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Tema del dia 17 Jun 2013 - 11:40 pm

Lista la reforma al fuero militar

Nuevas reglas de juego para las FF.AA.

La iniciativa, que sigue dejando dudas entre organizaciones de DD.HH., busca garantizar la independencia de la justicia castrense y brindar apoyo a los miembros de la Fuerza Pública.

Por: Redacción Política
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El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, echa un vistazo a la votación de uno de los artículos del fuero militar, ayer en la Cámara. / Andrés Torres

Aunque la iniciativa que reglamenta la ampliación del fuero militar sigue dejando dudas en términos de derechos humanos, anoche la aplanadora de la Unidad Nacional se impuso en la plenaria de la Cámara de Representantes y con una abrumadora votación de 103 a 6, el Congreso de la República convirtió en una realidad la ley estatutaria que reglamenta la reforma a la justicia penal militar.

Al final dominó el discurso del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien sostuvo que se garantizará la independencia de la justicia castrense y se brindará apoyo a los miembros de la Fuerza Pública para hacer la guerra.

El salón elíptico fue escenario de un polémico debate que se prolongó por más de 8 horas con dos posiciones antagónicas. Según los detractores de la norma, se estaba haciendo una lectura “amañada” del derecho internacional humanitario para blindar a los militares y dejar en un segundo plano a las víctimas.  Mientras para el Gobierno se trata es de brindar estabilidad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública y contar con una verdadera justicia militar que pueda actuar con total autonomía. Al término de la sesión el ministro Pinzón agradeció a los legisladores su incondicional apoyo: “Se ha dado un mensaje de respaldo, de reconocimiento a nuestros soldados y policías. Esta no es una buena noticia para los uniformados, sino para toda Colombia”.

La reglamentación, que contempla 100 artículos, plantea entre otros temas el ámbito de aplicación del fuero y la justicia penal militar, las garantías jurídicas para los militares, la independencia de los tribunales castrenses, la autonomía fiscal y de mando de los jueces, la definición del blanco legítimo y la definición de delitos que no serán objeto de investigación de la justicia castrense, como los delitos de lesa humanidad y el asesinato de jóvenes a manos de miembros de la Fuerza Pública que eran presentados como bajas en combate, más conocidos como falsos positivos.

Aplicación del fuero militar

En el articulado de la reglamentación se establece, en concordancia con el derecho internacional humanitario, el ámbito de participación de la justicia militar y se aclara en qué casos será la justicia ordinaria la encargada de llevar los procesos contra miembros de la Fuerza Pública. También se definen criterios de obligatorio cumplimiento en el escenario del combate, como el respeto a la dignidad humana, la distinción entre combatientes y población civil, la proporcionalidad, la necesidad militar y la seguridad jurídica, siempre y cuando los actos se den en el marco de la aplicación del derecho internacional humanitario.

Estabilidad jurídica

Este es el principal argumento por el cual fue radicada la reforma al fuero penal militar. Argumentan que había incertidumbre entre las tropas frente a las acciones armadas, porque sus miembros están bajo vigilancia constante de la justicia ordinaria y por eso justificaban el deterioro en materia de seguridad y de acciones ofensivas de los militares.

Definiciones

Este es uno de los puntos que más polémica generaron. El articulado señala qué es un grupo armado, ataque, blanco legítimo y objetivo militar. Sobre el tema del blanco legítimo se plantea que son las personas que actúan directamente en el conflicto y los civiles que participan en esas hostilidades, y esa es una de las críticas, pues sostienen que resulta complejo identificar a un actor civil y que se podrían presentar violaciones de los derechos humanos.

En cuanto al objetivo militar, que es el bien que pueda servir para la acción violenta de los grupos ilegales, preocupa porque podría abrirse la puerta para atacar edificaciones civiles por decisión subjetiva de los militares.

Entre la militar y la ordinaria

Para evitar señalamientos de impunidad, quedaron estipulados en la norma los delitos que serán investigados por la justicia ordinaria, como los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

En cuanto a la competencia de la justicia castrense, se plantea que sean las conductas que tengan relación próxima y directa con el servicio. En caso de que exista duda sobre la jurisdicción competente para conocer de un proceso, la decisión se tomará con base en el informe que presente la Comisión Técnica de Coordinación, que estará conformada por tres miembros civiles elegidos por la Fiscalía y tres militares activos o en retiro.

Independencia de justicia castrense

En el artículo 49 quedó planteada la independencia de justicia castrense del mando militar. Además se señala que “los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen parte de la línea de mando, no podrán ejercer funciones en la justicia penal militar o policial”.

En materia presupuestal se crea una unidad especial que es la encargada de administrar la justicia castrense. La nominación de magistrados y fiscales ante el Tribunal Superior Militar y Policial no será hecha por el mando de la Fuerza Pública.

Transición

Una de las preocupaciones era que los casos que están siendo investigados por la justicia ordinaria pasarán, sin una revisión a fondo, a la justicia militar, en especial los llamados falsos positivos. Para eso fue que se definieron los delitos que son del resorte de la justicia ordinaria. De acuerdo con las investigaciones, hay cerca de 1.000 procesos en los que no está clara la jurisdicción, y para definir este tema la Fiscalía General de la Nación nombrará una comisión que dicte la última palabra de acuerdo con lo que plantea la ley.

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