la prohibición de extraditar colombianos. En un ambiente de saludable revolcón quedó el sinsabor de que la mafia también había cobrado su victoria.

Lo demás fue la incesante carrera de aprobar 380 artículos, con un apéndice inesperado para superar el vacío legislativo: la creación de una Comisión multipartidista de 36 integrantes que fue conocida como el “Congresito”, para reemplazar a Senado y Cámara que sólo reasumieron sus funciones hasta el 1° de diciembre. Todo sucedió hace 20 años, y el jueves 4 de julio de 1991, entre manifestaciones de orgullo y de nostalgia por la tarea cumplida, uno a uno, los delegatarios fueron firmando un ejemplar de estilo de la nueva Constitución de Colombia, que emergió como un salvavidas en medio de una larga tormenta de crímenes políticos.