Objetada ley de baldíos para familias pobres

El Ejecutivo dijo que esta restricción no garantizaba el aprovechamiento de la tierra.

A  las jornadas de reparación a víctimas y restitución de tierras llegan familias campesinas de todas las regiones, en este caso se reunieron en Montería. / AFP
A las jornadas de reparación a víctimas y restitución de tierras llegan familias campesinas de todas las regiones, en este caso se reunieron en Montería. / AFP

Por considerar que limitar la distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país “no garantiza el aprovechamiento de la tierra, pues la inversión que requiere poner a producir un predio exige un capital inicial que las familias pobres no pueden proveer”, el Gobierno objetó la Ley 46 de 2011, que buscaba llenar un vacío de apoyo a aquellas familias desplazadas por razones del conflicto que no han podido ser reparadas o carecen de títulos de propiedad rural.

La Ley 46 de 2011, aprobada el pasado 26 de junio, estaba orientada a facilitar la distribución de baldíos para familias pobres, con el propósito de adelantar proyectos sociales y productivos. En consecuencia, se autorizaba al Incoder la potestad de señalar para cada región las extensiones máximas y mínimas adjudicables de los baldíos productivos en Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y definía en qué casos no podían hacerse tales adjudicaciones.

El pasado lunes, con una carta dirigida al presidente del Congreso, Roy Barreras, el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros de Agricultura y Medio Ambiente, le hicieron saber que, por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, el Ejecutivo no aceptó sancionar el articulado. En primer término por discrepancias en torno a la conservación de zonas de reserva ecológica, pero especialmente por diferencias de criterios frente al tema de las familias pobres.

En concreto, la ley incluyó un parágrafo en el que literalmente quedó escrito: “Los terrenos baldíos objeto de la presente ley serán adjudicados exclusivamente a familias pobres y en condición de extrema vulnerabilidad del país”. Esta disposición fue el motivo de divergencia del Gobierno para negarse a la sanción de la ley. En primera instancia, porque en criterio del Ejecutivo, la enunciación de familias pobres “no corresponde a ninguna definición legal ni a un patrón específico de medición”.

En la objeción presidencial, formalizada esta semana al Congreso, se agrega que es necesario que el Estado cuente con un margen de discreción que permita evaluar las condiciones del predio frente al adjudicatario y que la capacidad del Estado se ve restringida cuando existe una sola opción: las familias pobres. Y añade: “Aunque es loable, no pueden desconocerse otros adjudicatarios que podrían aprovechar la tierra en similares o en mejores condiciones.

El Espectador contactó a la autora del proyecto, la senadora del movimiento Mira, Alexandra Moreno Piraquive, quien calificó lo sucedido como “un descaro sin fundamentos legales”. La congresista precisó: “Es una vergüenza esta objeción, porque la razón de ser de los baldíos es muy distinta al concepto de las tierras comerciales. Parece que al gobierno Santos le incomoda que estas tierras no sean tan productivas, precisamente porque cumplen una función social. No son tierras para infraestructura agroindustrial”.

Según la autora del proyecto, no se puede confundir la adjudicación de la tierra con su posibilidad de aprovechamiento, pues hay tierras que no son para infraestructura sino para seguridad alimentaria. “Es como si dijéramos que a los pobres se les prohíbe tener tierra por ser pobres”, añadió la senadora Moreno Piraquive, quien explicó que el objeto de la ley era reconocer baldíos para las familias pobres, porque la realidad del país muestra a muchas familias desplazadas que no han podido ser reparadas por la ley de tierras.

La senadora Alexandra Moreno puntualizó que los campesinos necesitan créditos y presencia del Estado, y la ley objetada lo que pretendía era protegerlos. Además, manifestó que ella sabía que la objeción venía para darles tiempo a quienes quieren revivir la ley de inversión extranjera, que se hundió en la pasada legislatura, “que permitiría formalizar los baldíos que muchas empresas nacionales y extranjeras tienen en grandes proyectos agroindustriales, iniciativa que se hundió cuando estalló el escándalo de los baldíos de Riopaila”.

 

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