Disertaciones de Justicia y Paz

Después de que la Corte Constitucional hiciera ajustes a la ley, el exembajador Wood le dijo al exsecretario de Presidencia Mauricio González que no reviviera el artículo 71, cuya caída sigue teniendo en el limbo jurídico a 19 mil desmovilizados.

El 13 de julio de 2006, una vez el Congreso aprobó la Ley 975 de 2005 que tuvo como propósito otorgar beneficios judiciales a integrantes  de las autodefensas que entraran en un proceso de desmovilización, la Corte Constitucional, aunque avaló el articulado, tumbó muchas de sus normas, entre ellas el artículo 71, que había dado a los ‘paras’ la condición de sediciosos. El Gobierno, entonces, se puso en la tarea de redactar un nuevo borrador de la ley que resolviera muchas de las regulaciones establecidas por la Corte, un proceso del que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá tuvo conocimiento y hasta entró a tener la palabra.

Es así como en dos cables enviados de la Embajada americana a su central en Washington quedan retratadas tres reuniones del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood, con el exsecretario de Presidencia Mauricio González, el excomisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y la exembajadora de Estados Unidos en Colombia, Carolina Barco, que tenían como propósito ayudar a los funcionarios a resolver la redacción de puntos claves de la Ley de Justicia y Paz que fueron corregidos por la Corte. En los cables, sobre todo, se nota el interés del mandatario americano de precisar que, bajo ningún punto, debía impedirse la extradición de los desmovilizados.

El primer informe, fechado el 10 de agosto de 2006, empieza con la intervención de Wood. Éste le manifiesta a González que las regulaciones implementadas por la Corte Constitucional eran ambiguas y el Gobierno colombiano no debía ir más allá de lo estrictamente dictaminado por el alto tribunal. Wood también le dijo a González que Estados Unidos apoyaba la pérdida de beneficios de Justicia y Paz para cualquier individuo que fallara en revelar los crímenes que hubiera cometido y dijo que si sólo se pedía a los ‘paras’ que revelaran crímenes específicos, éstos estarían motivados a ocultar sus implicaciones en ofensas serias.

Asimismo, el embajador William B. Wood le dijo al exsecretario de Presidencia que no estaba de acuerdo con que los ‘paras’ fueran transferidos a una “colonia agrícola” después de cumplir la tercera parte de su condena. Entonces recalcó que no se podía tener en cuenta el tiempo que los líderes de las autodefensas habían permanecido en Santa Fe de Ralito o en la finca La Ceja, ya que, de tal forma, éstos cumplirían una pena mínima o nula en un centro de reclusión real.

En cuestiones de reparación de víctimas, el embajador dijo que el gobierno americano pensaba que los desmovilizados debían renunciar a sus bienes lícitos e ilícitos, entregando sus bienes lícitos en el momento en que hubiera un desfalco entre el valor que se debía entregar a las víctimas y el valor de las propiedades ilegales. Esta advertencia la hizo porque sabía, como se lo advirtió González, que el borrador del Gobierno no exigía a los desmovilizados la entrega de sus propiedades legales.

Seguidamente, Wood inquirió a González sobre cómo iba a interpretar el artículo 71, que otorgaba a los ‘paras’ la condición de sediciosos y con ello les daba un estatus de delincuentes políticos. Y, aunque en el informe no se da cuenta sobre una respuesta de González, señala que el embajador le dejó claro que si el Gobierno colombiano revivía aquel artículo, los líderes paramilitares no podrían ser extraditados. En este momento el exsecretario refutó a Wood manifestando que si Simón Trinidad había sido extraditado por narcotráfico, asimismo podrían ser extraditados los miembros de las Auc.

En el segundo cable, fechado el 14 de agosto de 2006, aunque el embajador trata los mismos temas con el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y la embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco, recae en una pequeña diferencia. Wood les aconseja a los funcionarios que no hagan referencias en el borrador sobre el problema de dónde deberían servirse las sentencias alternativas de los desmovilizados y que omitieran lo que representaba uno de los puntos más cruciales dentro del proceso de desmovilización.

Cinco años después del cable, la caída del artículo 71, el responsable de que hoy estén en el limbo jurídico 19.000 desmovilizados, sigue siendo el talón de Aquiles de la Ley 975. No en vano, el pasado viernes, El Espectador conoció un decreto reglamentario por medio del cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está buscando resolver la situación de los desmovilizados que aún no han podido saldar sus cuentas con la justicia. Sólo el tiempo dirá si el nuevo gobierno puede llenar los vacíos que dejó sobre las víctimas y los victimarios la discutida Ley de Justicia y Paz.

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