Zonas grises del fuero militar

La reglamentación del fuero militar permitiría actuar con mayor contundencia contra la guerrilla y las bacrim, pero hay críticas por la posibilidad de impunidad.

Los procesos que se adelantan por los denominados falsos positivos son una de las principales preocupaciones de los críticos de la iniciativa. / Archivo
Los procesos que se adelantan por los denominados falsos positivos son una de las principales preocupaciones de los críticos de la iniciativa. / Archivo

Una de las más importantes iniciativas que se tramitarán en el Congreso en el período legislativo que inicia es la reglamentación de la reforma al fuero militar, radicada en el Senado y cuyo discusión será prioritaria. El principal argumento del Gobierno es que se trata de un marco legal que dará claridad y tranquilidad a los miembros de la Fuerza Pública para combatir con contundencia a los grupos ilegales, incluidas, de acuerdo con el articulado, las bandas criminales. Sin embargo, hay quienes aseguran que la iniciativa podría abrir la puerta a la impunidad en casos de delitos cometidos por militares.

La principal preocupación tiene que ver con los asesinatos de jóvenes a manos de miembros de la Fuerza Pública y su posterior presentación como bajas en combate, crímenes conocidos como “falsos positivos”. Y precisamente el artículo 47 de la ley estatutaria que reglamenta el fuero militar, en el que se señala el procedimiento para definir si los hechos investigados serán responsabilidad de la justicia ordinaria o la militar, produce malestar entre los críticos de la iniciativa.

Señala el proyecto de ley que “en caso de que exista duda sobre la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, y el informe de la Comisión Técnica de Coordinación no haya resuelto esa duda, la competencia continuará radicada en la autoridad judicial que primero haya asumido su investigación”.

El problema, según denunció el representante a la Cámara Iván Cepeda, es que ya hay conocimiento claro de que algunos de los casos de falsos positivos están siendo investigados por la justicia militar y, de acuerdo con el articulado, los procesados seguirán en los tribunales castrenses.

El mismo artículo señala que “la simple ausencia de información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de una conducta no configura, por sí sola, una duda sobre la jurisdicción competente. Existe una duda respecto de la competencia cuando, de conformidad con las reglas aplicables, no es posible afirmar que los hechos descritos en el informe de la Comisión Técnica de Coordinación tienen relación con el servicio”.

Palabras más palabras menos, los casos de posibles irregularidades que podrían ser investigados por la justicia ordinaria quedarían congelados hasta que la Comisión tome una decisión al respecto, es decir, de acuerdo con la iniciativa, por un período de 20 a 60 días, lo que de entrada dilataría los procesos de juzgamiento.

También se ha criticado la valoración “subjetiva” de los hechos que son objeto de investigación. Por ejemplo, en el artículo 14, que plantea la aplicación del derecho internacional humanitario en el contexto de hostilidades —lo que remitiría las investigaciones a la justicia militar—, se justifica la acción en casos en los que “el miembro de la Fuerza Pública tenía la convicción de que el sujeto pasivo era un blanco legítimo”. La norma, sin embargo, no hace claridad en cómo o quién define si esa convicción es real.

Los críticos piden también claridad sobre los apartes que eximen de responsabilidad a los miembros de la Fuerza Pública, como señala el artículo 38, que plantea que los daños colaterales de una operación militar u orden de servicio policial no tendrán responsabilidad judicial cuando se haya cumplido con “el deber de verificación y principios de distinción, proporcionalidad y precaución”. Para quienes cuestionan el fuero, los encargados de definir que se cumplan estos parámetros son los tribunales y no unos mecanismos planteados al interior de la Fuerza Pública.

Sin llegar a señalar que la reglamentación de la reforma al fuero penal militar es un una iniciativa legislativa que busca abiertamente la impunidad en el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública, quienes han estudiado el proyecto de ley reclaman claridad en el articulado para que las preocupaciones manifestadas por el representante de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, sobre la posibilidad de que la justicia no opere de forma efectiva, no se conviertan en una realidad.

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