"La Oficina pide a las autoridades que coordinen sus esfuerzos para esclarecer y poner fin a la práctica y a un patrón de aparentes ejecuciones extrajudiciales, tomando medidas urgentes para prevenir, investigar, castigar y dar publicidad a los autores intelectuales y materiales de estos actos", dice un comunicado de las Naciones Unidas.

La declaración denuncia "la desaparición y muerte de gente joven de otras ciudades a las que, según varios relatos, se les prometió trabajo en otros departamentos y un par de días después se informó de sus muertes en combates con el ejército". Dice que desde febrero han muerto al menos 35 personas en esas circunstancias.

La Fiscalía ha iniciado investigaciones de la aparición de numerosos cadáveres de personas de Bogotá en Ocaña. Algunos medios de prensa dijeron, sin ofrecer pruebas, que las personas podrían haber sido ejecutadas por fuerzas de seguridad, que luego las hacen pasar por guerrilleros o narcotraficantes.

"Si se comprobase que los responsables fuesen miembros de la Fuerza Pública, ya sea directamente o mediante la tolerancia, el consentimiento, la complicidad o el apoyo de este tipo de acciones, se trataría de graves violaciones a los derechos humanos", manifestó la Oficina.