Chávez, Cuba y unas revelaciones

Foto: Reuters

Juntos han llevado a cabo múltiples proyectos. Convaleciente como está por un cáncer de próstata que asegura desapareció, Hugo Chávez puede contar siempre con la visita de Fidel Castro mientras médicos cubanos lo atienden. El programa ‘Barrio Adentro’ representa, desde 2003, consultas médicas, oftalmológicas y odontológicas de profesionales cubanos para los más pobres de Venezuela. Desde 2000, la isla adquiere petróleo venezolano a precios preferenciales. La relación de los presidentes de Venezuela y Cuba parece ser entrañable. Pero, ¿acaso ha sido así siempre?

Un cable de la Embajada estadounidense en República Dominicana, fechado el 9 de septiembre de 2005, indica que la magia cubano-venezolana hubiera podido disiparse en cierto momento. En un avión, viajando de Caracas a Santo Domingo, el ministro venezolano Miguel Mejía les habría asegurado a otros funcionarios que Chávez buscaba tomar distancia de Castro, al notar que éste intentaba apropiarse de la ‘revolución bolivariana’. Según habría asegurado Mejía, la relación entre los mandatarios estaba en problemas.

Mejía en ese momento participaba en las negociaciones de las que surgió Petrocaribe, un proyecto petrolero que benefició a República Dominicana. En el mismo cable quedó en evidencia que el delegado dominicano, Javier García, describió cómo las negociaciones de Petrocaribe habían estado permeadas por los intereses de Castro, quien supuestamente presionó a Chávez para que éste condicionara el proyecto a la creación de una compañía mixta, en vez de una empresa exclusivamente dominicana. Al rechazar la propuesta, dice el cable, Castro no ocultó su molestia ante el mandatario dominicano, Leonel Fernández.

Del presunto alejamiento que Chávez quiso promover no se supo más. Sin embargo, otros cables de la Embajada norteamericana en Venezuela escudriñan eventos que, al contrario, dan cuenta de lo intrincada que es la relación entre Venezuela y Cuba. En un documento confidencial, emitido por el entonces embajador William Brownfield el 25 de febrero de 2005, se analiza el recién firmado Acuerdo de Asistencia Judicial Mutua, que permite investigaciones judiciales por acciones que son consideradas ilegales en sólo uno de los dos países (los tratados de extradición, por principio, suelen funcionar con base en acciones consideradas delitos por ambos países). “El tratamiento liberal de crímenes políticos abre la puerta para investigar a disidentes cubanos en Venezuela”, anotó Brownfield.

El embajador calificó de “liberal” el acuerdo porque, en comparación con tratados pactados con países como México o Estados Unidos, las libertades de los agentes cubanos en Venezuela resultaban excesivas. Entre ellas, por ejemplo, la de transferir detenidos por “motivos indefinidos”. Con México y Estados Unidos, Venezuela exige que los delitos investigados sean reconocidos como tales en ambos países, que el traslado de detenidos para rendir testimonio sea aprobado por el afectado en cuestión y no contemplan la posibilidad de que agentes extranjeros operen en un tercer país, como sí se estipula en el pacto con Cuba. El acuerdo entró en efecto el 22 de diciembre de 2004.

Por último, cables de la Embajada norteamericana dejan ver que la presencia cubana está tan arraigada en Venezuela, que incluso su participación en Mercal resulta indispensable para el gobierno venezolano. Mercal es la cadena de mercados subsidiados por el Estado con el fin de que personas de menos recursos puedan acceder a los productos de la canasta básica familiar. Según un cable fechado el 23 de febrero de 2005, escrito por el consejero económico Richard Sanders, expertos cubanos asesoran el manejo de las tiendas. “La participación de los cubanos en Mercal es intensa”. Sanders, además, explica cómo Mercal es una de las estrategias políticas de Chávez para evitar disturbios de las clases bajas. Mercal existe, por supuesto, gracias a las regalías del petróleo y genera más de 50 mil empleos.

‘La Iglesia por fin se agita’

Un cable de William Brownfield, con fecha del 25 de julio de 2006, expone la que con seguridad sigue siendo una urgencia para el gobierno estadounidense: “Necesitamos aliados en Venezuela”, le comunicó el alto funcionario a Washington. En ese momento, notificó Brownfield, el mejor aliado posible acababa de surgir, rompiendo su largo y tradicional silencio: la Iglesia católica. Público es ya que el arzobispo Baltasar Porras habría acudido a los estadounidenses para pedir críticas más duras contra Chávez. Este cable de Brownfield no sólo deja en evidencia que Washington necesitaba aliados, sino indica que la Iglesia era el mejor camino para llegar a las comunidades pobres, que no son otra cosa que el bastión electoral de Chávez Frías.

Brownfield explicó por qué la Iglesia era la aliada ideal: “Los partidos opositores son desordenados, los empresarios se sienten intimidados, las ONG están nerviosas y los medios de comunicación andan con cuidado”. En 2005, de Venezuela fue retirado por el Vaticano el nuncio papal André Dupoy, un francés cuyas críticas abiertas del gobierno Chávez motivaron su salida del país. Para esa época, varios representantes católicos fueron atacados: cuando el arzobispo Porras denunció que Chávez había traspasado los límites de la democracia, seguidores del mandatario reportaron que él se había robado fondos de la iglesia. Cuando el excardenal Rosalio Castillo reprochó los tintes autoritarios de Chávez, el propio jefe de Estado respondió que Castillo era un “demonio” que debía ir al infierno.

Bajo presión

Dos sectores han estado constantemente en la mira del gobierno venezolano: las ONG y el aparato judicial. De las primeras, un cable emitido en febrero de 2004 por Brownfield relata minuciosamente el caso de Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos ocurridos entre febrero y marzo de 1989) y la suerte que corren en el vecino país los defensores de derechos humanos. “Recientemente, el gobierno ha tomado varias medidas para intimidar”. Liliana Ortega, directora de Cofavic, le contó a la Embajada estadounidense que temía que la campaña de la Fiscalía —un fiscal la acusó de robar dinero a las víctimas y de hacer declaraciones tendenciosas— pudiera significar un ataque o un proceso judicial.

La administración Chávez, señalaba el cable, sentía particular desprecio por las organizaciones que recurren al sistema interamericano, como Cofavic. Ortega sigue al frente de la entidad.

Ante funcionarios de EE.UU. también se han quejado miembros de la Rama Judicial. Otro cable de febrero de 2004 expone el caso de jueces como Beatriz Pérez, quien estaba siendo presionada para unirse a la orilla chavista. “Me siento como a punto de entrar a una mafia de la que no podría salir”, le dijo Pérez a un funcionario de la Embajada. Mónica Fernández, colega y amiga de Pérez, fue despedida en medio de lo que ella calificó de “absurdo jurídico”. Fernández fue quien ordenó la detención temporal del ministro Ramón Rodríguez Chacín durante el golpe a Chávez, en abril de 2002. De nada valió que ordenara su libertad al siguiente día, pues le abrieron una investigación penal. Fernández es hoy la directora del grupo civil Foro Penal Venezolano.