De visita en La Macarena

En febrero de 2010, la Embajada estadounidense inspeccionó la supuesta fosa común más grande del mundo.

En febrero de 2009 estalló una gran controversia debido al hallazgo de una fosa común en La Macarena en la que, según reportaron algunos medios internacionales, estaban enterrados los cuerpos de por lo menos 2 mil personas que habrían sido desaparecidas y asesinadas por miembros del Ejército y que serían ‘falsos positivos’ de esa institución.

El gobierno aseguró que la fosa era en realidad un cementerio con más de 20 años de antigüedad y que los cadáveres que allí se encontraban no tenían nada que ver con el escándalo de ejecuciones extrajudiciales y estaban plenamente identificados. Miembros de la oposición, como la entonces senadora Piedad Córdoba, mencionaron que este descubrimiento era prueba fehaciente de la crisis humanitaria que se vivía en los Llanos Orientales.

Este rifirrafe interesó a la Embajada de los Estados Unidos, que meses después de las denuncias empezó a evaluar el tema y el 2 de febrero de 2010 visitó la región de La Macarena con el ánimo de informarse acerca de la veracidad de las denuncias de la oposición. Dos días después la Embajada envió un cable diplomático a Washington en el que resumió lo que encontró tras su visita a esa zona del país, que por mucho tiempo fue fortín de la guerrilla de las Farc.

El cable diplomático menciona que los miembros de la Embajada estadounidense que visitaron La Macarena estuvieron acompañados del general Jorge Rodríguez, jefe de Derechos Humanos del Ejército. Él fue el primero en decirles que la versión de los medios internacionales y varios políticos de la oposición de que la fosa estaba repleta de cadáveres no identificados no era cierta. Rodríguez aseguró que sí había N.N. enterrados allí pero, que eran una minoría en comparación con los cuerpos sí identificados, que serían alrededor de 700, todos ellos de habitantes de esa población del Meta.

Rodríguez también se refirió a la existencia de una base militar cerca de la fosa y dijo que ésta había sido instalada en 2004, tiempo después de que se construyera el cementerio.

Durante su visita a esta región del país, los representantes de la Embajada estadounidense se entrevistaron con Humberto Hernández, la persona a cargo de la mencionada fosa, quien para ese momento llevaba nueve años trabajando con el Instituto de Medicina Legal y había enterrado la mayoría de los cuerpos que se encontraban en el cementerio.

Él fue tajante en rechazar aquellas afirmaciones que aseguraban que en el cementerio estaban enterrados los cuerpos de varios ‘falsos positivos’, secuestrados y asesinados por miembros del Ejército. Hernández aseguró que los cuerpos que allí se encontraban eran, en realidad, de guerrilleros dados de baja en combate. Como prueba de ello, afirmó que los hoyos en la ropa de los muertos coincidían con las heridas que presentaban sus cuerpos, es decir, que a las víctimas no se les había vestido después de ser asesinadas.

Asimismo, dijo que las prendas que vestían las víctimas eran muy parecidas a las que usaban los guerrilleros de las Farc y refirió que la ropa interior de algunos de los cadáveres tenían bordado el alias de su dueño.

Confirmó a los diplomáticos que antes que una gigantesca fosa común, como la que denunciaron varios miembros de los partidos de oposición al gobierno de Álvaro Uribe, lo que había era varias fosas individuales, la mayoría de ellas plenamente identificadas. Esta versión fue corroborada meses después por el director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González.

Los miembros de la Embajada estadounidense se reunieron también con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el general Javier Flórez, quien les mencionó que en el cementerio había alrededor de 344 N.N. y que se venía desarrollando un proceso de identificación que había permitido que se les pusiera nombres a, por lo menos, 60 de esos cuerpos.

Otra de las personas que hablaron con los diplomáticos fue el miembro de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Javier Hernández, quien mencionó que los médicos y el cura de La Macarena recibían, por lo menos, cinco N.N. cada semana y que no era descabellado pensar que la mayoría de esos cuerpos serían de guerrilleros de las Farc, debido a que ese grupo armado ilegal prohíbe que sus miembros porten cualquier documento de identidad.

La conclusión a la que llegó la Embajada fue que en La Macarena, al igual que en otras tantas regiones del país, las Farc y las Fuerzas Militares se enfrentaron a muerte y que, por ello, no sería descabellado pensar que la mayoría de los cuerpos hallados en la cuestionada fosa común serían de guerrilleros dados de baja en combate. Y que, asimismo, no había prueba alguna que corroborara las denuncias hechas por algunos medios internacionales y varios políticos opositores.

La controversia alrededor de esta fosa común duró varios meses y las discusiones al respecto estuvieron al rojo vivo.

No faltó quienes mencionaran que esta era la fosa común más grande del mundo. Por el lado del gobierno hubo varios funcionarios que aseguraron que las denuncias hechas por la oposición eran un montaje contra el gobierno de Álvaro Uribe. Fue el caso del entonces ministro de Defensa Gabriel Silva Luján, que al ver unas fotografías del mencionado cementerio aseguró que las mismas eran, en realidad, imágenes de la guerra en Yugoslavia y que eso mostraba la mala fe detrás de los señalamientos.

Años después la región de La Macarena vivió la ‘Operación Sodoma’, que dio como resultado la muerte del comandante guerrillero Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. Para esa época el polvorín que levantó la controversia alrededor de la que algunos se atrevieron a llamar la fosa común más grande del mundo ya se había disipado.

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