Objeción de conciencia, un asunto embarazoso

Uno de cada diez médicos de Profamilia se ha negado a practicarlo.

En el auditorio Lleras de la Universidad de los Andes, defensores y críticos de la interrupción del embarazo se sentaron a la misma mesa para discutir un tema que no deja de ser espinoso: el choque entre el derecho a la interrupción del embarazo en las circunstancias que dicta la ley y el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos que atienden a las pacientes embarazadas.

Aunque nadie sabe exactamente qué está sucediendo con la puesta en práctica de la sentencia C-355 de 2006, que admitió el aborto en Colombia en caso de violación, malformaciones incompatibles con la vida y amenaza de muerte a la madre, lo cierto es que no son pocos los casos de mujeres que deben vencer varias barreras en el sistema de salud antes de reclamar el nuevo derecho que les otorgó la Corte Constitucional. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha sido testigo de historias de mujeres que van de un lado a otro intentando encontrar la ayuda profesional para interrumpir un embarazo.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela María Robledo, criticó la decisión de algunos hospitales y clínicas que apelan a la “objeción de conciencia institucional” para no atender a este tipo de pacientes. “Se trata de un sinsentido conceptual”, argumentó Robledo, “es como hablar de un triángulo de cuatro lados. La objeción de conciencia es para las personas y no para las instituciones”.

Robledo fue un poco más allá y dijo que “Colombia asiste a una dictadura religiosa”, para luego preguntarle al auditorio si “vamos a permitir un avance en la perspectiva de la Corte Constitucional o desde el Santo Oficio”.

El caso San Ignacio
Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio, vinculado a la Universidad Javeriana, defendió la postura asumida por la institución desde el fallo de la Corte. Explicó que no se trata de una “objeción de conciencia institucional”, como lo han insinuado muchas personas. “Nos han tratado de usar desde los extremos ideológicos de este debate”, apuntó Castellanos.

El médico aclaró que en el Hospital San Ignacio los ginecólogos practican interrupciones del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro, pero que en los otros dos casos, malformaciones del feto y violaciones, tomaron la decisión de remitir directamente a las pacientes a otras instituciones. Planteó que lo importante es que en una ciudad existan hospitales y clínicas que ofrezcan ese servicio y, por lo tanto, no todos estén obligados a hacerlo si los códigos y valores de la institución van por otro camino. “No es una obligación de las instituciones, es una obligación del sistema de salud”, concluyó.

No hay información
El médico ginecólogo y asesor científico de Profamilia, Juan Carlos Vargas, recordó que “ninguna mujer quiere tener un aborto para divertirse” y, en ese orden de ideas, necesitan el apoyo del personal médico en las situaciones que la ley permite.

Vargas presentó los resultados de una encuesta aplicada a profesionales de la salud que laboran en las diferentes sedes de Profamilia y que demuestra que las preocupaciones de los médicos, enfermeras y auxiliares no son las mismas de los defensores de los derechos.

Por ejemplo, los funcionarios muchas veces no saben cómo reclamar su derecho a la objeción de conciencia: si por escrito, de manera verbal, ante el director de la clínica o frente a los pacientes. Uno de cada diez profesionales ha reclamado la objeción de conciencia.

Más interesante aún es que el 46% de los encuestados querrían que existiera un procedimiento claro para actuar en el caso de mujeres con discapacidad mental que necesitan una interrupción del embarazo. Lo mismo sucede en los casos de madres menores de edad.

Para los encuestados tampoco hay claridad, ni jurídica ni médica, a la hora de decidir cuáles malformaciones fetales son incompatibles con la vida.

Vargas se quejó de que cinco años después de emitida la sentencia de la Corte Constitucional el país carezca de datos y registros confiables de los casos de interrupción del embarazo en todo el país.