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La incertidumbre sobre el futuro del páramo de Santurbán continúa ahora que el Ministerio de Ambiente ha decidido entregar, por partes, los detalles de la delimitación de Santurbán y colgó en su página web un mapa de la nueva área protegida, el cual ya se está prestando para confusiones entre mineros, alcaldes y ambientalistas.
Aunque la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, había dicho que esta semana el país conocería la línea final del páramo, el pasado lunes, durante el encuentro en Bucaramanga entre su comitiva y las autoridades locales, sus declaraciones dejaron muchas preguntas en el aire.
Primero, durante el encuentro Sarmiento no les socializó los mapas prometidos que serán claves para que los alcaldes de los municipios tomen decisiones y las compañías que pretenden extraer oro en la zona sepan qué hacer frente a futuras inversiones. Luego se refirió sólo al área de páramo que se declararía en Santander (44.000 hectáreas), pero no aclaró qué ocurrirá con la parte de Santurbán que se extiende hasta Norte de Santander, que según información de la Corporación Autónoma Regional de ese departamento puede ser más de la mitad del importante ecosistema (ver gráfico).
Más adelante, la ministra aclaró que el Gobierno respetará los títulos de explotación minera que ya se hayan concedido dentro de la nueva área delimitada y adelantó que la compañía Eco Oro (Grey Star) tendrá que renunciar a su proyecto Angostura (el más ambicioso de la empresa) pues había quedado dentro de la nueva delimitación.
Frente a este punto, Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), cree que la ministra no tiene autoridad para permitir operaciones mineras a gran escala en ninguna parte del páramo de Santurbán, “así ya cuenten con licencia ambiental. Los títulos mineros no son derechos adquiridos. Cualquier decisión en ese sentido sería abiertamente ilegal”, dice.
Respecto al proceso de delimitación, Lozano dice que “aún no es claro si el ministerio tomó en cuenta los criterios técnicos provistos por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Y si lo hizo, no se sabe públicamente de qué manera”.
El lunes, cuando los periodistas locales le pidieron a Sarmiento que presentara la nueva cartografía, ella aseguró que esta semana la colgarían en la página web del ministerio.
Pero el miércoles, al conocerse el mapa de los nuevos límites de Santurbán en Santander, las preguntas reaparecieron. El documento, donde se puede ver que el páramo abarcará zonas de los municipios de California y Vetas (mineros), y de Tona, Charta y Suratá (agrícolas), no incluye coordenadas exactas, lo que, dicen las empresas mineras, no les permite saber qué tan afectados se verán sus proyectos.
“Con ese mapa no es posible determinar nada. En realidad, es muy difícil con esa imagen determinar coordenadas del páramo. Vemos una línea gruesa que no sabemos cuánto mide y que distorsiona la información. Seguimos esperando que el Ministerio de Ambiente nos entregue un acto administrativo para tomar decisiones” dijo el gerente de Eco Oro, Hernán Linares.
A pesar de las declaraciones de la ministra sobre el proyecto Angostura, Linares afirma que “hasta que los límites no sean oficialmente divulgados, cualquier opinión acerca de los impactos sobre el desarrollo del proyecto será especulativa”.
Por otro lado, Francisco González, alcalde de Tona, Santander, aseguró que el mapa socializado por el Minambiente ya tiene preocupados a los habitantes de su municipio que en unos años no podrían cultivar en cerca de 18.000 hectáreas que quedaron dentro del páramo. “Las consecuencias son realmente catastróficas para nosotros. Se sacrificó el agro y se afectó a 5.000 habitantes del corregimiento de Berlín”, le dijo el mandatario al diario Portafolio.
Los alcaldes que han escuchado la propuesta del Ministerio de Ambiente de hacer una transición durante tres años de sus actividades productivas hacia el pago de servicios ambientales, piden mayor claridad sobre este proyecto. Por su parte, algunos representantes de los gremios mineros y agrícolas anunciaron que demandarán la resolución que emita el Gobierno con los nuevos límites, al considerar que viola los derechos fundamentales al trabajo y a una vida digna.