Las pruebas contra Bula

El exfiscal antimafia habría incurrido en irregularidades en la venta de cuatro bienes que le causaron al Estado un detrimento de más de $24 mil millones.

Al exfiscal Camilo Bula lo investigan por irregularidades en la venta de cuatro bienes de la DNE.
Al exfiscal Camilo Bula lo investigan por irregularidades en la venta de cuatro bienes de la DNE.

En más de $24 mil millones tasó la Fiscalía el detrimento para el Estado debido a las maniobras que en calidad de depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) realizó Camilo Bula Galiano. En un documento de 56 páginas que será leído hoy en desarrollo de la audiencia de acusación en su contra, el ente investigador documentó cómo Bula y el exdirector de la DNE Carlos Albornoz avalaron la promoción, venta y realización de avalúos irregulares, al tiempo que registraron negocios por muchísimo menos del valor real con el fin de apropiarse de millonarias ganancias de inmuebles arrebatados a la mafia.

De acuerdo con la Fiscalía, en un edificio en el norte de Bogotá, al que se refiere como el 777, se reunían Albornoz y Bula para repartirse la plata en efectivo de estas transacciones fraudulentas. En síntesis, se establecieron irregularidades en la venta de cuatro inmuebles ubicados en Barranquilla y Santa Marta incautados al clan Nasser Arana, en donde fue nombrado depositario y agente liquidador Camilo Bula, quien durante la administración del fiscal general Mario Iguarán Arana ofició por corto tiempo como jefe de la Unidad Antimafia y como fiscal de la Unidad de Lavado de Activos. Con una curiosa coincidencia: el 13 de junio de 2007, el día que fue nombrado como depositario en la DNE, tomó posesión de su cargo Carlos Albornoz.

Mientras Camilo Bula negocia con la Fiscalía su ventilador en busca de un principio de oportunidad que está muy avanzado y por cuyas delaciones la justicia prepara nuevas imputaciones, las autoridades armaron el rompecabezas de los delitos que protagonizó desde su cargo. Por ejemplo, en la venta de todos los locales comerciales y parqueaderos del centro comercial Villa Country en Barranquilla, con un área de casi 17.500 metros cuadrados. En este caso se demostró que el avalúo comercial no correspondía al área total que finalmente resultó negociada. En números redondos, se dejaron de considerar casi 2.800 metros cuadrados que no fueron tenidos en cuenta y que generaron un detrimento cuando se finiquitó el negocio.

Con estas maniobras la promotora Araújo y Segovia, contratada por Bula para hacer el avalúo, valoró este predio en cerca de $18.360 millones. Si hubieran contabilizado los metros cuadrados que Bula excluyó, a precios de 2009, el avalúo catastral debía estar por el orden de los $22 mil millones. Pero más grave aún, se detectó que en el momento de la venta de Villa Country se mantuvo el valor catastral y no el comercial del bien. El lujoso centro comercial terminó vendido a la firma Inversiones Eilat Limitada, representada por Leo Eisenband Gottlieb, en septiembre del año 2009, por $18.362 millones. No obstante, peritos lo valoraron en $33.180 millones. Por lo cual el detrimento para el Estado fue de más de $14.800 millones.

 Irregularidades similares se dieron en la venta del edificio Centro Ejecutivo II, también localizado en Barranquilla. En este caso se omitieron en el avalúo casi 800 metros cuadrados y se fijó el valor catastral en $7.490 millones. La propiedad fue subastada y vendida a la empresa Inversiones Landazábal Dauger y Compañía por ese valor. No obstante, el CTI de la Fiscalía estableció que el edificio en realidad tenía un costo comercial de $14.950 millones. Por esta razón, las autoridades sostienen que se incurrió en un detrimento patrimonial de casi $7.500 millones. Al parecer, de todo esto estaba enterado Carlos Albornoz.

 La venta de la casa vacacional Bello Horizonte, cuyo terreno era de más de 1.300 metros cuadrados y que estaba ubicada en un estratégico punto del corregimiento de Gaira, en Santa Marta, también presentó cualquier cantidad de inconsistencias. La fórmula fue la misma: el avalúo catastral para el año 2009 se tasó en casi $700 millones y así se vendió a los particulares María Auxiliadora Chalela y Juan José Ordóñez. Sin embargo, peritazgos determinaron que dicho predio en realidad costaba más de $1.700 millones. En este caso además, según la Fiscalía, Bula se apropió de $327 millones.

El último negocio sobre el que se documenta una cadena de delitos fue con el parqueadero barrio El Prado de Barranquilla, de 907 metros cuadrados. A finales de 2008 Camilo Bula le pidió a la Sociedad Colombiana de Avaluadores de la Costa Atlántica que fijara el valor del inmueble. Se fijó un valor comercial por $466 millones. No obstante, en la subasta de este predio se pagaron apenas $367 millones. En realidad el valor comercial era de $1.192 millones. Este avalúo comercial, aparentemente manipulado en favor de terceros —al decir de la Fiscalía—, le costó al Estado pérdidas de más de $725 millones.

Todos los casos parecen calcados, la fórmula usada resultó ser la misma y el perdedor, conocido. Con este arsenal de evidencias la Fiscalía acusará hoy a Camilo Bula Galiano de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y privado y concierto para delinquir. En el escrito de acusación no quedan dudas de que Bula y Carlos Albornoz —también imputado por lo ocurrido en la DNE— “se concertaron” para defraudar al Estado. No se explica cómo ni por qué en todos los avalúos de estos bienes de la mafia las ventas terminaron por favorecer a particulares al subvalorar los inmuebles.

Otras pruebas que también fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, que Bula resultó nombrado como liquidador de 11 sociedades a pesar de que no cumplía con el requisito de estar inscrito en la lista de habilitados de la Superintendencia de Sociedades para ejercer esta función. A Bula se le entregaron sociedades administradas por la firma Promocon. Él mismo, en busca de beneficios procesales, declaró que Promocon, en realidad, era manejada a la sombra por el entonces congresista Javier Cáceres, al punto de asegurar que se le entregaron más de $1.000 millones como consecuencia de estas ventas presuntamente amañadas. En carta a este diario, Cáceres negó tales señalamientos. Hoy, sin embargo, purga una condena por parapolítica en la cárcel de Barranquilla.

“Con el nombramiento como liquidador del señor Bula Galiano”, el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, se mostró “complacido con los rendimientos producto de las ventas en detrimento del patrimonio del Estado”, resaltó la Fiscalía en su acusación. Además, se recuerdan otras denuncias que le adjudicaban cierto poder a Bula desde mucho antes de que fuera nombrado depositario y liquidador en la DNE. Por ejemplo, una funcionaria del Ministerio del Interior aseguró que en el año 2004, cuando Bula se desempeñaba como secretario privado del ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, ya recomendaba nombres de inmobiliarias para que fueran depositarias de la entidad.

Al margen de lo que la Fiscalía tiene en contra del exfiscal Bula Galiano, lo cierto es que hoy por hoy es el único testigo que está contando las intimidades del desangre que conoció en la administración irregular de bienes de la mafia. En más de seis sesiones de varias horas cada una, Bula ha señalado la presunta injerencia de tres congresistas en la DNE, las maniobras de Carlos Albornoz y Ómar Figueroa —también exdirector de esta entidad—, el papel de inmobiliarias y depositarios en el desfalco y, en general, todo el contexto de corrupción del que tuvo noticia o participó. La Fiscalía está evaluando sus confesiones y se prepara para decidir si le otorga el principio de oportunidad.