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Tema del dia 25 Nov 2012 - 9:00 pm

Advierte Juan Camilo Restrepo

'Restitución no se negocia y no va para La Habana'

El ministro de Agricultura explica también los alcances del proyecto que busca regular la inversión extranjera en el campo colombiano.

Por: Natalia Herrera Durán
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Según Restrepo, quienes critican el proceso de restitución de tierras ni siquiera se han leído la ley. / Gabriel Aponte

Mientras el Gobierno y las Farc abordan en La Habana el primer punto de la agenda del proceso de paz, que tiene que ver con el desarrollo agrario, en el país persiste el debate en torno a la manera como se debe regular la llegada de la inversión extranjera al campo.

En diálogo con El Espectador, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica los alcances del proyecto de ley que radicó la semana pasada en el Congreso, que busca —como dice— que no se le cierre la puerta en las narices al capital extranjero para el agro nacional. De paso, les responde a quienes lo critican desde diferentes frentes, siendo enfático en un punto: la Ley de Restitución de Tierras no es negociable ni forma parte de las negociaciones con la guerrilla.

¿En qué consiste el proyecto que regula la inversión extranjera en el agro colombiano?

La iniciativa tiene que ver con el desarrollo de una tesis simple, pero muy importante: la inversión extranjera en tierras se controla, pero no se prohíbe. La inversión extranjera de calidad —que acredite traer tecnología, capital, modernidad— es buena para el desarrollo agrario del país. Y así como puede llegar inversión extranjera a minería, hidrocarburos y comercio, también puede llegar al campo. Claro, debe estar regulada de tal manera que se sepa qué capital trae y qué va a desarrollar. No nos interesan inversionistas que vengan a comprar tierra para dejarlas ociosas y que simplemente busquen valorizarlas. Y también tiene que ser una cantidad de tierras razonable.

¿Y qué limitaciones concretas tendría la inversión extranjera?

El proyecto contempla que se analice caso por caso. Si es seria y razonable, se le dará el registro y si no, se niega.

¿Quién daría ese registro?

Hay un visto previo que lo da el Ministerio de Agricultura. Después pasa al registro para fines cambiarios en el Banco de la República. No se le cierra en las narices la puerta a la inversión extranjera, como algunos quieren. Ahora, el proyecto contempla un punto que tiene que ver con un fallo que profirió la Corte Constitucional, el cual el Gobierno respeta y acata. Dicho fallo dijo que quien haya recibido del antiguo Incora o del Incoder una parcela, que no puede ser mayor que una Unidad Agraria Familiar (UAF), no podrá venderla a alguien que al comprarla esté acumulando más de una UAF. El fallo señala que no puede ni siquiera aportarla en sociedad.

Un fallo que responde al fenómeno de acaparamiento de tierras...

Sí, pero lo que está proponiendo el Gobierno es que si bien no se podrá vender la tierra a alguien que al adquirirla tenga más de una UAF, eso no quiere decir que no se pueda asociar en diferentes formas, las cuales no impliquen la transferencia de la propiedad ni su venta. De esa manera respetamos el fallo de la Corte, pero damos una opción voluntaria de asociarse en procesos de modernización y economía de escala.

Mejor dicho, lo que se busca es que el inversionista extranjero pueda asociarse en la explotación de la tierra...

Él y el capital colombiano. Claro que sólo sí el inversionista extranjero ha pasado los filtros que ya le he mencionado. Otro punto del proyecto es una interpretación por vía de autoridad, que pedimos que haga el Congreso, diciendo que la aplicación de la Ley 160 de 1994 es a partir de su vigencia y no hacia atrás. Lo que se busca es que haya claridad jurídica para las normas de juego de las transacciones sobre los bienes rurales, que hoy en día traen tantas confusiones consigo.

¿Qué dice concretamente la Ley 160 de 1994?

Dice que quien haya recibido del Estado un baldío no puede venderlo a nadie que al comprarlo ya tenga más de una UAF. Del 94 para atrás, hasta el siglo XIX, hubo muchos otorgamientos de baldíos que no obedecieron a fines agrarios. Por ejemplo, el Estado pagó con tierra los servicios que los generales prestaron en las guerras o a los concesionarios que hicieron muchas vías a comienzos del siglo XX. Si la interpretación de la ley la hiciéramos retroactivamente, generaría una inseguridad tremenda en el mercado de tierras en el país.

¿Eso no podría dar cabida para que inversionistas extranjeros terminen comprando baldíos?

No, en la misma ley está dicho que el baldío colombiano nunca se adjudica a un extranjero.

¿Y no se podría beneficiar a los despojadores de tierras que antes del 94 registraron títulos y después de esta ley les fueron revocados?

Todo el acaparamiento de tierras que fue a través de despojo se tramita y se sanciona con la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución, sea que el despojador hubiera sido de las Farc o de los paramilitares. Y ese tema no está sometido a negociación alguna ni aquí ni en La Habana, ni en Oslo. Es una ley que está vigente y se aplica, no se negocia.

Hablemos de ese gran libro público de la inversión extranjera, ¿qué cambiaría a como está ahora?

Toda inversión extranjera, del pasado y del futuro, debe registrarse para que sepamos quién es, en qué está y qué está haciendo.

¿Y hoy no saben esos datos?

No, hoy en día, salvo la información fraccionada que puede haber en todas las notarías del país con el registro de inversión extranjera para efectos cambiarios, no existe ese registro.

Hay preocupación por el acaparamiento de tierras que hacen países como China o Corea, algo que ya ha sucedido en África. ¿Qué medias se tomarán para evitar que se afecte la seguridad alimentaria del pueblo colombiano?

Las cifras indican que Colombia no es un caso como el de África. El año pasado llegaron US$13 mil millones de inversión extranjera directa al país, de los cuales sólo 150 fueron para el agro. Eso no es ni el 2%. En el futuro esto va a poder evitarse precisamente con los estudios y registros previos que mencioné.

La idea es poner un tope, como pasa en Argentina, que sólo deja que los extranjeros lleguen a tener el 15% de la tierra agrícola en el país.
Ese es un tema que seguramente va a ser discutido en el Congreso. Nosotros pensamos que los controles de la calidad de cada proyecto son más eficaces que los que se limitan a unos cálculos. Porque también hay iniciativas que dicen que un extranjero máximo sólo puede comprar dos UAF y eso es decirle que puede comprar dos solares, cuando hay ciertos proyectos que necesitan 10 o 15 mil hectáreas, como puede ser el de una reforestadora.

¿El Gobierno sabe cuántas hectáreas están arrendadas o han sido compradas por extranjeros en el país?

No existe en el país un censo, por eso proponemos que se cree el registro. Incluso para los que ya están instalados. La información es precaria, como precaria es la información de los baldíos.

¿Y no debería hacerse primero un estudio que dé cuenta de la situación real de los inversionistas en el país?

Se están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. A partir de que esta ley se apruebe, se revisará caso por caso, pero simultáneamente todo el que ya tenga inversión extranjera se tiene que inscribir.

El senador Hernán Andrade propuso un proyecto que limitaba sensiblemente el acceso de tierra por parte de extranjeros en el país. Por tiempos ya no prosperará, pero la intención sigue viva en los conservadores, el Polo y hasta el la U. ¿Cómo ve el Gobierno eso?

El proyecto del senador Andrade no tiene el camino jurídico más apropiado.

Está siendo más moderado en sus palabras. Hace poco dijo que el proyecto de Andrade era ‘chapucero?...

Sí, soy más moderado porque después de eso salieron a endilgarme unos epítetos que quiero evitármelos. Pero la tesis de fondo es que la manera de controlar la inversión extranjera no puede ser una reforma constitucional, sino que debe ser una ley. Sería un error histórico restringir la inversión extranjera per se. Iría en contra de la modernización de la agricultura y terminaría afectando al mediano y pequeño agricultor, al cual se le privaría en determinado momento de asociarse, con inversionistas extranjeros o nacionales.

¿Pero es posible compaginar una política que pretenda proteger al campesinado y otra que protege la inversión extranjera? Le van a llover críticas...

Seguramente vendrán críticas de algunos sectores, pero una política no excluye a la otra. Uno no puede adelantar una política de restitución a las víctimas cerrándoles las puertas en las narices a los que quieren invertir sana y honestamente en el campo, sean nacionales, extranjeros o mixtos.

¿Qué les responde a los críticos del proceso de restitución, quienes dicen que no hay avances en siete meses de aplicación de la ley?

Primero, que estudien la ley, porque algunos ni siquiera la votaron en el Congreso. Si la estudian con desprevención, se darán cuenta de que nunca ha habido en la historia del país un esfuerzo y unos avances concretos como los que se están teniendo. El único caso de restitución que había habido fue la Ley 201 del año 59 de Alberto Lleras, que no tuvo aplicación. Esta ley, en escasos siete meses, ya ha recolectado 27 mil solicitudes de restitución por más de dos millones de hectáreas. Se han creado las instituciones necesarias y hay más de 650 demandas ante los jueces agrarios. Aspiramos llegar a las 2.000 demandas al terminar el año. Vale la pena recordarles a los críticos que cuando pasaron 20 o 30 años sin que aquí hubiera restitución de tierras no dijeron nada. Este proceso no se puede ejecutar arbitrariamente, eso no es que entre una solicitud por una ventanilla y por la otra salga el título. Hay que ir al predio e informarse, antes de ir al juez agrario, quien tiene cuatro meses para fallar.

¿El paro judicial ha afectado este proceso?

Implicó el represamiento de unos 150 procesos, pero eso no le quita que esta sea una política única, que les ha quitado las banderas agrarias a quienes creían que era patrimonio exclusivo de ellos.

¿Se refiere a las Farc?

Sí, porque la ley dice que se le restituye al campesino sin importar quién haya sido el despojador. Y según testimonios de los propios reclamantes, más de un tercio de los despojos corrieron por cuenta de las Farc. Por eso digo que la ley se cumple, no se negocia y no va para La Habana.

¿Qué es exactamente la ‘restitución exprés’? ¿No implica un riesgo al no tener los estudios que se tienen cuando hay de por medio jueces agrarios?

La restitución exprés lo que hace es reconocer que hay muchos eventos en donde la recuperación de tierras, la titulación o la formalización pueden hacerse sin necesidad de llegar hasta el juez. Para abreviar esos procesos se viene trabajando en una serie de programas donde, no habiendo opositor, se puede tomar una decisión así. Supongamos, por ejemplo, que el Incoder dio una tierra a quien no correspondía, violando la ley. Para revocar esa resolución y hacer que vuelva al banco de tierras reservadas para adjudicaciones agrarias bien hechas, no se necesita ir hasta donde un juez. Sólo en Antioquia hay 1.500 expedientes de esos en revisión.

Por cierto, ¿qué dimensión tiene el fenómeno que vienen estudiando y dateando sobre despojo del que también ha sido víctima el Estado?

Hace año y medio, cuando empezó a tramitarse el tema de la restitución de tierras, se tenía como foco principal ayudarle al campesino, a quien los grupos armados ilegales despojaron. Pero con el correr de los últimos meses ha surgido otro foco de atención, que se ha venido documentando, y que tiene que ver con el despojo del que ha sido víctima el Estado, no por la violencia sino por el engaño, en rutas jurídicas torcidas. Estamos en el trabajo de recuperar no menos de un millón de hectáreas de tierras indebidamente acaparadas para hacer con ellas política agraria.

Además de Antioquia ¿en qué otras regiones del país se ha detectado ese fenómeno?

El caso de Antioquia es uno entre muchos. Este problema también está en el Llano y en todas partes. Por ejemplo, entre Mapiripán y Carimagua, el llamado Cuchillo y sus testaferros resultaron dueños de 30 mil hectáreas. Eso se está revocando. Y esa tierra volverá al acervo de tierras públicas para utilizarlas en poblamientos campesinos. Está también lo que se está haciendo en el Magdalena Medio o casos como el del Fondo Ganadero de Córdoba. Por todas partes están apareciendo baldíos que particulares le quitaron a la Nación.

¿Cómo ve que el primer punto en la mesa de negociación con la guerrilla en La Habana sea el tema agrario?

Lo veo con moderado optimismo, esperando entender en qué están las Farc: si van a seguir con un discurso meramente retórico, rimbombante, del estilo que públicamente hizo en Oslo Iván Márquez, o si ya cuando estén en la mesa de negociación —cuando los reflectores y las cámaras queden por fuera— tienen una aproximación más pragmática. Si es esto último, deberían haber puntos donde pudiéramos llegar a acuerdos, cumpliendo con el propósito de haber intentado la paz sin ceder institucionalidad. El Gobierno llega con su agenda y esperemos que todo salga bien.

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